En la segunda semana del cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama decidió comparecer ante los medios para mandar un duro mensaje a los republicanos de cuya decisión depende no solo reabrir el gobierno, sino que Estados Unidos pueden cumplir con el pago de sus compromisos financieros. 

El mandatario advirtió que una suspensión de pagos podría generar un "caos" y dijo que dialogaría con los republicanos en el Congreso sobre cualquier tema, pero los instó a aprobar primero un aumento en el límite de deuda sin condiciones.

"No hay ninguna posibilidad mágica que nos permita lidiar con el caos de una suspensión de pagos", señaló. "Los congresistas que dicen que la suspensión de pagos no es mala son irresponsables y ajenos a la realidad", agregó.

En once días, exactamente del próximo jueves 17, la Cámara de Representantes deberá votar sobre la elevación del límite de endeudamiento fiscal.

Aunque Obama dijo que ya existen los votos en la Cámara de Representantes "para que dejemos este drama", alertó de las "catastróficas" consecuencias de una suspensión de pagos si el Congreso no aumenta a tiempo el techo de deuda.

¿Qué sucedería? Que por primera vez en más de 200 años EEUU no pueda pagar sus compromisos financieros, lo que podría rebajar su calificación crediticia y reabrir un nuevo capitulo en la crisis económica que afectaría a todas las economías del mundo.

Más temprano se informó que el presidente Barack Obama llamó a John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes para insistirle a que no negociará en torno a la reapertura gubernamental ni sobre una legislación que debe ser aprobada para impedir que Estados Unidos caiga en mora de pagos. 

El mandatario señaló sobre la reapertura del gobierno que están dispuestos "a aprobar un presupuesto a corto plazo para reabrir el gobierno en niveles de financiamiento actuales"

"No debemos dañar la economía todavía más manteniendo el gobierno cerrado", dijo Obama.

Además, el mandatario defendió que se pague retroactivamente a los más de 700 mil empleados públicos enviados a casa por el cierre del gobierno.