Volvamos al análisis del poder y su expresión en la política en el Perú. Como sabemos, aquello implica partir de la coyuntura para transcenderla y vislumbrar cómo las relaciones de poder presentes en la sociedad se expresan en ella.

Por ello, en esta ocasión quisiera concentrarme en algunos temas que han hecho noticia en las últimas dos semanas y que permiten continuar con algunas hipótesis que he planteado en ocasiones anteriores

Retomando algunas ideas: el poder como red.

En un artículo anterior, en el marco del análisis del proceso de revocatoria en Lima, sugerí que las relaciones de poder en el Perú actual tienen una forma de red que articula a diversas personas y grupos en torno a distintos tipos de recursos, siendo uno de ellos el acceso al Estado.

Estas redes tienen límites difusos, se desarrollan sobre todo mediante lazos personales, atraviesan diversas esferas institucionales (cruzan las dicotomías formal / informal, legal / ilegal, institucional / no institucional, público / privado, etc.) y en su funcionamiento sería posible rastrear cuál es la estructura real del orden social existente en el Perú, uno (si hay tal orden) que está lejos de corresponder a las instituciones y las imaginaciones oficiales.

En esa línea, sustenté que si centramos el análisis en el juego político, vemos que las organizaciones políticas -se acerquen o no a los modelos de partido: institucionales, con cuadros profesionales, con ideología explícita, con representación estable en el electorado, etc.- toman la forma de nodos dentro de ese entramado de redes y se articulan con mayor o menor éxito a las relaciones de poder que ahí se desenvuelven.

Tales partidos existirán en un medio en el que se articularán o competirán intereses diversos de: grandes capitales (formales o informales, nacionales o transnacionales), pequeños y medianos empresarios (también formales o informales), mafias del narcotráfico, bandas delincuenciales, funcionarios corruptos o limpios, contrabandistas, sindicatos, asociaciones vecinales, grupos familiares, población dispersa con peso electoral o sin él, frentes de defensa con capacidad de movilización o sin ella, medios de comunicación grandes y pequeños, organizaciones no gubernamentales, centros financieros transnacionales, calificadoras de riesgo país, organizaciones multilaterales, Estados extranjeros, etc.

Y en el marco de tal conglomerado de intereses -a veces convergentes y otras en competencia- los partidos ofrecerán la posibilidad de utilizar los recursos del Estado: otorgar concesiones, facilitar o quitar licencias de funcionamiento, contratar con empresas, proteger o expulsar funcionarios, desaparecer opositores, realizar obras de infraestructura, indultar presos, otorgar titulaciones, etc.

Así, la hipótesis que planteé sobre cómo entender el proceso de revocatoria en Lima era que Villarán, sin ser de izquierda ni plantear cambios de gran trascendencia, había despertado la respuesta de redes de poder que se veían incomodadas con acciones como la investigación de la gestión anterior, el ordenamiento de la distribución mayorista de alimentos y la reforma del transporte público.

El APRA, el fujimorismo y SN, competidores en otras áreas, se hermanaban en esa reacción y ofrecían, como nodos políticos de redes mayores, la posibilidad de sacar a la alcaldesa y a sus regidores del cargo, y así restablecer “el orden”.

Ahora bien, pasada la coyuntura de revocatoria es posible encontrar otros indicios de esta lógica del poder en noticias que han trascendido en los últimos días. Pasemos brevemente a analizarlas.

Indulto a narcotraficantes, entre otras facetas del Estado como recurso

Por ejemplo, hace unos días se hizo pública la lista de indultados por el gobierno del ex presidente Alan García. En esa lista se identificó que se otorgó el indulto a 5500 reos y que, entre ellos, 400 habían sido encarcelados por tráfico ilícito de drogas, entre los que habría bandas completas de comercializadores de cocaína. Hoy se sabe también que 176 de los excarcelados han reincidido y están presos nuevamente.

Como se sabe, el indulto es una gracia presidencial, una acción que queda a completa discreción del Presidente de la República. En el marco de la lógica de red que veíamos, llegar al gobierno, entre muchos otros recursos, significa, pues, poder sacar gente de la cárcel.

Cabe recordar el gobierno de Alberto Fujimori y casos como el transporte de droga en el avión presidencial o las alianzas directas entre ese gobierno y el narcotráfico, que han evidenciado diversas investigaciones.

Puede notarse así que la dirección política del Estado se puede articular directamente con mafias de narcotraficantes, entre otros grupos de interés: sabemos que vía corrupción o favores personales, o vía favores políticos “legales”, se realizan constantemente muchos otros tipos de intereses. Los estudios de Francisco Durand sobre la captura empresarial del Estado son importantes al respecto.

Fallos arbitrarios y otras formas de acceso a recursos judiciales

Siguiendo el rastreo de estas redes, pensemos en el funcionamiento del Poder Judicial. Además de su casi nula credibilidad, funciona. Funciona no como las leyes dicen que debería hacerlo, sino como quienes tienen más poder en la sociedad esperan que funcione.

El sentido común de que la justicia existe para quien tiene dinero, es bastante acertado, aunque la proposición no debería restringirse al dinero, sino a la posesión de los más diversos recursos.

Por ejemplo, si uno tiene militantes de su partido desempeñándose como fiscales, jueces o personal de menor rango dentro del Poder Judicial, si tiene amigos en distintos juzgados o si, finalmente, tiene aliados –sea cual sea la base de esas alianzas, desde la confluencia de ideas hasta el chantaje-, puede lograr sus propios intereses.

Así, tenemos varios casos como el del juez Malzon Urbina, cuyo fallo del 2 de abril dio la razón a los grupos mayoristas del ex mercado La Parada, que se oponían a la reubicación en Santa Anita .

Aquel fallo no resiste ningún análisis jurídico serio y hasta se da el lujo de incluir citas –muchas de ellas mal hechas- a Sancho Panza, Leibniz y Gonzáles Prada, mal escritas y sin relación con el contenido del texto.

Pero es un juez, “y puede hacerlo”. Y se sabe que ese juez antes ha apoyado a Alan García con casos como el de la matanza en El Frontón, al ser parte de los vocales que declararon el caso prescrito.

Así pues, en este caso, para las redes de intereses que incomodaba Villarán, el recurso de la revocatoria fracasó, pero quedaron otros, como hacer uso de aliados dentro del Poder Judicial.

Recordatorio: el autogolpe de Fujimori y el cambio de jueces

Si retrocedemos en el tiempo unos años, no extraña, en la misma lógica, que una de las primeras acciones realizadas por Alberto Fujimori luego del disolver el Congreso de la República el 5 de abril del año 1992 –y hoy se cumple un año más de ese suceso nefasto que inauguró su dictadura- haya sido cambiar “trece jueces de la Corte Suprema y más de cien jueces y fiscales de primera instancia” (Klarén, 2005: 499).

La impunidad, vital para la realización de todo tipo de intereses delincuenciales, solo se garantiza si se tiene poder dentro de los órganos que deben ejercer la justicia. Cabe preguntarse cuántos de esos jueces puestos a dedo fueron destituidos luego de caída la dictadura.

Amenazas bufalescas, entre otras formas de coacción

Por último, como ya se ha mencionado, en la medida en que estas redes ven su funcionamiento incomodado, despliegan diversas acciones, como la amenaza o la violencia directa.

Cualquiera que sabe que está en la posibilidad de destapar intereses ocultos, frustrar enriquecimientos ilícitos (o frenar grandes negocios lícitos), mostrar evidencia de actos delincuenciales, etc., sabe que está en riesgo.

Incluso, es común escuchar dentro de las FF.AA. o de la PNP que es mejor hacerse de la vista gorda frente a ciertos pases de droga, corrupción de efectivos o actos de malversación de recursos públicos, si se quiere vivir tranquilo.

Como toda estructura de poder, estas redes también cuentan con sus mecanismos de coacción y pueden recurrir a acciones que van desde llamadas intimidatorias hasta el asesinato vía sicarios o grupos paramilitares.

Pues bien, en esa línea, no cabe duda de que las amenazas que ha recibido el congresista Sergio Tejada, presidente de la comisión que investiga las irregularidades del gobierno de Alan García, son una reacción de esas características.

No hay que ser muy perspicaz para notar que, aunque no se ha llegado aún a resultados contundentes, el ex presidente y futuro candidato para el 2016, difícilmente puede hacerse a un lado y no verse afectado por las denuncias que recaen en su contra y las investigaciones que se hacen dentro de la comisión, a las que se suman los ataques del Ejecutivo.

¿De las redes al sistema?

Tenemos, entonces, una realidad política en la que permanentemente están actuando estas redes de poder que en los hechos no sólo atraviesan la institucionalidad formal y nos llevan a pensar que todo es trasgresión o desorden, sino que funcionan: tienen un carácter rastreable y predecible, un orden y, en ese sentido, es posible que identifiquemos en ellas formas institucionales. Es decir: quizá sea posible encontrar en la interrelación de esas redes una estructura y una dinámica de sistema.

Es por ello que resulta fundamental abordar el análisis y la acción política desde un entendimiento de la realidad del poder que deje de estar centrada en la institucionalidad que debería ser (el Estado que no tenemos, los partidos que no hay, la democracia que no funciona, etc.). Es preciso comenzar a estudiar el funcionamiento real del poder y su entronque estructural: cómo se generan los recursos disponibles, cómo se accede a su apropiación y uso y cómo se realizan los intereses personales y grupales.

Foto: Juez Malzon Urbina, tomada de diario Perú21.