Servindi, 2 de agosto, 2013.- El lider ambientalista Marco Arana expresó su solidaridad con Óscar Mollohuanca Cruz, alcalde de la provincia cusqueña de Espinar para quién una fiscal de Ica pidió diez años de prisión, en lo que calificó una persecución político judicial.

Mollohuanca y los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní fueron acusados el 1 de agosto por los "delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios, apología del delito, y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos".

La denuncia la efectuó María Ley Tokumori, fiscal de Ica, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica y Supranacional de Delitos de Convulsión Social.

La fiscal demandó además cuatro años de prisión para Ezequiel Quehue Choqueccota, Juan Antonio Huaytapuma, Daniel Condori Vilca, Roger Chullo, Caballero y Romualdo Ttito Pinto, trabajadores de la Municipalidad Provincial de Espinar. A estos se les acusa de trasladar bombas molotov en movilidad de la misma municipalidad.

Marco Arana, exigió se den a conocer los avances de las investigaciones fiscales sobre las denuncias de torturas y sembrado de armas a los miembros de la Vicaría de la Prelatura de Sicuani, hechos ocurridos en las intalaciones policiales que existen dentro del campamento minero de la empresa Xstrata.

La acusación contra Óscar Mollohuanca se origina a raíz de haber encabezado las protestas de miles de pobladores de la provincia de Espinar iniciadas el 28 de mayo de 2012 en rechazo a las actividades contaminantes de Xstrata y por la reformulación del convenio marco con la empresa.

Mollohuanca, buscó por diversos medios el diálogo para la reformulación del convenio pero la petición nunca fue atendida, por lo que miles de ciudadanos y sus organizaciones decidieron iniciar acciones de protesta.

La represión policial dio como resultado dos personas muertas, Walter Sencia y Rudeciendo Manuel, sin que hasta la fecha se haya individualizado la autoría de quienes hicieron uso de las armas letales.

Persecución injusta

Arana señaló que Mollohuanca es víctima de una persecución política y judicial por parte del gobierno de Ollanta Humala en represalia por haber buscado reformular el Convenio Marco y establecer mecanismos de fiscalización eficientes a los impactos ambientales de Xstrata.

"A la inconstitucional existencia de fueros judiciales especiales se suma el pedido de la fiscal de Ica de establecer penas draconianas y ejemplarizadoras para que ningún ciudadano o autoridad se atreva más a siquiera cuestionar a las todopoderosas mineras" dijo Arana.

"El hecho es preocupante, porque proyecta sobre las empresas mineras un velo de abuso e impunidad que dificulta los cambios que deben ocurrir hacia mejores prácticas sociales y ambientales" agregó.

Criminalización

Marco Arana, quién también es coordinador nacional de la organización política Tierra y Libertad, denunció que "el gobierno humalista viene endureciendo las leyes de criminalización de las protestas que son claramente violatorias de derechos humanos y fundamentales".

El gobierno "ha desatado una verdadera persecución política contra autoridades opositoras o críticas a la imposición de proyectos mineros y petroleros".

La criminalización intenta reprimir el descontento ciudadano frente a la manera abusiva como se imponen actividades mineras en las que el Estado "deja de cumplir su rol de garante de derechos para convertirse en un aliado subordinado de los grandes inversionistas".

Buscan amedrentar a la provincia

En diálogo telefónico con Noticias SER, Óscar Mollohuanca calificó la solicitud de la fiscal de "abusiva" y que "busca amedrentar a los pobladores de esa provincia.

“La petición de diez años de prisión contra mi persona y otros dirigentes de Espinar tiene una intencionalidad política que está siendo monitoreada desde el propio Gobierno central a fin de intimidarnos, de someternos, pero no lo van a lograr porque nosotros jamás inclinaremos la cabeza ni dejaremos de seguir luchando por los derechos de nuestros pueblos”, respondió el alcalde.

Mollohuanca fue enfático en señalar que probará su inocencia de los cargos de los que se le acusa a él y a los otros dirigentes encausados conjuntamente. “Vamos a demostrar la justeza de la causa de la provincia de Espinar”, señaló la autoridad edil.

Mollohuanca explicó que la acusación se produce en un contexto realmente difícil para él y la provincia de la que es alcalde con el recorte del 92 por ciento del canon minero para la provincia. “Es una situación abusiva y arbitraria la que se ha cometido con Espinar con el recorte del canon minero”, acusó el burgomaestre cusqueño.

“Condena a la municipalidad de la provincia a una parálisis de ejecución de obras, de proyectos que estaban en marcha”, agregó al tiempo que informó que las autoridades de la provincia y el pueblo estaban reuniéndose para decidir las medidas a tomar ante la decisión del Gobierno central.

“Vamos a movilizarnos y a pedirle al Gobierno que venga a la provincia de Espinar a explicar clara y fehacientemente cómo y por qué es que resulta esta reducción del canon" afirmó.

"También que revele la información, las declaraciones de la empresa Xstrata Tintaya en cuanto a sus niveles de utilidades de los años 2011 y 2012. Nosotros hemos analizado la información y hay un margen en las cifras que no han sido explicadas, que están oscuras.” prosiguió.

“Nosotros no vamos a negar que el canon debió reducirse, pero hasta un 50 por ciento como máximo. No hasta el 92 por ciento”, denunció Mollohuanca.

Según el alcalde, se trataría de una represalia porque “algunos ministros están señalando que quienes tenemos posiciones críticas ante empresas mineras, somos calificados de antimineros y que van a hacer todo lo posible por evitar el éxito de nuestros gobiernos, ya sean locales o regionales”, aseveró.