Hay para todos los gustos y colores: en botellas de vidrio, en latas, en botellas de plástico de medio litro, de uno y medio, de uno y tres cuartos, de dos, de tres litros, de naranja, manzana, lima. Y es que el consumo de bebidas gaseosas en México es de 163 litros por persona al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Es más, el informe anual de The Coca-Cola Company señala que los mexicanos consumieron el año pasado unas 650 latas de 355 mililitros por persona. Por lo tanto, podríamos considerar a México como el paraíso oficial de la empresas productoras de refrescos.  

En un país donde más de 52 millones de personas -el 46,5% del total- viven en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la falta de suministro de agua potable obliga a muchas familias a sobrevivir con lo único disponible: la bebida gaseosa. Las consecuencias aterran: siete de cada 10 mexicanos y uno de cada tres niños sufren de sobrepeso. El país es récord en obesidad, solo superado por EEUU. Además, la diabetes es ya una epidemia y ha terminado con la vida de medio millón de mexicanos entre 2006 y 2012.

Conociendo estas alarmantes cifras no parece descabellada la propuesta de reforma fiscal que presentó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto a comienzos de mes con el objetivo de combatir la obesidad y proteger la salud de millones de mexicano: un impuesto especial que grave el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Las familias mexicanas de zonas urbanas gastan entre mil y 1.200 pesos mexicanos en agua potable (entre 90 y 93 dólares), lo que supone más del doble del salario mínimo, cerca de 1.900 pesos mensuales (unos 153 dólares). El impuesto propuesto, de un 20%, -actualmente se paga un 16%- garantizaría ingresos al Estado por unos 12.500 millones de pesos (970 millones de dólares, aproximadamente), que podrían cubrir la falta de acceso al agua potable, según explica Xiuh Tenorio, presidente honorario de la Fundación Mídete. 

Sin embargo, en el paraíso de los refrescos hay mucho en juego, principalmente a nivel económico. Todos sabemos que por la plata baila el mono. La reacción de los gigantes de refrescos ha sido fuerte. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) señala que las ventas podrían caer hasta el 15% si se pone en marcha la medida afectando a 134,000 empleos directos y casi 700,000 indirectos del sector. 

Coca-Cola comercializa en México más de 60 marcas y 400 productos, llegando a concentrar el 75% del mercado  de bebidas carbonatadas a través de las embotelladoras mexicanas Coca Cola Femsa. Por su parte, la estadounidense Pepsico controla el 16% y el restante 9% corresponde a marcas como la peruana Big Cola y Red Cola.

Por lo tanto, no parece tarea fácil sacar la iniciativa adelante. Más cuando los vínculos de la industria de refrescos con las televisoras Televisa, Tv Azteca y Milenio Tv -que tiene el control del 90% de las audiencias-, impiden la difusión de una campaña a favor de gravar las bebidas azucaradas, denunció Alejandro Calvillo, presidente de la asociación civil El Poder del Consumidor.

Aquí el video del anuncio que se han negado a transmitir:

“La mayor parte de la población influida por el duopolio televisivo que tiene una penetración mayor al 90% de los hogares sólo recibe información proveniente de la agresiva campaña de la industria refresquera contra esta política pública y contra la evidencia científica, sin tener acceso a la información proveniente desde el interés público. Las televisoras actúan sólo en beneficio de las refresqueras y en contra del interés público”, señaló el abogado Javier Zúñiga para la Alianza Por la Salud Alimentaria.

Durante más de un mes, los tres medios de comunicación se negaron a retransmitir el comercial, a pesar de que la Alianza por la Salud Alimentaria, conformada por diversas organizaciones no gubernamentales, accedió a colocar el anuncio en cualquiera de los horarios de televisión y conforme a las tarifas ofrecidas por las televisoras. Por ello, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) denuncia que tanto Televisa como Tv Azteca y Milenio Tv están violando el derecho de los consumidores a estar informados, "un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución".

"Los vínculos de estos poderes fácticos es el principal factor que impide a los consumidores su libertad de estar informados ante la iniciativa presidencial" señaló el presidente de la asociación civil El Poder del Consumidor.

Una encuesta de opinión a nivel nacional afirma que 70% de la población mexicana está de acuerdo con un impuesto a este tipo de bebidas si lo recaudado se destina para combatir la obesidad y la instalación de bebederos, informa la Alianza Por la Salud Alimentaria. Por ello, ¿qué es más importante: la salud pública o los intereses de las bebidas gaseosas?

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Con información de The Coca-Cola Company, Alianza Por la Salud Alimentaria, OMS, ANPRAC