Editorial: Consulta Previa a la deriva
La Consulta Previa a los pueblos indígenas es uno de los importantes avances en el reconocimiento de derechos a un sector del país, al que a lo largo de la historia republicana se le negó la condición ciudadana o se le restringió la posibilidad de ejercerla de manera plena. Sin embargo, de alguna manera esta historia de negaciones se viene repitiendo estos días en que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no aplicar la Consulta Previa a las comunidades campesinas.
Una lamentable declaración del Presidente Humala, una serie de declaraciones de funcionarios del sector Energía y Minas, el silencio del Ministerio de Cultura, la renuncia del viceministro de Interculturalidad, son sólo parte de una secuencia de hechos que vienen impulsados por una intensa campaña de los sectores más conservadores del gremio empresarial, que lleva meses instalando la idea en la opinión pública de que lo indígena en el Perú está confinado en comunidades nativas de la selva que viven aisladas del Estado y del mercado.
Esta idea que incluso ha sido refrendada por algunos antropólogos, en nombre de una supuesta y plena igualdad de derechos, y que cualquier peruano o peruana con uso de razón, sabe bien que no existe, busca negar identidades y culturas que existen y que no han desaparecido por los procesos de modernización que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, ni mucho menos por decreto o voluntad del Estado. Sino por el contrario, siguen vivas y se han transformado, porque no tienen que estar fijas o congeladas como las ideas de quienes piensan que no existen.
Así pues, el problema de la no aplicación de la Consulta Previa, no es sólo el de las dificultades para adecuar esta norma a otros procedimientos que ya existen o el retraso que su implementación pueda generar en importantes proyectos de inversión minera, petrolera o de infraestructura. El problema central de la negación del derecho a las comunidades campesinas es una variante más de los discursos y prácticas discriminatorias y racistas que se han dado contra ellos a lo largo de nuestra historia.
Y lo que buscan quienes niegan el derecho a la consulta, es evitar que el Estado y los pueblos indígenas se sienten a la mesa a dialogar sobre proyectos de inversión, políticas públicas o decisiones de gobierno que pueden afectar sus derechos y sus formas de vida, ya que en el fondo rechazan una forma concreta de inclusión política, que ayudaría a salir del circulo vicioso de mesas de diálogo o de desarrollo que no generan cambios, sino que postergan los conflictos para más adelante.
En Noticias SER consideramos que es imprescindible que el gobierno nacional deje de lado el equivocado camino que ha tomado, y que entienda que por sobre los intereses de cualquier poder económico, están los intereses de la ciudadanía. De igual forma, que el no implementar los procesos de Consulta Previa –cuando así correspondan- en las comunidades campesinas, serán una “ilegalidad”, como ha afirmado el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, ya que constituirán una grave violación al Convenio 169 de la OIT y a la Ley de Consulta Previa que el mismo gobierno ha promulgado.
