El Supremo argentino inició hoy la segunda jornada de una audiencia pública sobre la ley de medios audiovisuales, que eleva la presencia del Estado y restringe la concentración privada en el sector, y que enfrenta al gobierno de Cristina Fernández y al grupo Clarín. 

En la audiencia, convocada por la Corte Suprema de Argentina, se decidirá la constitucionalidad de cuatro artículos clave de esa norma, aprobada en 2009 pero que se mantiene parcialmente suspendida por una demanda presentada por Clarín, el mayor conglomerado multimedia de Argentina y el más perjudicado por la norma.

Ante los siete magistrados del máximo tribunal se presentaron cinco expertos designados por el gobierno de Cristina Fernández y otros tantos nombrados por el Grupo Clarín. 

Damián Cassino, abogado de Clarín, alertó de las consecuencias de la ley sobre la libertad de expresión en Argentina. Además, indicó que la ley afecta la sustentabilidad del medio ya que, de declararse constitucional, su cliente "no va a poder atender los pagos de deuda ni hacer inversiones y no va a poder operar en el mercado de internet y de televisión por cable".

Como respuesta, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, afirmó que es falso el argumento presentado por Clarín de que la aplicación de la ley hace insustentables a las empresas. "Lo que busca El Clarín es sostener su situación de privilegio para seguir lesionando el mercado audiovisual y desde esa posición dominante condicionar a los poderes públicos y así el rumbo del país", contraatacó.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que su tribunal debía “analizar y decidir” sobre “un caso de trascendencia nacional, que interesa no solo a las partes sino a la sociedad” y que revestía de “gravedad institucional”. Y es a pesar de que Lorenzetti y otros tres de los siete magistrados fueron designados por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), este año él falló contra la principal reforma judicial que impulsaba Fernández, por lo que la relación entre ambos poderes permanece en tensión.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Cámara Civil y Comercial Federal determinó en abril la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley cuestionados por Clarín, pero el Gobierno apeló el fallo. Son el artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma. 

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.

Así, la ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite. Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, con Clarín a la cabeza, están obligados a desinvertir.

Con información de Clarín, El País, Reuters, Efe

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