Este tema se vive en pura contradicción. Una cartera dice algo mientras que la otra opina distinto. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez dejó entrever que el registro de la Base de Datos de pueblos índígenas aún no está listo. "El registro existirá, por supuesto que sí, pero se va a hacer de manera dinámica en que podamos ir construyéndolo con el tiempo, reconociendo los espacios de poblaciones indígenas que efectivamente existan en el país", expresó.

Lo que parece un poco raro en este tema es que el ministro de Cultura Luis Peirano, sostuvo que la publicación de la Base de Datos no es vinculante para que el gobierno inicie la consulta previa. Asimismo, antes de su renuncia el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, dijo que desde diciembre del 2012 ya existe el registro.

Consultado sobre la posibilidad de que la Ley de Consulta Previa no incluya a comunidades andinas o quechua-hablantes, el premier sostuvo que ello se determinará conforme a los requisitos establecidos en la norma y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "No toda comunidad es un pueblo indígena. La legalidad ante todo, el gobierno fija las reglas en función al convenio 169. La población puede pedir su reconocimiento, pero antes debe cumplir con los requisitos", declaró.

En tanto, Jiménez detalló que la comunidad debe cumplir con tres requisitos para exigir consulta previa siendo estos los siguientes: Que se trate de una población que tenga una lengua originaria o nativa, que estén establecidos en tierras comunales, ancestrales y que la población deberá estar conectada a patrones culturales, ancestrales antes de la colonia. También agregó que en junio recibirá a representantes de comunidades indígenas para resolver cuestionamientos sobre la ley.

Por otro lado, el premier presidió la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción donde se aprobó el anteproyecto que incorpora multas a las sanciones que se imponen para los delitos más graves de corrupción entre ellos, malversación de fondos, ráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. 

Asimismo, se ha determinado que los funcionarios públicos que adeudan al Estado reparaciones civiles estarán impedidos de laborar en el sector público.  

Por último, premier Jiménez informó que el Gobierno establecerá una 'zona de riesgo' en materia de contrataciones y compras, para que se conozcan las empresas que 'han entrado por la ventana' en el Registro de Proveedores del Estado. El Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) hace transparente la información vinculada a compañías y personas que por medidas judiciales están en este registro. Además, trabaja también en la certificación de los funcionarios que llevan a cabo los procesos de compra del Estado.

Fuente: La República