A puertas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, Lilia Ramírez Varela, del Instituto de Defensa Legal (IDL) elaboró una nota en donde analizó la situación actual del ser más útil e importante en la tierra. Asimismo, el articulo exige al Estado y a la sociedad que este 8 de marzo reconozca sus derechos.

Día de la mujer: mucho que avanzar

Dos días antes de celebrarse el día de la mujer, Marco Tulio Gutiérrez, principal líder del proceso de revocatoria iniciado contra la alcaldesa Susana Villarán, ha señalado lo siguiente: "las damas siempre dicen que no y acaban diciendo que sí" (La República, 07/03/2013). Una frase tal vez graciosa para algunos y algunas, pero definitivamente, ofensiva y humillante contra las mujeres. Ofende, no sólo porque avizora una ideología machista en donde pareciera que sólo las mujeres cambiamos de opinión; sino, principalmente, porque ése es uno de los más recurrentes “argumentos” que utilizan los hombres cuando se defienden de procesos por violación sexual[1]. Lo peor es que, hasta ahora, a veces son argumentos escuchados por los operadores de justicia.

Si bien creemos que se ha avanzado bastante durante las últimas décadas y es visible que, poco a poco, las políticas públicas con enfoque de género se implementan, lamentablemente, frases como las señaladas, magros sueldos, sentencias y leyes punitivas contra la mujer (por su sola condición) nos devuelven a la cruda realidad: falta mucho para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres.

De acuerdo a las últimas cifras del INEI, el porcentaje de mujeres con trabajo aumentó en 4%, al pasar de 61,2% en el 2005 a 65,2% en el 2012 y, hoy por hoy, tenemos más de 122 mil mujeres en cargos de decisión. Sin embargo, también se señala que la diferencia promedio de sueldos de las mujeres es de un tercio menos que la de los hombres, pues el salario mensual de éstos llegó a S/.1, 536 y el de las mujeres, a S/.1,016.9 (ver: INEI).

Sin embargo, lo que más preocupa es el nivel de violencia hacia la mujer. La situación fue evidenciada de forma lacerante hace cinco meses con el caso de Ruth Thalía Sayas, quien expuso en un programa de televisión su vida privada y fue posteriormente asesinada salvajemente por el novio, siendo encontrado el cuerpo después de casi una semana (ver: Ningún femicidio es cometido por sólo una persona. Lamula.pe). El canal señaló que iba iniciar una campaña para evitar el feminicidio, pero el tema ya fue olvidado por el canal y por su conductor, que con la víctima hicieron rating y dinero.

De acuerdo a información del Ministerio Público, durante el 2009 y el 2011 se han presentado 131,371 denuncias por violencia familiar, y sólo han sancionado 440. Otro estudio del 2012 del Ministerio Público dictaminó que durante ese año unas 97 mujeres fueron víctimas de feminicidio, de las cuales el 93,8% fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar (feminicidio íntimo), mientras que el 6,2% fue liquidada por un conocido o desconocido (feminicidio no íntimo) (El Comercio, 26/01/2013). Estas cifras han aumentado dramáticamente a las establecidas durante el 2009 (7 casos), 2010 (30 casos) y 2011 (79 casos) (ver estadísticas). Por otro lado, el Ministerio de la Mujer ha señalado que las víctimas fueron mujeres en el 88,71% de casos atendidos por violencia familiar y sexual, entre enero y octubre del 2012.

La información más alarmante sale de la campaña 1 Billón de mujeres de pie: en el Perú, más de 9 millones de mujeres en algún momento fueron agredidas por su esposo, conviviente o ex pareja. Es decir, el 65% de las mujeres han denunciado ser maltratadas. A esto se suman las cifras de la ONU: una de cada 3 mujeres puede ser golpeada o violada, lo cual arroja una cantidad de mil millones de mujeres en el mundo, maltratadas.

Los datos son abrumadores y ameritan una mejora del sistema de justicia, a fin que casos como estos no queden impunes.

Algo también delicado es el nivel de leyes discriminadoras que todavía pesan sobre nosotras. La principal es el obligar a las mujeres a seguir un embarazo no deseado, así haya sido producto de una violación. Una decisión gubernamental terrible y que violenta a las mujeres en lo más íntimo: su decisión de ser madres. El aborto es considerado por el Código Penal de 1991 como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, salvo el supuesto despenalizado de “aborto terapéutico”. Mientras, la pena por un “aborto por violación” (mal llamado “aborto sentimental”), sólo es atenuada si la violación ha sido realizada fuera del matrimonio, algo nuevamente discriminador.

En diversos países se ha señalado la inconstitucionalidad de normas de este tipo, bajo el argumento que no pueden obligar a un ser humano, en este caso a una mujer, a realizar actos heroicos:

“Como se advirtió, cuando una mujer es violada (…), sus derechos a la dignidad, a la intimidad, a la autonomía y a la libertad de conciencia son anormal y extraordinariamente vulnerados ya que es difícil imaginar atropello contra ellos más grave y también extraño a la convivencia tranquila entre iguales. La mujer que como consecuencia de una vulneración de tal magnitud a sus derechos fundamentales queda embarazada no puede jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heroicos, como sería asumir sobre sus hombros la enorme carga vital que continuar el embarazo implica, ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos, como sería soportar impasiblemente que su cuerpo, contra su conciencia, sea subordinado a ser un instrumento útil de procreación. Lo normal y ordinario es que no sea heroína e indiferente. Siempre que una mujer ha sido violada o instrumentalizada para procrear, lo excepcional y admirable consiste en que adopte la decisión de mantener su embarazo hasta dar a luz. A pesar de que el Estado no le brinda ni a ella ni al futuro niño o niña ninguna asistencia o prestación de la seguridad social, la mujer tiene el derecho a decidir continuar su embarazo, si tiene el coraje para hacerlo y su conciencia, después de reflexionar, así se lo indica. Pero no puede ser obligada a procrear ni objeto de sanción penal por hacer valer sus derechos fundamentales y tratar de reducir las consecuencias de su violación o subyugación” (C-355-06) Corte Constitucional Colombiana.

De acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional Colombiana, podemos señalar que a la mujer peruana las leyes le obligan a ser heroína y dejar a un lado sus derechos (reproductivos, vida, integridad).

Pero, las mujeres también tenemos que ser santas. Esto sucede en las denuncias por violación o acoso sexual. La doble victimización de las mujeres que sufren este tipo de delitos es evidente cuando su forma de vida, de vestir y de pensar, pesa tanto como el delito. De otro lado, es por demás conocido que la mayoría de estos casos no son denunciados por las víctimas, ya sea porque conocen el engorroso proceso a seguir, ya sea por el miedo que producen situaciones como éstas.

Y es que las leyes, las sentencias y los procesos también son expresión de lo que sucede en el Perú a nivel cultural. El sesgo machista se ha evidenciado en situaciones públicas, como el casode la estudiante Rosario Ponce, ella viene afrontando una interminable investigación fiscal (todo parece indicar sin sustento), debido a la irresponsable campaña mediática en su contra que refuerza los estereotipos femeninos asentados en nuestro imaginario social (ver: La muchacha mala de la historia).

Casos hay por montones. Por eso este 8 de marzo se exige al Estado y a la sociedad reconocimientos de derechos más que discursos, homenajes o flores.