En un informe publicado por La República, nueve regidores de la Municipalidad Provincial de Tarapoto denunciaron que fueron vacados de sus cargos en el 2012 con la intervención del hoy promotor de la revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán, Marco Tulio Gutiérrez.

Los regidores, conocidos en Tarapoto como los G9, se oponían a la gestión del alcalde Walter Grundel, aún cuando siete de ellos pertenecían a su partido, Alianza por el Progreso. Enrique Guzmán, uno de los regidores, indica que su oposición se debía principalmente a los graves indicios de corrupción en la gestión del alcalde.

Por ello, fueron víctimas de dos procesos, primero una revocatoria que prosperó y que, al decir del mismo Gutiérrez, fue orquestada por el alcalde Grundel; y en segundo lugar, de un proceso de vacancia en su contra en la que el Jurado Nacional de Elecciones sentenció a favor a pesar de existir cuestionamientos legales sobre la aplicación de esta medida en el caso de los regidores.

La fuerte oposición que sostuvieron contra la gestión del alcalde tarapotino tuvo como respuesta una campaña mediática de desprestigio encabezada por el gerente general del municipio, Ricardo Zelaya Moreno. A raíz de ello, los exregidores promovieron el cese del gerente por aber cometido "acto doloso y falta grave" de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Con el retiro de Zelaya, los regidores sienten que empezó el proceso en contra suya.

Los regidores denunciaron que fue en ese momento que entró a tallar la figura de Marco Tulio Gutiérrez, contratado por el alcalde como asesor externo con unos honorarios entre 3,100 y 3,200 soles mensuales. Denunciaron que la compra de los kits para la revocatoria se inició justo cuando Gutiérrez estuvo en Tarapoto. Lo que es difuso son los términos en los que estuvo contratado el hoy revocador y qué funciones cumplía como asesor, ya que según el informe de La República, sus informes que presentó Gutiérrez no son claros y sus contratos no aparecen en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace).

Al respecto, Marco Tulio Gutiérrez desmintió su participación en la organización de la revocatoria, pero reconoció que sí fue asesor de Walter Grundel. Sobre sus informes, indicó que estos recibieron la conformidad del alcalde y el gerente municipal. "Yo puedo ser un pendejerete, pero si me dan la conformidad del servicio, la culpa no es mía", indicó.

El revocador indicó que la acusación se debe a que los regidores nunca entendieron su trabajo y resaltó que para él este proceso de revocatoria era absurdo y que el proceso de vacancia no debió proceder contra los regidores.

Fuente: La República