La Defensoría del Pueblo expresó su enérgico rechazo por el contenido discriminatorio advertido en diversos anuncios aparecidos el último domingo en el suplemento de un diario local, entre los que se pudo advertir el referido a una empresa privada que solicita recepcionistas que tengan “muy buena presencia y de tez clara” o aquellos otros que solicitan personal a las que les imponen límites de edad, que no se encontrarían justificados.

Mediante Oficio remitido a la Viceministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo, recordó que la Ley Nº 27270, Ley contra actos de discriminación, prohíbe la publicación de ofertas laborales discriminatorias, porque ello afecta el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. Asimismo, indicó que esta prohibición también se encuentra recogida en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, norma que establece sanciones para estos casos.

Vignolo señaló que “cualquier persona calificada para un puesto laboral, como los que se solicitan en los avisos publicados, debe tener la oportunidad de postular, con total prescindencia de sus rasgos físicos, color de piel, sexo, edad, entre otros. Las normas buscan prevenir e impedir que las personas sean descalificadas por motivos prohibidos en nuestro ordenamiento legal”.

En esa medida, se recomendó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entidad encargada de velar por el cumplimiento de estas normas, adoptar las medidas correctivas para asegurar el acceso de quienes estén calificados a estas ofertas laborales. Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el D.S. Nº 019-2006-TR, solicitó evaluar la imposición de las sanciones a las que hubiera lugar.

“La discriminación es un flagelo social que afecta la dignidad misma del ser humano, pues con ella las personas son juzgadas no por sus méritos o acciones sino por los prejuicios que se tiene sobre determinados grupos de personas. De allí la necesidad de una acción decidida por parte del Estado para hacer frente a estas prácticas”, finalizó Vignolo.