La oposición a  Cristina Fernández de Kirchner protagonizó la semana pasada manifestaciones en Buenos Aires y en otras ciudades argentinas. Entre los reclamos, la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

¿Sabes en qué consiste la reforma judicial? El diario El País explica los seis proyectos de ley que incluiría:

- Elección democrática de los miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que selecciona y remueve los jueces). En la actualidad está integrado por 13 miembros: seis legisladores, elegidos por el Congreso; un representante del Ejecutivo; tres jueces, seleccionados por sus colegas; dos abogados, votados por su colectivo profesional; y un académico escogido por los rectores de las universidades públicas. Con la reforma se ampliará el número de 13 a 19. Habrá cinco académicos (en lugar de uno), cinco jueces (en vez de tres) y cuatro abogados (en lugar de dos) y todos ellos serán elegidos en las elecciones generales y deberán postularse a través de los partidos políticos. Los seis nuevos miembros del Consejo se votarán en agosto próximo.

El proyecto ha recibido críticas de quienes consideran que no debe ser el pueblo el que elija directamente a los miembros del órgano de gobierno de los jueces o de quienes opinan que los candidatos no deberían postularse por medio de los partidos. El proyecto de reforma de Argentina plantea además que el Consejo de la Magistratura se haga cargo del presupuesto del Poder Judicial, en lugar de la Corte Suprema, y no habla nada de que los jueces y demás empleados de la administración de la justicia comiencen a pagar el impuesto a la renta, del que está exceptuados por decisión del máximo tribunal.

- Creación de tres tribunales de tercera instancia: se formarán las llamadas cámaras de casación en los fueros contencioso administrativo (el que trata cuestiones de la administración pública), laboral y civil y comercial. De esta manera, los que queden disconformes con los fallos de segunda instancia en esos fueros, podrán recurrir a esos nuevos tribunales nuevos antes de apelar a la Corte Suprema, donde se acumulan numerosas causas. Hay quienes sostienen que estos nuevos tribunales agilizarán el acceso a sentencias definitivas, pero otros argumentan que, por el contrario, alargarán procesos judiciales que después terminarán acabando también en la Corte Suprema.

- Limitaciones de las medidas judiciales cautelares contra el Estado: los jueces no podrán disponer medidas cautelares que suspendan normas del Ejecutivo o el Legislativo por periodos mayores a seis meses. En ese lapso deberán adoptar fallos sobre las cuestiones de fondo de las causas judiciales. De este modo, el Gobierno alega que se acelerarán los procesos. Toda la reforma que plantea Fernández surgió precisamente a partir de las medidas cautelares que impiden desde 2009 la aplicación de dos artículos de la ley de medios audiovisuales que obligarían al principal grupo de comunicación de Argentina, Clarín, a vender parte de sus propiedades. Colectivos afines al kirchnerismo, como Justicia Legítima, que agrupa a jueces, fiscales y abogados, plantearon la necesidad de modificar este proyecto de ley para eliminar el límite en los casos de medidas cautelares que protejan a personas o colectivos vulnerables de la población. El Gobierno ha aceptado cambios, aunque aún se desconoce la redacción final de la iniciativa. Además, continúan las críticas de quienes defienden los intereses de grupos económicos que puedan resultar afectados por normas del Estado.

- Elección por oposición de los empleados judiciales: hasta ahora los funcionarios del Poder Judicial eran seleccionados por el juez de cada juzgado, muchas veces por amistades o contactos personales, políticos, profesionales o sindicales. A partir de ahora los interesados deberán hacer oposiciones para ingresar en los cargos de mayor nivel o deberán someterse a un examen y un sorteo en los casos de tareas menores. Este proyecto ha cosechado elogios, aunque fue criticado por el sindicato de funcionarios judiciales, que este miércoles inició una huelga de tres días como forma de protesta.

- Publicidad de los actos del Poder Judicial: todos los tribunales de segunda y tercera instancia y la Corte Suprema deberán ofrecer en Internet la información de las causas que están en sus dependencias. Esta iniciativa ha recibido respaldos. Por ahora, solo la Corte Suprema dispone de una página web con muchas noticias sobre la evolución de las causas, aunque no siempre con el acceso a los expedientes o las sentencias.

- Publicidad de los patrimonios de los funcionarios judiciales: hasta ahora solo los altos cargos del Ejecutivo y los legisladores deben hacer públicas la declaración jurada de su patrimonio. Con este proyecto, que cuenta con bastante apoyo, todos los funcionarios del Poder Judicial deberán hacer lo mismo.

En defensa de la reforma judicial, el jefe del grupo kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, argumentó que los seis proyectos “tienen objetivos claramente nobles” y los describió: el primero mencionado “da legitimidad popular al Consejo de la Magistratura”, los dos siguientes “mejoran el funcionamiento y la agilidad del Poder Judicial” y los tres últimos “mejoran la transparencia” de la justicia.

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