Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos. Lamentablemente, el Perú es uno de los países afectados por esta problemática: se calcula que hay más de 15 mil desaparecidos producto de la violencia interna que ocurrió en nuestro país entre los años 1980 y 2000. ¿Cómo ha respondido el Estado ante este drama?

Imagine que un día su menor hijo sale a la universidad pero nunca más regresa. Usted pregunta sobre su paradero pero sólo le dicen que un grupo de personas lo detuvieron y se lo llevaron. Recuerda con nítido detalle su vestimenta, sus palabras al despedirse, su sonrisa habitual. Se lo cuenta a todos quienes lo conocieron tratando de obtener su ubicación pero nada. Han pasado varios años desde aquella vez. La angustia sigue intacta. La pregunta es la misma: ¿Dónde está?

Aunque parezca un argumento sacado de una ficción, esta es la realidad de millones de personas en el mundo y de miles de peruanos que hasta la fecha no pueden dar con el paradero de sus seres queridos. Hoy que se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos debemos reflexionar acerca de las tareas pendientes del Estado peruano en torno a este tema.

Si bien existen iniciativas encaminadas a resolver el drama de los familiares de las víctimas, no son suficientes. Entre el año 2003 y julio del 2012 se han recuperado 1,602 cuerpos, se han identificado 845 y se han entregado a sus familiares apenas 731.

¿Por qué no se ha podido avanzar más en este aspecto? Para Rafael Barrantes, antropólogo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las trabas en este asunto es que el proceso de búsqueda está enfocado desde un punto de vista judicial, es decir, a través de procedimientos legales ante el Ministerio Público que, en muchos casos, dificulta la ubicación de las víctimas.

"Si tú tienes un familiar desaparecido y quieres buscarlo, tienes que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, hay muchas personas que no quieren enfrascarse en un procedimiento judicial. Hay testigos, que tienen información sobre dónde están los sitios de entierro y quiénes deben estar enterrados ahí, que no quieren que los llamen a una audiencia ante un juez. Esto ocasiona que el Ministerio Público deje de recoger información valiosa para dar con el paradero de los desaparecidos", señala.

Actualmente organismos no gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), el Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses (CENIA) y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) han logrado recoger importantes datos sobre esta problemática. Información tan clave como la ubicación de nuevos sitios de entierro hasta fichas con las características de las personas antes de que desaparecieran.

Esto ha sido posible gracias a que los familiares y testigos han preferido declarar a estas organizaciones antes que a un fiscal debido al compromiso judicial que este último caso supone. "Las ONG's no pueden obligarte a testificar ante una sala, pero si esa información se la das a un juez él sí puede hacerlo", explica el antropólogo.

Mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recomendó en su informe que se creara una Comisión de Búsqueda Nacional de Personas Desaparecidas, con conformación multisectorial, con la finalidad de recoger información para ayudar al Ministerio Público en su labor de búsqueda. Sin embargo, esta aún no se ha creado. Barrantes coincide en que una de las alternativas para mejorar este proceso por parte del Estado es el de implementar alguna vía alternativa a la judicial.

"La alternativa es crear una política de Estado destinada a dar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas. Esto no significa que esta política, especialmente diseñada para el tema, vaya a trabajar a espaldas del Ministerio Público porque nadie más que este tiene derecho a recoger las evidencias físicas u ordenar que se abra una fosa. Sin embargo, toda la investigación previa no necesariamente la tiene que hacer. Es ahí donde se podría avanzar".

Otro de los aspectos importantes en este caso son las consecuencias que este drama tiene en la sociedad civil. Muchas de las personas que no encuentran a sus seres queridos tienen problemas de salud mental y emocional que les impide, en algunos casos, ser emprendedores o hacer su vida de forma natural. Por ello es muy importante las políticas que desde el gobierno se destinen a solucionar este problema.

Finalmente, cabe preguntarnos: ¿cómo poner en la agenda pública este drama? Para el antropólogo Barrantes uno de los factores que ayudaría es reconociendo que la problemática de los desaparecidos no es exclusivamente judicial. Es decir, que no se trata necesariamente de meter preso a alguien. En su opinión, reduciendo esta problemática a la controversia de un proceso judicial "necesariamente se va a politizar" y por lo tanto habrá personas que estén a favor y en contra.

Datos:

El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo la misión de averiguar sobre los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú y sobre las responsabilidades de quienes cometieron crímenes como de quienes los ordenaron o los permitieron.

La CVR estimó que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno sería de 69 mil 280 personas. Además, documentó la existencia de más de 2 mil sitios de entierros clandestinos.

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