Congresistas de Somos Perú, el Partido Popular Cristiano (PPC), y Perú Posible (PP) coincidieron hoy en la necesidad de realizar cambios al mecanismo de consulta popular de revocatoria, para que su aplicación sea debidamente justificada.

El congresista de Somos Perú, Fernando Andrade, señaló que los motivos para solicitar una consulta popular de revocatoria deben estar debidamente fundamentados y justificados, porque de lo contrario desestabiliza la ciudad y es “lo más dañino” para los vecinos.

“Las causales de la revocatoria tienen que ser más precisos, y el número de firmas debe ser el suficiente para poder realizar una revocatoria, porque las que se presentaron en Lima para llevarla a cabo ha sido muy bajo”, sostuvo.

Por su parte, el legislador del PPC, Juan Carlos Eguren, señaló que se ha evidenciado “la necesidad de hacer ajustes y de levantar la valla” porque el costo para desestabilizar a los municipios es muy grande, al obligar a las autoridades a pensar en la coyuntura y no en el mediano y largo plazo.

“Es indiscutible la necesidad de hacer modificaciones, es algo que no se debe tomar de manera ligera, y menos en caliente, acaba de terminar un proceso de revocatoria que ha sido muy intenso, hay que ir con calma”, manifestó.

En ese sentido, consideró importante que las propuestas se debatan de manera adecuada y calmada, tanto en las comisiones permanentes y después en el Pleno del Congreso, para generar consensos que posibiliten los cambios.

También el congresista de Perú Posible, Mariano Portugal, señaló que las revocatorias “no hacen más que perjudicar” la gobernabilidad y el ejercicio de la democracia, pero que ante “la falta de cumplimiento” en la promesa electoral se produce un engaño en la población que encamina a la revocatoria.

“La vacancia tiene causales que están estipuladas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Municipales, y en el Congreso, pero la revocatoria no tiene causales, y cualquier motivo puede ser sustento, y eso no está bien para un país en Estado de Derecho”, observó.

De otro lado, los tres legisladores coincidieron en que el periodo de cuatro años para las autoridades ediles no debe ser recortado, porque no es suficiente para poder iniciar obras de relevancia a favor de la población.