Uruguay realizó 200 abortos en el primer mes de aplicación de la Ley que habilita su práctica hasta la semana 12 de gestación, sin que se haya detectado "ningún problema grave" en su desarrollo, informaron las autoridades sanitarias.

Según el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Lionel Briozzo, estos abortos se realizaron fundamentalmente en Montevideo, donde vive aproximadamente la mitad de la población del país y en centros privados de salud.

"No se reportaron ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves, sí respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, pero hay que ir afinándolo con el desarrollo de la implementación", dijo el funcionario.

Briozzo consideró que los primeros resultados han sido "interesantes" y destacó que cerca del 20 % de las mujeres que solicitaron información para abortar en el Hospital Pereira Rossell, la mayor maternidad del país, decidieron seguir con el embarazo, lo que a su juicio "ratifica que se trata de una ley pro derechos y no pro aborto", indicó.

El subsecretario calificó la nueva ley como "una verdadera ley de promoción de la paternidad y maternidad responsable", y que solo abre la puerta al aborto tras el asesoramiento de un equipo multidisciplinario para que las mujeres puedan evaluar "de forma consciente, responsable y libre respecto a la interrupción".

"Estamos convencidos -porque la evidencia internacional así lo indica- de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva tienen como objetivos: mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna y disminuir el número de abortos", explicó.

Briozzo también explicó que tan solo un 30 % de los ginecólogos del país presentaron su objeción de conciencia por escrito, después de que en las últimas semanas varios médicos, entre ellos todos los ginecólogos del departamento de Salto, limítrofe con Argentina, se negaran a realizar abortos.

Pese a que la legislación permite la objeción de conciencia a los médicos en este tema, medidas de este tipo llevaron al Gobierno a pedir por escrito a los facultativos los motivos de su decisión.

La ley del aborto uruguaya no legaliza el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Así, las mujeres pueden abortar en cualquier centro público o privado siempre que sea antes de la semana 12 de gestación, y tras pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que las asesoran sobre todas sus opciones, incluso sobre culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

A pesar de que hasta ahora estuvo penado por la ley, en el país cada año se realizan más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales

Antecedente penal

El Código Penal castigaba con tres a nueve meses de prisión a las mujeres que abortaban, aunque en la práctica existía tolerancia para que no vayan a la cárcel. Las cifras del Instituto Técnico Forense señalan que entre 1989 y 1997 fueron procesadas 82 mujeres que abortaron de un total de 124 procesamientos. Desde 1998 a 2008 hubo 126 procesamientos pero no se detalla cuántas son las mujeres que abortaron. El juez Luis Charles contó al diario el país que en 2008 procesó y condenó a una mujer que abortó, sin prisión: "Tenemos sentido común. Pero si existe el delito, hay que aplicarlo".

Con información de Efe y El País de Uruguay