El Estado peruano enfrenta una serie de demandas por parte de empresas privadas que pretenden indemnizaciones que juntas sobrepasan los US$4 mil millones y que han sido interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Renco Group, Doe Run Perú S.R.L. demanda al Estado peruano por el supuesto incumplimiento de las protecciones del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos en afectación del contrato de privatización del complejo metalúrgico de La Oroya. Solicita US$800 millones por daños. Se calcula que la demanda podría extenderse hasta cuatro años llegando el Estado peruano a pagar entre US$1 a 2 millones al año para pagar a los buffets de abogados, es decir en los cuatro años del proceso un costo aproximado de US$8 millones.

Este es el primer caso por el cual el Estado ha sido llevado a un arbitraje internacional amparado en el TLC con ese país, específicamente en el capítulo de inversiones. “Cuando el Perú firmó el TLC con Estados Unidos se sometió a un capítulo de inversiones, y este incluye superderechos a favor de los inversionistas extranjeros, con normas que no son las que usualmente los inversionistas tienen en las legislaciones locales. Los privilegios y derechos les permiten ser indemnizados si reciben algún trato que ellos dicen que no es 'justo' o 'equitativo'. Se basan en términos legales que no tienen sentido", señaló Melinda Saint Louis, directora de Campañas Internacionales de Public Citizen, quien conversó con Alberto Ñiquen, editor de lamula.pe, en el programa Economía para Mulas.

La especialista resalta la ironía de la demanda de Doe Run, que exige una indemnización que será pagada por las mismas personas que han sido contaminadas por tantos años por la empresa minera. (Cabe indicar que la estadounidense ha sido demandada por daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica en La Oroya.)

En su opinión, el Perú (y todos los países que han suscrito acuerdos comerciales con Estados Unidos) debería redefinir sus mecanismos de protección en los siguientes acuerdos bilaterales que firme en el futuro. Añade que en los últimos años las empresas extranjeras se basan en las reglas de los TLC u otros acuerdos internacionales para llevar a los estados a los tribunales del arbitraje internacional.

La próxima semana continuarán las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que incluye a Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Brunei Darussalam, Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú, Vietnam, Canadá y México, y ante ello Saint Louis subraya que el Perú tiene una oportunidad para negociar en otras condiciones. "El Perú puede decidir no someterse al mecanismo inversionista-Estado, que es el sistema donde las empresas pueden demandar al Estado ante tribunales extraterritoriales, y estas empresas tienen privilegios que están por encima de las empresas nacionales y hasta de los propios ciudadanos”, dice.

A continuación la entrevista completa.