Hace algunos meses se viene discutiendo sobre las implicancias de los procesos de negociación implementandos para evitar la conflictividad social. Tanto la consulta previa como las mesas de diálogo han sido objeto de debate desde el gobierno, desde la opinión pública y también desde los gremios empresariales. Sin embargo se tiende a pasar por alto algunos detalles con respecto al diseño institucional y legal, pero también respecto a la importancia política. Mientras algunos analistas critican estos espacios por generar "inestabilidad", otros analistas, investigadores, e incluso empresarios, resaltan los beneficios que traen consigo para la sostenibilidad de las inversiones.

Por ejemplo, el economista Gabriel Aguirre Martens criticó en una reciente columna la falta de institucionaldidad y predictivilidad que, según su perspectiva, generan los procesos de consulta previa y las mesas de negociación que afectan la inversión en el país. Para Aguirre, estos mecanismos buscan una mayor interacción entre la empresa privada y las poblaciones y restalta que han sido implementados de forma descuidada, lo cuál podría socavar la institucionalidad y ahuyentar futuras inversiones.

Sin embargo, vale la pena recordar que en el caso de la consulta previa, el modelo institucional vigente establece una interacción es entre el Estado, no la empresa, y sus ciudadanos, como colectivo, que forman parte de pueblos indígenas. La obligación de consultar recae sobre el Estado en todos sus sectores, en todos sus niveles, y para las medidas administrativas o legislativas que afecten los derechos colectivos de estos pueblos indígenas. No consulta la minera, no consulta la petrolera, sino el Estado. Lo que se discute es el momento en que se realiza la consulta.

Por otro lado, para el economista Aguirre existe un problema con la definición de pueblos indígenas y la famosa Base de Datos de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad. Aguirre señala que, por ejemplo, en el caso de Cañaris ya se ha sucitado un conflicto de este tipo. ¿Es necesaria esta base de datos para que se realicen las consultas? No. La discusión no se da a nivel de pueblos indígenas, sino sobre qué comunidades, campesinas o indigenas, pertenecen a estos pueblos indígenas. Sin embargo, esta base de datos es referencial y no es constitutiva de derechos.

No formar parte de la base de datos no suprime los derechos que alguna comunidad pueda reclamar como pueblo indígena. La responsabilidad de la identificación de los pueblos indígenas y sus derechos afectados sigue en la cancha de las entidades promotoras del Estado.

Con respecto a las mesas de diálogo, Aguirre sostiene que la “licencia social” es algo abstracto y arbitrario por lo que usualmente se conduce a negociaciones poco técnicas y sobre todo de interés, es decir, políticas. Primero, habría que señalar que hay una diferencia abismal entre un proceso institucionalizado como la consulta previa, y por ello más difícil de implementar, y un proceso de negociación como la mesa de diálogo. En segundo lugar, en tanto el debate técnico solo le compete a un organismo técnico del Estado, es evidente que estos procesos de negociación son sobre todo políticos y se discuten los intereses de la población, lo cuál es necesario para menguar los desencuentros entre el Estado, las empresas y sociedad. Lo que debería pedirse al Estado es que el Senace y la consulta, cuando corresponda, cumplan su rol.

Aguirre sostiene que es necesario que el Estado sea el que se encargue de la inversión en infraestructura, la fiscalización a las empresas y de garantizar la seguridad jurídica, eso requiere procesos institucionalizados. Esos procesos institucionalizados tardan en madurar, pero eso sucede con todas las nuevas instituciones, debe apuntarse es a su desarrollo y empezar a reconocer los costos sociales reales de la inversión privada y estatal. Sin embargo, es reseñable que el empresariado esté de acuerdo con la Ley de consulta previa, aunque aún mantengan criticas al diseño de su reglamento, y consideren que este proceso no vaya en contra de sus intereses empresariales.