La narcoburguesía intenta controlar el Estado

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Publicado: 2012-10-03

Artículo escrito por Ricardo Marapi, CEPES para La Revista Agraria

Los augurios de la tradicional hojita verde de la coca no han sido positivos para el gobierno de Ollanta Humala en este año, 2012. En las últimas semanas, dos noticias han cuestionado la política de lucha contra el narcotráfico. Primero, el gobierno de EE.UU. —a través de un informe de la Oficina para la Política Antidrogas de la Casa Blanca— confirmó que el Perú exhibe ser no solo el primer productor de hoja de coca, sino también el principal productor de cocaína en el mundo, con 325 toneladas anuales (en tanto que Bolivia y Colombia producen 265 y 195 toneladas, respectivamente).

Mientras las autoridades peruanas aún no terminaban de reponerse de la noticia —que cuestiona su política de interdicción—, el valle del Monzón, histórico e importante valle cocalero de la región Huánuco, se tiñó de sangre con la muerte de dos agricultores, producto del enfrentamiento con un destacamento policial y militar que apoyaba un sorpresivo operativo de erradicación de hoja de coca del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah). El gobierno, ¿tiene una idea concreta sobre cómo manejar el complejo problema de la comercialización de la hoja de coca en el país?

Replanteando el rol de Enaco

El sociólogo Francisco Durand(1) —autor de diversos estudios sobre políticas de desarrollo alternativo y el problema del narcotráfico— opina que una urgente medida gubernamental es replantear el actual papel de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), entidad estatal que tiene el monopolio de la comercialización de la hoja de coca para uso tradicional. «Enaco demuestra que, para el Estado peruano, la hoja de coca no es una droga, pues ha creado una institución pública que la compra y les otorga un documento a los vendedores que les indica que su actividad es legal. Pero no la controla. Su capacidad burocrática es mínima y no tiene el control del mercado. Es un actor insignificante», opina el experto.

Por esta razón, en los últimos años ha surgido un comercio informal de hoja de coca para consumo tradicional, que actúa de manera paralela a las actividades de Enaco. Durand explica que «el precio de la hoja de coca es muy alto —incluso la de uso tradicional—, lo cual facilita la existencia de un comercio informal. Debido a que existe la obligación de venderle solamente a Enaco, muchos comerciantes le sacan la vuelta vendiendo por lo bajo. Estamos en una trampa», advierte el sociólogo.

Para Durand, lo ideal sería legalizar las drogas y eliminar a Enaco. Sin embargo, esta es una decisión muy compleja y de largo plazo; por ello, un primer paso sería aprobar el ingreso de actores privados al sistema de comercialización de la hoja de coca de uso tradicional. «Más o menos representa un 15% o 20% del mercado, y no tiene que ver con el narcotráfico. En lugar de que haya un monopolio estatal ineficiente, burocrático, mal administrado y con poco criterio de mercado, lo que se debe hacer es dejar que los actuales vendedores de hoja de coca tomen el mercado y que ellos respondan ante la Sunat, es decir, ante el Estado. Entonces, ya no sería Enaco, sino la Sunat, la que sinceraría esta parte del mercado», plantea el especialista.

Un impacto de esta primera medida para ordenar el sistema sería que los vendedores informales y los campesinos, que realmente están produciendo hoja de coca para uso tradicional, entren en el marco de la ley. «Se acabaría esta ambigüedad y este temor a la persecución y sanciones, con el cual siempre viven. El ingreso de estos agentes privados ayudaría a que el mercado de la hoja de coca sea menos enredado. Tendríamos una diferencia entre comercio formal y comercio totalmente ilegal», pronostica Durand.

El Perú, ¿camino a un narco-Estado?

El sociólogo ha realizado recientemente un estudio sobre la «captura del Estado» por parte de ciertos poderes económicos que imperan en el país(2). ¿Esto también podría aplicarse al narcotráfico? ¿El Perú habrá sido capturado por esta mafia? «El concepto de captura del Estado es muy complejo. Lo he utilizado, fundamentalmente, en función de los grandes poderes económicos que son las corporaciones extranjeras y los grupos de poder nacional. El narcotráfico es una parte del poder económico, pero no tiene, obviamente, el poder del sector financiero, del minero, etc.», explica Durand.

Sin embargo, una evidencia de que un poder económico ha capturado el Estado es la captura de la rama estatal que se supone debe vigilar o sancionar a dicho poder. «En el caso de la narcoburguesía —los fabricantes de cocaína y los que manejan la producción de pasta—, ellos intentan controlar las ramas del Estado que tienen que ver con su mercado, y esa básicamente es la Policía Nacional, penetrándola mediante dos mecanismos: las balas de plata y las balas de plomo. La primera es la corrupción, que es el mecanismo que se usa más. La otra arma, las balas de plomo, intimida a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Dirección Antidrogas y a la Dirección de Migraciones, porque son las instituciones que les permiten manejar sus negocios sin problemas y, es obvio, en todas las rutas del narcotráfico. Lamentablemente, hace tiempo que existe corrupción y, por eso, la situación no cambia. Tú puedes cambiar de políticas y estrategias, pero si no has liberado al Estado, no pasa nada», asevera el especialista.

La influencia del narcotráfico

Una situación paradójica es que a pesar del incremento de los operativos de erradicación de hoja de coca y de la interdicción del narcotráfico, la producción de esta hoja y de cocaína parece haber aumentado en el Perú. «El Estado peruano está bajo una presión de actuar contra el narcotráfico porque tiene convenios con EE.UU., y tiene que hacer operativos de vez en cuando. Algunos son bien intencionados y otros, simplemente, decorativos. Pero estos operativos no funcionan porque están mal diseñados. Tampoco funcionan porque al frente tienes a un rival mucho más fuerte y con muchos recursos. Entonces, es difícil derrotarlo. El Estado es lento y burocrático, mientras que el narcotráfico es rápido», analiza Durand.

Otra influencia del narcotráfico en el Perú se evidencia en la economía peruana. «En la actualidad, dicha influencia está un poco escondida, porque tenemos al mismo tiempo varios booms o auges económicos, como el minero. Pero en la economía regional es muy clara, porque la dinamiza. Uno ve más restaurantes, más casas, más gastos y dinamismo económico. A nivel nacional, la economía está vinculada a tres tipos de actividades: el sistema financiero, que recibe gran parte del dinero negro; el sector construcción, porque es una forma de blanqueo; y las actividades económicas que ayudan a la exportación de la cocaína, principalmente —pero no la única—, la pesquería. La mayor salida de la cocaína ya no se da por vía aérea, sino por vía marítima. Sale por puertos», revela el experto.

En su primer año en el poder, el gobierno de Humala ha estado enfrascado en resolver sobre todo los conflictos socioambientales y otros problemas políticos coyunturales, y no ha dado prioridad a la lucha contra el narcotráfico. Tampoco ha expresado políticas concretas y novedosas sobre el desarrollo alternativo y el futuro de la tradicional hoja de coca.

Un primer paso necesario es conocer el estado actual del mercado de la hoja de coca, sea legal, informal o dirigida al narcotráfico. A partir de este primer paso se debe debatir la necesidad de eliminar o no el monopolio estatal de Enaco y permitir el ingreso de otros agentes al comercio de la hoja de coca para uso tradicional; y, luego, analizar de manera exhaustiva el supuesto éxito de los programas de desarrollo alternativo —tema para un futuro artículo de LRA—. La lucha contra el narcotráfico debe hacerse no solo con operativos policiales de erradicación, sino también, y fundamentalmente, con políticas económicas que den alternativas a miles de agricultores que en la actualidad se dedican a este polémico pero histórico cultivo.

Notas

1 Sociólogo. Ph.D. en la Universidad de California, Berkeley. Profesor principal de ciencia política de la Universidad de Texas, en San Antonio, y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

2 «El debate sobre la captura del Estado peruano». Perú hoy. La gran continuidad. Lima: Desco, 2012.