Cuando miles de personas pobres votaron por el Presidente Humala en el año 2011, no imaginaban que, dos años después, sus hijos les serían arrebatados para el servicio militar.   Para el mes de mayo del presente año, José Cueto, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas planea realizar un sorteo donde se determinará que unos treinta mil jóvenes entre 18 y 25 años de edad se incorporen obligatoriamente a los cuarteles.

Como se sabe, desde 1998 el servicio militar era voluntario en el Perú, por una decisión de Fujimori, ante las graves violaciones a los derechos humanos contra los reclutas, algunos de los cuales terminaron en el suicido de las víctimas.

Sin embargo, debe precisarse que, hasta entonces, el servicio militar obligatorio solamente era obligatorio para los pobres.   Las familias de clase media y alta evitaban que sus hijos hicieran el servicio militar mediante corruptelas, relaciones con funcionarios o pago de dinero.   Por otro lado, en muchos lugares del país, los militares realizaban levas o redadas, capturando decenas de jóvenes a la salida del cine o de una fiesta.  A veces, los padres lograban pagar para liberarlos.   De lo contrario, el frecuente destino de los secuestrados eran las zonas de emergencia.

Desde 1998 ha descendido ostensiblemente el número de reclutas, lo cual es comprensible ante los abusos que pueden sufrir.  Recuerdo bien el brutal caso del joven Rolando Quispe Berrocal torturado en un cuartel de Ayacucho por tres sargentos, al punto que le introdujeron un foco por el recto.    Luego del crimen, ocurrido en el 2002, durante el gobierno de Toledo, los militares apoyaron abiertamente a los torturadores: Rolando Quispe, fue amenazado de muerte en el propio hospital donde se recuperaba y fue condenado por el Juzgado Militar Permanente de Ayacucho por el delito de falsedad a 30 días de reclusión, con el argumento que se había causado las lesiones a sí mismo. En este proceso surrealista, ni siquiera se le permitió declarar (RP 23).

Cuando la Corte Superior de Ayacucho abrió proceso a los tres sargentos por delito de tortura, el Juzgado Militar intentó sustraerlos a la competencia del tribunal, señalando que ya estaba procesándolos por abuso de autoridad.  Afortunadamente, el Poder Judicial declaró que ellos eran competentes y los sargentos fueron condenados a seis años de prisión.   Sin embargo, todos los incidentes demostraron cuán discutible es considerar que las Fuerzas Armadas “forman en valores” a los jóvenes.   En estos tiempos, además, el riesgo para muchos reclutas es ser enviados al VRAEM y morir en una emboscada o un enfrentamiento.

Lejanos están los días en que el servicio militar era la principal forma de ascenso social para los campesinos: cuando en el año 2011, el Presidente Humala declaró que el servicio militar podía permitir que los reclutas aprendieran a leer y escribir, seguramente pensaba en los tiempos en que se incorporó al Ejército.   Ahora, la situación ha cambiado, felizmente, y aún en las zonas rurales pueden existir otras alternativas que no generen estos riesgos.

Como resultado de la disminución de reclutas, en la misma Lima, varios cuarteles han desaparecido.  Es un proceso que muestra importantes cambios sociales y culturales… pero a las Fuerzas Armadas les preocupa, porque disminuye su poder.  Quizás creen que, a la larga, podría cuestionarse su propia existencia.

Por ello, el pasado 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas lograron que fuera publicado el Decreto Legislativo 1146.   En él se indicaba que los militares podrían convocar un sorteo, cuando no encontraran las vacantes que consideren necesarias.   Quedan exceptuados quienes tengan una discapacidad grave y permanente, los que puedan acreditar ser responsables del sostenimiento de su hogar, los universitarios, los residentes en el extranjero, los presos y los que estén prestando algún servicio voluntario a su comunidad (artículo 50).

De los demás, podrán liberarse del servicio quienes paguen la módica suma de media UIT, que este año equivale a 1,850 soles (artículo 78, inciso 9).   Las Fuerzas Armadas esperan celebrar pronto un convenio con RENIEC para contar con la base de datos de jóvenes entre 18 y 25 años y realizar en mayo el temido sorteo.   Participará también un notario público, que,  naturalmente, de tener hijos cumplirá con pagar la multa para que no hagan el servicio militar.

A las personas desinformadas que creen que el servicio militar ayudará a los jóvenes ociosos o descarriados a enmendarse, habría que precisarles que esta selección no distingue la conducta de los elegidos, solamente su condición económica.   Es chocante que, solamente por ser pobres, miles de jóvenes deban dejar a sus familias, su trabajo, su casa, su pareja para incorporarse a las Fuerzas Armadas.   Es indignante también que deban dejar sus estudios abruptamente los jóvenes que estudiaban carreras técnicas.

Pareciera que se busca truncar las posibilidades de los sectores emergentes y agravar la situación de las familias más pobres.   Por ello esperemos que el absurdo Decreto Legislativo 1146 sea derogado.