La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional manifestó su preocupación por los casos de abuso y tortura cometidos en contra de ciudadanos por parte de la policía y fuerzas de seguridad, y pidió al Estado que vele por los derechos de todos aquellos que se ven privados de su libertad o son vulnerados en sus derechos.

“Es inaceptable que en Perú se sigan registrando casos de tortura a ciudadanos, sobre todo después de que en noviembre del año 2012 el Perú aceptara la recomendación formulada por la ONU, que instaba al Estado a prevenir la tortura y otros malos tratos a personas detenidas y recluidas, y garantizar justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, expresó el director ejecutivo de la organización, Juan Carlos La Puente.

Amnistía Internacional recoge en su Informe Anual 2013, que en nuestro país se denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos contra quienes participaban de protestas contra proyectos del sector extractivo. Manifestaciones que hoy se han convertido en la piedra en el zapato del actual Gobierno, que en su intento por resolver los conflictos generados en todo el país parece que avalara los excesos de las fuerzas de seguridad frente a los manifestantes.

Otro caso citado por la organización es el del joven Luis Alberto Rojas, quien en el año 2008 fue detenido arbitrariamente por personal de serenazgo y la policía en Casagrande (La Libertad) para luego ser golpeado y violado únicamente por su orientación sexual sin que la justicia peruana condenará el hecho desde un primer momento. El caso ha sido llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que el Estado de cuenta del hecho.

Casos como el de Luis Alberto Rojas son preocupantes, sobre todo tras la exclusión de la orientación sexual e identidad de género del proyecto de ley que busca establecer penas más severas contra los crímenes de odio y discriminación, y ante lo que Amnistía Internacional también se ha mostrado en contra.

No solo en el Perú

Pero nuestro país no es el único en la región en que se presenta este tipo de problemática. En México, uno de los casos más emblemáticos es el de “Miriam”, quien, el 2 de febrero de 2011, fue secuestrada y torturada por soldados mexicanos en un cuartel militar en la ciudad de Tijuana.

Amnistía Internacional ha manifestado que las fuerzas de seguridad de México siguen atacando a personas a las que consideran enemigos, especialmente a aquellas de las que creen que tienen vínculos con el narcotráfico, sin poseer necesariamente pruebas reales. Esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos.

Asimismo, en países como Siria las fuerzas de seguridad y el ejército llevan casi dos años lanzando ataques indiscriminados y deteniendo, torturando y matando a quienes consideran partidarios de los rebeldes. Son hasta 31 formas de tortura las que la organización ha documentado en un informe sobre esta zona del planeta que aún permanece en constante conflicto.