El martes, el Tribunal Consitucional emitió un fallo en el que estableció que la muerte de 133 reos en el penal El Frontón no constituye delito de lesa humanidad. En este sentido, cabe mencionar que esta matanza se produjo en junio de 1986 durante el primer gobierno aprista de Alan García y el proceso judicial es contra 33 miembros de la Marina.

Para Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esta sentencia "es contradictoria y tiene problemas de interpretación".

"El TC dice que el objetivo del operativo (en el penal El Frontón) no fue contra la población civil, entonces sino fue contra una población civil ¿quiénes estaban en las celdas? ¿Acaso una población beligerante? Si seguimos esa interpretación se podría decir que aquí hubo una guerra civil (...) algo que está totalmente descartado", señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

La contradicción, según Silva Santisteban, estaría en el hecho de que no considera la matanza como un delito de lesa humanidad, pero, a la vez, señala que no prescribe. Al igual que el abogado Ronald Gamarra, reconoció el voto singular del presidente del TC, Oscar Urviola Han.

Además, recordó que en este caso hay personajes vinculados al Apra. "En este caso (El Frontón) faltaría establecer la responsabilidad de autoría mediata y aquí hay tres personas muy vinculadas con el Partido Aprista: Agustín Mantilla, el almirante Luis Giampietri y Alan García", dijo.

De igual manera, otro de los especialistas en pronunciarse fue el abogado Ronald Gamarra. Para él, esta decisión judicial está llena de contradicciones y "nos quiere llevar a la impunidad". Si bien los implicados directos en este caso son 33 miembros de las Fuerzas Armadas, Gamarra afirmó que esta sentencia "está escrita para limpiar” a Alan García.

Y como para confirmar las influencias apristas en el TC, el magistrado Fernando Calle aseveró en una entrevista en Canal N que no iba a negar su "convicción aprista". Además, llegó al punto de afirmar que el aprismo es "una escuela de moral, de conducta".

Respecto al fallo, Calle dijo lo siguiente: "[Para que sea delito de lesa humanidad], tiene que haber sido una política de Estado y tenían que caer copulativamente juntas y no por separado (...) Nosotros nos guiamos por el expediente (...) Yo tengo la mejor consideración por la CVR pero está en debate (...) A mí me interesa más la reconciliación que lo que ha sucedido".

Sobre este caso, ver:

- "Las ejecuciones extrajudiciales del Penal de El Frontón y el Lurigancho (1986)" en Informe Final de la CVR.

- "Resumen de Caso El Frontón", por APRODEH.

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