Por: Noticias SER

Karina Pinasco, bióloga, ex gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de San Martín y fundadora de la Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA), opina sobre el proceso y la ley del Ordenamiento Territorial en el país.

¿Cómo ve actualmente el proceso de la ley de Ordenamiento Territorial (OT)?

Parece que a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, que ha acogido la colaboración de la Plataforma de Ordenamiento Territorial (*), le está dando un nuevo impulso y está poniendo en la agenda la necesidad de contar con una ley de OT que sea práctica y que ponga las reglas de juego sobre el uso, el aprovechamiento y la ocupación del territorio nacional. Este nuevo impulso es muy saludable y esperamos que sea escuchado por el Poder Ejecutivo y se entienda que el OT no es un freno para el desarrollo sino todo lo contrario porque posibilitará la armonización de los diversos intereses que existen.

¿Qué puntos esenciales deberían ser considerados si se promulga una ley en este tema?

Es necesario trabajar la Ley de Ordenamiento Territorial sobre la base de las experiencias regionales y locales, utilizando como insumo lo ya avanzado, así como tomar en cuenta los instrumentos que fueron trabajados de manera concertada por mucho tiempo en el Comité Consultivo Nacional de Ordenamiento Territorial como los Lineamientos de Política del OT, que fueron aprobados por Resolución Ministerial en el año 2010. Otro punto es el respeto al principio de subsidiariedad presente en la Ley de Descentralización, entendiendo que los procesos de OT son competencia de los gobiernos regionales, que deben de ser acompañados por el nivel nacional. Asimismo, una ley que involucra territorios donde existen poblaciones con diversos intereses debe trabajarse de manera participativa, más aún en el presente gobierno que ha establecido la Ley de Consulta Previa. No sea que con esta ley que busca prevenir y resolver conflictos al final sea la que los provoque.

¿Y en cuanto a las competencias de los niveles de gobierno?

Es fundamental la definición con claridad de las competencias a fin de evitar la superposición y duplicación de las funciones entre el nivel central con los niveles regionales y locales, así como entre el nivel sectorial, como el rol del sector privado y de la sociedad civil, para evitar la lucha de poderes.

¿Por qué es necesaria esta ley para el país?

La ley de OT es una necesidad impostergable y se debería transformar en una prioridad del gobierno central, porque necesitamos reglas claras que nos permitan construir una visión de desarrollo territorial sostenible como país. También porque va a permitir a los actores de los sectores públicos, privados, comunales y de sociedad civil dialogar en igualdad de condiciones. El Ordenamiento Territorial no es anti nada, se hace en pro de un desarrollo ordenado y sostenible que pueda definir con claridad qué hacer, dónde hacer, cómo hacer, el si queremos hacer y el qué podemos hacer, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones del territorio.

¿Qué opina del proceso de discusión para la elaboración de esta ley dentro del marco del Acuerdo Nacional?

El Ordenamiento Territorial ya es una política nacional, además de eso contamos con los Lineamientos de Política de OT, lo que necesitamos es una ley, y no postergar la discusión de la misma. En nuestro país existe la necesidad de establecer una sola política nacional de desarrollo que incorpore el enfoque territorial; donde se le ponga igual atención al eje ambiental, económico productivo, sociocultural y político institucional.

Usted ha sido parte del proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en la región San Martín, que es uno de los más avanzados a nivel nacional. ¿Qué puede recoger de esta experiencia?

Las experiencias de las regiones son muy importantes más allá de lo que el nivel central pueda indicar. Principalmente lo hacen porque tienen la necesidad de ordenar su territorio. Las lecciones aprendidas son muy valiosas. La experiencia de San Martín, que se inició el 2003, nos muestra que este proceso pueden significar la columna vertebral para el desarrollo, ya que permitido direccionar la inversión pública y privada, a través de la priorización en el presupuesto participativo, la incorporación de la certificación ambiental en la estructura presupuestal de los proyectos; la planificación y ejecución de las funciones transferidas mediante la aplicación de la ZEE; el que se cuente con una intervención sectorial articulada e integral de acuerdo a las potencialidades identificadas; avanzar en la  demarcación territorial con el instructivo de categorización de centros poblados; contar con titulación de predios rurales de manera compatible con la ZEE; el contar con el Sistema Regional de Conservación, y potenciar el manejo forestal comunitario; el desarrollar infraestructura de servicios básicos en zonas compatibles, el que se inicie el diálogo con los responsables de fomentar las actividades extractivas, a fin de prevenir conflictos. Todos estos avances han aterrizado en la aprobación de las Políticas Territoriales Regionales aprobadas en diciembre del 2012 que busca articular y armonizar los 4 ejes del desarrollo territorial sostenible y los sectores con la aplicación de la ZEE.

¿Cómo evalúa el rol que el MINAM viene jugando en estos procesos a nivel regional?

El MINAM viene cumpliendo un rol importante, no por gusto hay 19 regiones que están con la ZEE en diferentes niveles de avance; ahora está actualizando y construyendo nuevos instrumentos y metodologías, pero es importante que priorice de una vez por todas la ley, ya que desde el Comité Técnico Consultivo Nacional (CTCNOT), que era liderado por el MINAM, se construyó una propuesta de ley y ésta debe de presentarse y ser parte del debate. Otro punto importante es que el MINAM debe ser eficiente en el acompañamiento de los procesos, brindar el soporte técnico y legal y no limitarlos. Por último, el MINAM debe entender que un espacio multisectorial, con representantes de gobiernos regionales y locales, sociedad civil y pueblos indígenas como es el CTCNOT debe de ser nuevamente convocado a fin de que pueda ser el soporte del proceso de elaboración y aplicación de la ley.

(*) La Plataforma para el Ordenamiento Territorial está integrada por 12 organizaciones; 9 de ellas pertenecientes a la sociedad civil: Cooperaccion, Cima Cordillera Azul, Fedepaz, Grufides, Instituto de Montaña, Red Muqui, DAR, Propuesta Ciudadana y la Asociación SER; y 3 de ellas, asociaciones municipales y regionales: la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (AGNR), la Red de Municipalidades Rurales (REMURPE) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).