Canadá y Perú: Inversión y conflictos
Zaraí Toledo Orozco
A propósito del actual conflicto en Lambayeque desencadenado por la oposición de la comunidad de Cañaris a las operaciones de la minera canadiense Candente Copper, conviene hacer un repaso de la presencia de Canadá en el Perú en la actualidad. Esta ya tenía una importante participación en el sector minero desde fines del siglo pasado; sin embargo, se incrementó considerablemente a raíz del alza de precios de los minerales. Este panorama coincide, además, con la política exterior del presente gobierno conservador del país del norte que ha decidido reforzar sus relaciones con América Latina.
Respecto al plano de las relaciones bilaterales entre el Perú y Canadá, actualmente existen puentes importantes: el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia en el 2008 y la sociedad en la Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC).
De acuerdo al departamento de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de Canadá, el comercio bilateral sumó $4.2 billones en el 2010 con un saldo favorable al Perú (1). No obstante, existen otros países en la región como México, Brasil y Chile con los cuales Canadá tiene mayores flujos económicos y comerciales. Esto se debe a su cercanía geográfica y a otros tratados como NAFTA (en el caso de México) o al desarrollo de relaciones con mucha más antigüedad (como es el caso brasileño y chileno). Es así que pese a lo dicho en las convenciones de APEC en el 2011, o en la Cumbre de las Américas, Canadá sigue prefiriendo trabajar con ciertos países con los que ha encontrado más similitudes respecto a sus objetivos políticos y su modelo de desarrollo. Del lado peruano, asimismo, no hay mucha presencia empresarial en Canadá. Algunos otros sectores con los que podría existir más afinidad como el turismo, aún no han despegado.
El mayor interés de Canadá en el Perú está en el sector extractivo. Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, Canadá es el tercer país más importante para la inversión minera en el Perú. De acuerdo a esta fuente, hoy en día existen 85 empresas mineras y 12 empresas de gas y petróleo de origen canadiense. Se dice, además, que las mineras canadienses planearían invertir 50 mil millones de dólares hasta el 2016 (2).
Aunque la mayoría de las empresas mineras canadienses son de denominación "junior", es decir exploratorias, en los últimos años varias de ellas han saltado a la luz pública al verse envueltas en conflictos. El caso más recordado es el de la minera Manhattan en Tambogrande (Piura), pero más recientemente, en el 2005, hemos visto los conflictos que enfrenta la empresa Barrick Misquichilca, una de las mineras canadienses más importantes en el mundo y el segundo productor de oro más importante en el Perú, por el proyecto Pierina y la oposición de las comunidades a su actividad. El año pasado asimismo, la misma compañía enfrentó otro conflicto por la posesión de cinco lagunas en La Libertad por el proyecto Lagunas Sur. No obstante, el conflicto que mayor atención mediática concentró, y que coincidió con la época electoral, fue el del proyecto Santa Ana en Puno que involucró a la minera Bear Creek en el 2011. El conflicto empezó con las comunidades aymaras terminó extendiéndose y paralizando a toda la región. El caso concluyó con la cancelación de la concesión a la minera.
Rara vez estos casos llegan a ser conocidos en la esfera pública canadiense. El canadiense promedio no conoce las relaciones económicas con el Perú ni los casos de conflicto. Tampoco son temas de debate político público. Por eso, sorprendió el año pasado cuando una delegación Achuar llegó hasta Canadá para exponer su caso en contra de la petrolera canadiense Talisman. Las comunidades lograron que la empresa detenga sus actividades en la cuenca del río Marañón y su viaje fue reportado por los principales medios de prensa en Canadá.
El desconocimiento ocurre, en parte, porque los canales de comunicación entre ambos países no son aprovechados del todo y porque, desde el lado peruano, no se ha podido concretar una actuación más proactiva en el plano bilateral que pueda facilitar soluciones a los conflictos o más importante aún, que sirva de puente de comunicación entre las partes involucradas en un conflicto. De hecho, los conflictos socio-ambientales que involucran a empresas canadienses no forman parte de la agenda político-diplomática de ambos países.
Igualmente, desde el lado de Canadá, el gobierno ha decidido manejar el tema a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Esta organización siempre colaboró desarrollando proyectos sociales en zonas donde habían proyectos mineros, además de otras actividades en el plano educativo y de buen gobierno. Sin embargo, ahora dada la frecuencia de los conflictos socio-ambientales, está más dedicada al área de la responsabilidad social corporativa. Canadá ha optado pues, por una solución desde el plano de la ayuda humanitaria, más que del lado político.
Luego de la Cumbre de las Américas, los principales diarios canadienses dedicaron columnas para hablar de la necesidad de mirar a Latinoamérica como un aliado dado su actual desarrollo económico. Incluso en unos de los diarios más importantes, The Globe and Mail un columnista invitado dijo: "Necesitamos a Latinoamérica más de lo que ellos nos necesitan a nosotros". Convendría entonces utilizar esta nueva mirada de Canadá para replantear las relaciones y empezar a crear puentes que puedan contribuir a facilitar la solución de los conflictos socio ambientales.
Notas:
(1) Government of Canada: Canada- Peru Relations: http://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/bilateral_relations_bila...
(2) Diario La República 25/10/2011