Una nota publicada por el diario La República, pone sobre el tapete los desafíos que tendrá que afrontar la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Citan como primer escollo al transporte. Según mencionan, la reforma del transporte se propone atacar tres indicadores claves: reducir el número de accidentes en las pistas, la congestión del tránsito en la ciudad y reducir a la mitad el tiempo que pasan los limeños viajando a diario, (actualmente los limeños realizan 5 millones de viajes).

Pese a ello, Villarán afronta su octava protesta desde que tomó la decisión de modernizar el transporte. El gremio de transportes liderado por Julio Rau Rau, opone resistencia a  la reforma y es quien más dolores de cabeza le ha generado a la lidereza de Fuerza Social.  El dirigente acepta que se debe reducir el número de rutas y que es necesario sustituir las unidades obsoletas, pero se resiste a cambiar la forma cómo se administran las empresas y a la transparencia en la entrega de rutas. Quiere que éstas se adjudiquen a las mismas empresas que las operan actualmente y que se dilaten los plazos para la renovación de sus unidades.

El traslado de La Parada a Santa Anita viene a ser otro de los temas pendientes. Lo que debió significar un avance en materia de orden ciudadano,  terminó siendo una cruenta disputa entre los trabajadores de La Parada y el Municipio de Lima.

Margarita Valladolid, vocera de los comerciantes mayoristas, argumenta por qué su rebeldía frente al mandato que ordena el traslado: (a) los puestos que les ofrecen tienen muy poco espacio para almacenar los alimentos que comercializan habitualmente; (b) los alquileres son solo por periodos de 3 a 4 años –cuando la gestión anterior les ofreció contratos de arrendamiento por 30 años–; (c) el costo de los alquileres es muy alto para ellos, pese a que ya fue rebajado de 4.600 soles a 2.600 soles; (d) no hay suficientes puesto para todos los mayoristas; y (e) tampoco se ha contemplado la labor de los estibadores que cargan las compras de los minoristas(...) Para lograr el traslado, la municipalidad no apuesta por un desalojo que seguro traerá violencia. Confía en el apoyo del gobierno y espera que la Policía haga valer la prohibición al ingreso de camiones. La idea es dinamizar paulatinamente el comercio en Santa Anita, donde ya hay 350 comerciantes. “La Parada cerrará de a pocos. Una vida no vale todo el traslado”, dice Giesecke, presidente de Emmsa.

Pero si acaso el traslado de comerciantes supone un duro obstáculo, Villarán también tiene que hacerle frente a sus intenciones de elaborar un plan de desarrollo concertado de Lima.

“Cada ciudad tiene una marca distintiva, en Lima no hay nada renovador, tal vez la ciudad en el sentido de dimensión social empieza a prefigurarse como aporte interesante, pero todavía es un desafío”, dice. En Bogotá, explica, el peso de la actividad cultural es su referente, lo que moviliza su Centro Histórico. En Lima los referentes son los centros comerciales. Mientras no se cuente con ese plan, advierte Ludeña, las obras que se realicen en Lima y en el Centro Histórico, serán solo para seguir administrando la ciudad.

Y estos planes, sin embargo, tropiezan con las intenciones de un grueso número de opositores que han intentado revocarla hasta en dos ocasiones.

Susana Villarán conduce su gestión en medio de una hostilidad política que no le da tregua, desde el primer día en que asumió funciones. El primer año de gobierno, Solidaridad Nacional (SN), el partido del ex alcalde Luis Castañeda, mantuvo viva, aunque sin éxito, la amenaza de una vacancia. Y desde el segundo año, Villarán enfrenta un pedido de revocatoria impulsado por Marco Tulio Gutiérrez, también vinculado a SN.

Las cifras para Villarán también representan un dolor de cabeza. El apoyo ciudadano respecto a sus decisiones de reformar el transporte, se ve reflejada en el 67,4 % de limeños que respalda la reforma del transporte y el otro 55% de encuestados por Apoyo en setiembre, apoya el traslado a Santa Anita.

A pesar de las reformas que impulsa la alcaldesa, el apoyo de la población apenas raspa el 30%, en las encuestas. Imasen le dio en setiembre el 29%, Apoyo 26% y GFK 22%.