Durante el primer gobierno de Alan García, en julio de 1986, hubo una matanza en el desaparecido penal "El Frontón", que enfrentó al Estado contra instituciones internacionales que defienden los derechos humanos. Sin embargo, el día de ayer el Tribunal Constitucional determinó que no hubo crímenes de lesa humanidad en tal masacre, librando de un grave juicio al expresidente García afirmando que los sucesos "no fueron organizados por el Estado". 

Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Ronald Gamarra, opinó que las 33 personas procesadas por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales y en las muertes por explosión en contra de 133 reclusos se benefician. 

"Alan García es el gran beneficiado. El TC señala que los hechos no califican de lesa humanidad pues no responden a una lógica de sistematicidad y que el juez de la causa -que abrió el proceso penal- se equivoca pues no está demostrado que en 1986 hubo en otras partes del país ejecuciones extrajudiciales sistemáticas. Esto va en contra de la lógica que todos manejamos y en contra de las conclusiones del CVR y los estudios objetivos de la época, donde las ejecuciones sí eran sistemáticas", afirma Gamarra.

Trascendió también que la sentencia del TC va en contra de lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gamarra dice que se le está tratando de sacar la vuelta a la decisión de la corte.

"El TC dice que continúe el proceso para cumplir con el mandato de la Corte, en el caso Alegría y Durand, entonces se cumple con la Corte pues el proceso continúa, pero en su momento, antes de la sentencia, el TC aplicó la prescripción y así no hay condena para nadie", explicó el exprocurador. 

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