"Es tan ambigua y tan mal hecha que está en contra de básicamente todo, incluso del sentido común", dijo el periodista Marco Sifuentes en entrevista brindada a Punto Edu (Semanario de la PUCP).

Sifuentes afirmó que la ley que impulsa el congresista Alberto Beingolea refleja una "ignorancia profunda" sobre el tema del Internet. Para el periodista, el proyecto de Ley de delitos informáticos en Perú "va mucho más allá" que la Ley SOPA.

A continuación, la entrevista completa a Marco Sifuentes:

¿Por qué habría que oponerse a la aprobación de la “Ley Beingolea”?

Porque atenta contra libertades esenciales que existen en Internet. Ningún país ha ido tan lejos, me parece que hay una ignorancia profunda sobre el tema y que han metido la pata. La justificación siempre ha sido que hay que luchar contra los delitos informáticos, el fraude bancario y la pornografía infantil (lo cual está bien), pero todos esos ya son delitos en el mundo real. ¿Para qué crear una ley específica?

Que estaría criminalizando algunas actitudes o prácticas propias de Internet…

El año pasado Google y Facebook –y todos los usuarios de Internet- protestaron contra la ley SOPA. La llamada Ley Beingolea va mucho más allá de eso; es tan ambigua y está tan mal hecha que está en contra de básicamente todo, incluso del sentido común. No puedes penalizar en Internet lo que no estás penalizando en el mundo real. Si tú compras una película pirata en la esquina, nadie te puede meter preso. Pero con esta ley, si te la bajas por Internet sí podrían hacerlo. No hay que ser abogado para entender que una ley que –previo chuponeo- te podría mandar a la cárcel porque te bajaste el Microsoft Word pirata está saliéndose de toda proporción, no tiene sentido.

¿Qué intereses habría detrás de su aprobación?

Para mí habría un doble interés: Por un lado, del Partido Popular Cristiano (PPC) que están muy escaldados por los “potoaudios” y por otra parte pareciera haber un interés de la banca, que busca proteger las transacciones bancarias, lo cual no está mal, pero creo que la situación se les ha salido de control. No creo que sea una conspiración, sino que simplemente no saben lo que hacen.

El artículo 23 de este proyecto de ley señala que la información relacionada con la identidad del titular de un teléfono móvil, los números de registro del cliente, la línea y del equipo, el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet (IP) no se encuentran dentro del alcance del secreto de las comunicaciones. ¿Qué implicancias puede tener esto?

Incluso la versión anterior de esta ley era más “fachista” porque no se necesitaba que un juez lo autorice, solamente se pedía y listo. El levantamiento del secreto de las comunicaciones telefónicas ya está regulado y se puede utilizar para determinados casos muy específicos. Debería pasar lo mismo con los números IP, pero si empiezas a usarlo para todos los delitos informáticos que se contemplan en esta ley, estás ampliando el rango. El secreto de las telecomunicaciones también existe en Internet y la gente tiene derecho a hacer comentarios anónimos o de visitar páginas sin que nadie lo sepa, es parte de la privacidad. Esta ley acabaría con esto.

¿Existen otros intentos de regulación semejantes en Sudamérica?

Hay iniciativas semejantes (SOPA, ALCA, TPPA), existe una tendencia a hiperregular Internet -que ya está suficientemente regulado-, sobre todo en cuanto a derechos de autor. He estado hablando con gente de organizaciones internacionales de afuera y están muy sorprendidos porque nunca han visto algo así, al menos en el hemisferio occidental. Cosas así podrían haber esperado de Irán, China, o por último de Cuba o Venezuela, es insólita esta ley. Esto es grave y lo más triste es que los congresistas no parecen enterarse, no saben de qué se está hablando.

Además, los delitos informáticos forman parte del Código Penal desde más de una década…

Internet no es nada nuevo ni es el futuro, es el presente. Si robas, calumnias o vendes pornografía infantil por Internet, está mal y es tan punible como hacerlo en el mundo real, son delitos en el mundo offline y online. “Todo nos asusta, y por eso lo criminalizamos”: esa parece ser la actitud de la ley. Pero ya ha pasado mucho tiempo, hay un cuerpo legal bastante amplio en otros países, un montón de tratados que ha firmado el gobierno, existe una División de Delitos Informáticos de la Policía. Todas estas guías y pautas no se han tomado en cuenta. No estamos en 1995 para empezar a hacer esto de la nada.

¿Desde la sociedad civil, qué se podría hacer?

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Red Científica Peruana (RCP), entre otros, han firmado una carta abierta dirigida a los congresistas. Hay una plataforma que la ONG Access Now ha montado para que uno le pueda escribir a su congresista sobre el tema. La tercera parte de los congresistas tiene Twitter, se puede usar para conocer si saben del tema y si van a votar a favor o en contra.

La Ley Beingolea junta tres proyectos previos procedentes de tres bancadas distintas, lo que indicaría que su aprobación podría darse muy pronto…

Esta ley está lista para aprobarse y las consecuencias podrían ser muy feas. El martes 21, el congresista Beingolea hizo una conferencia con un par de criminalistas para hablar de temas digitales. Si llega a aprobarse, espero que la gente de este nuevo gabinete la tenga más clara y pueda advertir a Humala para que la observe antes de que la firme.