La Mula

enviado por Amnistía Internacional publicado a las 4:02 pm

Hoy en las Naciones Unidas, tras años de debates, una amplísima mayoría de los gobiernos (153 en total, incluyendo el Perú) han acordado un calendario para elaborar un Tratado sobre el Comercio de Armas “firme y sólido” con las “normas comunes más elevadas” para controlar las transferencias internacionales de armas convencionales. Actualmente no existe ningún Tratado internacional sobre el comercio de armas convencionales.

La mayoría de los principales vendedores de armas del mundo –como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania – apoyarán ahora el proceso de la ONU. Diecinueve Estados se han abstenido, pero se espera que se involucren en el proceso. Zimbawe es el único Estado que ha votado en contra.

Durante los debates sobre la resolución, muchos países tomaron la voz y subrayaron la necesidad de que el tratado se base en el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

La campaña Armas Bajo Control –una coalición de cientos de ONG de más 100 países que promueve el Tratado sobre Comercio de Armas– ha acogido con satisfacción el gran avance histórico que hoy se ha producido en la ONU y ha pedido a todos los Estados que negocien un Tratado realmente eficaz. La campaña ha señalado que los gobiernos deben mantener el impulso a fin de garantizar que el Tratado final tenga normas internacionales firmes sobre el comercio internacional de armas.

Los activistas han expresado reservas sobre el procedimiento previsto para la Conferencia de la ONU, que podría dar a cada Estado el derecho de veto sobre las decisiones definitivas en la Conferencia de la ONU. Por otra parte, han advertido de que no debe permitirse que un pequeño número de Estados escépticos secuestren el proceso del Tratado sobre el Comercio de Armas cuando está claro que el mundo quiere un tratado sólido.

“Todos los países participan en el comercio de armas convencionales y comparten la responsabilidad por los ‘daños colaterales’ que causa – muertes, lesiones y abusos contra los derechos humanos generalizados,” ha declarado Silvia Loli, directora de Amnistía Internacional en el Perú. “Ahora por fin los gobiernos han acordado negociar controles internacionales legalmente vinculantes sobre este mortífero comercio.”

El acuerdo tomado hoy supone que un eventual TCA se negociará en una serie de reuniones de la ONU que concluirán en una Conferencia de la ONU en 2012.
“El Tratado sobre Comercio de Armas necesita una ‘regla de oro’ que exija a los gobiernos que detengan las propuestas de transferencias de armas cuando exista un riesgo importante de que vayan a usarse para cometer graves violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra”, ha manifestado Loli, “una regla de oro así podría salvar miles de vidas y proteger los medios de vida de muchos millones de personas.”

La resolución sobre el TCA resalta que el problema de las transferencias internacionales de armas alimentan los conflictos armados, los desplazamientos, el crimen organizado y el terrorismo, así como minan la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

“Los gobiernos llevan demasiado tiempo dejando que las armas circulen sin control, lo que ha provocado dolor, sufrimiento y muertes en algunas de las regiones más empobrecidas del mundo. Cientos de miles de personas mueren cada año a causa de la violencia armada y las armas que caen en manos de delincuentes y responsables de abusos contra los derechos humanos destruyen comunidades y medios de vida de las personas”, ha declarado Loli. “Los gobiernos deben garantizar que las negociaciones hacen honor a la promesa de establecer las normas más elevadas posibles. Se trata de un tema de vida o muerte para miles de personas pobres de todo el mundo.”

* Los Estados que se han abstenido son: Bahrain, Bielorrusia, China, Cuba, Egipto, India, Irán, Kuwait, Libia, Nicaragua, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudan, Siria, UAE, Venezuela y Yemen.

enviado por Jona publicado a las 8:28 am

Una manga de ilusos es lo que somos todos los que creímos que con la sentencia histórica a Fujimori, el gangrenado Poder Judicial por fin iba a levantar cabeza. En ese entonces parecía un paso enorme, un gol de ascenso a primera división. Pero no, parece que no fue más que un “exabrupto” jurídico, un error en las estadísticas de la justicia peruana.

La semana pasada, IDL y la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos hicieron una conferencia de prensa para mostrar que la Sala Penal Nacional en la mayoría de casos de crímenes de lesa humani… err perdón, ni siquiera los califican como tales, ha absuelto a la mayoría de militares juzgados. Es claro que la función de un tribunal no es meter a la cárcel a todos pero algunos de los criterios que se emplean para absolverlos dan pena.

Blog: Golondrinas que no hacen el verano.

enviado por Instituto de Defensa Legal - IDL publicado a las 3:05 pm

Ideeleradio.- El tema del aborto eugenésico no es un problema confesional sino de salud pública, porque existe un conjunto de pronunciamientos de diversas instancias internacionales vinculadas a la supervisión de derechos humanos, respecto del derecho a la vida y del acceso a este mecanismo, aseguró Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Fue al comentar tanto las declaraciones del Cardenal Juan Luis Cipriani, quien refirió que el proyecto de ley que legaliza el aborto por violación sexual o malformaciones congénitas del feto, representa un paso para meter de “contrabando” el aborto, así como el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal (CEP) que señaló que esa propuesta evidencia un falso concepto de calidad de vida.

“Este no es un problema confesional, es un problema de salud pública, en atención al número de personas que se someten al aborto en el Perú en condiciones de clandestinidad, dada su ilegalidad, pero también atendiendo la mortalidad materna producto de estos abortos clandestinos. Y es un tema de derechos humanos, en cuanto existe un conjunto de pronunciamientos de diversas instancias vinculadas a la supervisión de derechos humanos, respecto del derecho a la vida y del acceso al aborto”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Creo que lo que corresponde es que los peruanos tanto los que van a decidir sobre este tema, los congresistas, y los ciudadanos de a pie, entendamos que más allá del respeto a determinada confesión religiosa, este no es un tema de confesiones, sino de derechos. Y ciertamente, las mujeres tienen derecho a acceder al aborto conforme Naciones Unidas”, agregó.

No obstante, Gamarra Herrera reconoció el valor y la contribución de la Iglesia, pero anotó que distinguiendo este factor, el aborto eugenésico es un problema de derechos, no un problema de confesión. Tratados y Comités de Derechos Humanos Indicó que desde el punto de vista de los derechos humanos debemos entender que existe un conjunto de tratados internacionales suscrito por los Estados de manera voluntaria.

Argumentó que su cumplimiento está supervisado por comités, integrado por expertos independientes, los mismos que señalan que las mujeres deben tener acceso al aborto en determinadas situaciones. Precisó que en ese sentido se pronunciaron no sólo el Comité de Derechos Humanos, sino también el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la Mujer, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y del Comité contra la Tortura.

“Las interpretaciones consistentes de todos los comités de Naciones Unidas sobre el acceso al aborto por parte de las mujeres, reconocen que el aborto legal y seguro, resulta esencial para un disfrute y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a los Estados a que prevengan que las mujeres tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida”, explicó.

“Este comité ha recomendado la revisión o enmienda de las leyes que penalizan o restringen el aborto y ha sugerido que se revise la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto y en el caso de Perú, en el año 1996, (dijo) que le causa inquietud que el aborto continúe sujeto a sanciones penales, aún cuando el embarazo sea producto de una violación y por eso el Comité en el caso peruano, señaló que disposiciones que sancionen el aborto producto de una violación, son incompatibles con el derecho a la vida, el de igualdad y el derecho de no ser sometidos a malos tratos y recomendó insistentemente que se revise que se revise la prohibición y sanción del aborto”, añadió.

enviado por Instituto de Defensa Legal - IDL publicado a las 10:47 pm

Ideeleradio.- Las autoridades penitenciarias no deben permitir que el centro de reclusión de la DIROES se convierta en un local partidario de Alberto Fujimori, y tienen que evitar el régimen festivo de visitas de personas que no son sus familiares, afirmó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“No puede haber un régimen festivo de visitas, eso debería cortarse hoy día mismo, no esperar que la sentencia sea ejecutoriada. El número de visitas se sigue manteniendo, por lo tanto decenas de sus seguidores y personas que no son sus familiares ingresan al recinto penitenciario, eso no debe seguir así”, declaró al Programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“No se trata de victimizar a Fujimori, pero tampoco se debe permitir que se haga de ese establecimiento penal, poco menos que un local partidario”, agregó.

Dijo, en ese sentido, que todos los reclusos deben recibir un trato equitativo, en razón de que las personas son iguales ante la ley. Mencionó que la regla de administración penitenciaria y el cumplimiento de la pena deben cumplirse sin excepción.

“No me preocuparía tanto del lugar donde Fujimori está cumpliendo la condena sino por la terminación correcta y justa de los procesos penales, y una vez que se termine de decidir su situación jurídica, recién ahí se podría conversar acerca del lugar que le corresponde cumplir su condena, ahora no es el momento”, apuntó.

Cuadernillos a Chile

El ex abogado del Estado saludó, en otro momento, el anuncio del procurador Ad Hoc Pedro Gamarra, sobre la formación de un nuevo bloque de cuadernillos de extradición para solicitar el juzgamiento de Fujimori por otros casos pendientes. Indicó que todos los casos vinculados a violaciones a derechos humanos tienen que ser necesariamente investigados, juzgados y sancionados.

“Es una obligación internacional del Perú, derivado de la suscripción de los convenios internacionales, así que esos casos tienen que ser objeto de una aprobación por el Poder Judicial, luego enviados a Chile con una ampliación de solicitud de extradición”, explicó.

Audios de supremos deben investigarse rápidamente

Finalmente, Gamarra Herrera se refirió a la existencia de supuestos audios que evidenciarían conversaciones entre magistrados supremos y el abogado Alberto Químper. Opinó que primero se deberían escuchar esos registros, ser derivados al Ministerio Público, para evaluar si de esos diálogos se desprende la presunta comisión de algún delito o algún tipo de injerencia política para resolver algunos casos.

“En general hay que ir con mucho cuidado, sería lamentable que se confirme que efectivamente se ha sostenido conversaciones con magistrados de distinta especialidad, a fin de resolver inadecuadamente los procesos penales, todo debe ser objeto de una investigación rápida por parte de la fiscalía”, enfatizó.

enviado por Amnistía Internacional publicado a las 10:28 am

Cómo la incorporación de normas de derechos humanos al Tratado sobre el Comercio de Armas puede ayudar a proporcionar seguridad real

Una norma viable de derechos humanos para el Tratado sobre el Comercio de Armas

Las transferencias irresponsables de armas que tienen lugar en todo el mundo destruyen vidas y medios de vida. Cientos de miles de personas mueren cada año a consecuencia de actos previsibles y reiterados de violencia armada, exacerbados por la escasa regulación del mercado mundial de armas convencionales. Este mercado del terror también contribuye a que otros cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas sufran heridas, violaciones, desplazamiento, empobrecimiento y negación de otros derechos –económicos, sociales, culturales, civiles y políticos– consagrados en el derecho internacional.

Un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) efectivo será aquel que ayude a proteger la vida, los medios de vida y los derechos de las personas. Deberá salvaguardar la capacidad de los Estados de vender, adquirir y poseer legítimamente armas para garantizar su seguridad, el cumplimiento de la ley y el derecho de legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional y las normas sobre buenas prácticas. Sin embargo, para garantizar la verdadera seguridad, el TCA deberá asimismo impedir que los Estados transfieran armas internacionalmente a lugares en los que existe un riesgo sustancial de que se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos, cuya protección forma parte de las obligaciones internacionales de los Estados. Un TCA efectivo será también aquel que impida las transferencias internacionales de armas a lugares en los que exista un riesgo considerable de que dichas armas faciliten actos reiterados de violencia, como ataques terroristas, violencia de género, delitos violentos y delincuencia organizada, o de que pongan graves obstáculos a la reducción de la pobreza o al desarrollo socioeconómico.

Unos pocos Estados están intentando minar la incorporación de estas normas basadas en el derecho internacional y limitar los tipos de armas convencionales que deberían incluirse en el ámbito de aplicación del TCA. Estas iniciativas ponen en peligro los esfuerzos de la mayoría de los Estados de establecer un tratado con normas que contribuyan verdaderamente a la seguridad.

Este documento se centra en una tarea fundamental de la evaluación de riesgos: en concreto, analiza el riesgo de que las transferencias internacionales de armas convencionales se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos. Presenta las voces y las experiencias de personas y comunidades sometidas a abusos graves, persistentes y sistemáticos contra los derechos humanos y a crímenes de guerra alimentados por el suministro irresponsable de armas. Muestra de qué modo las evaluaciones de riesgos rigurosas por parte de los Estados pueden impedir que las armas fomenten estos abusos. Asimismo, ilustra los tipos de armas y material empleados para cometer tales abusos que deben incluirse en un TCA capaz de proporcionar seguridad real.

Descargar documento

enviado por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicado a las 4:11 pm

Valeska Ruiz Peña y Víctor Alvarez Pérez, responsable del Area Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacen un balance sobre la situación de los principales casos de derechos humanos y su imposibilidad de ser judicializados.

 

 

enviado por Pam Ravina publicado a las 4:31 pm

El abogado Wilfredo Ardito presentó esta semana en el V Encuentro de Derechos Humanos, organizado por la PUCP, su libro reflexiones peruanas. El libro cuenta sus reflexiones en torno a la discriminación en nuestro país. Además, podemos encontrar sus reflexiones en su blog de La Mula.

enviado por Billy Crisanto Seminario publicado a las 9:54 pm

Corría la primera mitad de 1990. Sendero Luminoso estaba en pleno apogeo criminal y el fujimontesinismo respondía con una feroz guerra sucia. Eran los nefastos años de los jueces sin rostro y del soplonaje legalizado. Producto de éste, cientos de inocentes purgaban condena acusados falsamente de subversivos. En esa época, recuerdo haber organizado, a través del Centro Federado de Educación (UNP), una multitudinaria marcha institucional, pidiendo la liberación de uno de nuestros  docentes, cuyo único delito (en las retorcidas mentes fujimontesinistas) era declamar unos versos de nuestro gran César Vallejo. Finalmente se logró su liberación, recibiendo el homenaje y la reparación moral correspondiente.

Hasta aquí la historia se presenta como el triunfo de la justicia sobre la infamia. Sin embargo el hecho tiene complejas secuelas, pues episodios tan angustiantes terminan por afectar la vida de quienes los sufren. Reitero, la naturaleza humana, sometida a grados extremos de tensión, sufre perjudiciales efectos y los cambios de actitud son las manifestaciones observables. Ello explica que, meses después, su carácter se torne exageradamente adusto y desconfiado. Está claro que de ninguna manera ambos rasgos lo descalifican, pero si lo limitan en su ejercicio docente donde la empatía y la templanza son vitales.

El hecho relatado trasciende los ámbitos de la universidad, pues revela los efectos perniciosos de un método (el fujimontesinista) de enfrentar al terrorismo. Como vemos éste se fue al extremo de la represión indiscriminada con un terrible costo en violaciones de derechos humanos. El tema cobra vigencia, pues en las últimas semanas la muerte de miembros de las fuerzas del orden, víctimas de emboscadas y ataques, revela que el Estado se ha corrido el otro extremo, al de una estrategia caótica y pusilánime. Una de las causas de ésta, es la impericia para reconocer una lucha con escenario y actores diferentes. Para nadie es secreto que  los remanentes senderistas han mutado a sicarios del narcotráfico.

La solución no es nada fácil y el Estado debe basarse en dos pilares: un buen sistema de inteligencia para capturar a los cabecillas, y la recuperación del apoyo de las comunidades. Además de la promoción de cultivos alternativos, se debe invertir en vías de comunicación, salud y educación. El objetivo es privar al  narcoterrorismo del apoyo de estas poblaciones a fin de aislarlo para enfrentarlo en su territorio. Viejas recetas para nuevos problemas significan  insistir en el error. Es inaceptable que estos delincuentes hayan pasado de emboscar patrullas a derribar helicópteros militares. Quedarse con los brazos cruzados, es seguir entregando en bandeja la vida de estos peruanos que pagan la ineptitud y la desidia de sus superiores militares y políticos.

enviado por Promsex publicado a las 12:32 pm

Un paso en la defensa de nuestros derechos y nuestras vidas. Viernes 7 de Agosto del 2009 Hora: 6:00 p.m. Lugar: Auditorio Hugo Lubreras Cruz, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Av. Armendáriz 445, Miraflores Comentan: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos / Defensoría del Pueblo / ONUSIDA La Red Peruana TLGB, agradece su gentil asistencia.

enviado por Amnistía Internacional publicado a las 3:19 pm

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 4 de agosto, su honda preocupación por los ataques lanzados el lunes contra el personal de la emisora de televisión Globovisión, y ha pedido a las autoridades venezolanas que inicien urgentemente una investigación exhaustiva e imparcial para garantizar que los responsables comparecen ante la justicia.

Según los informes, un grupo de individuos armados irrumpió en la sede principal de Globovisión el lunes por la tarde, lanzó botes de gas lacrimógeno y atacó al personal y a los guardias de seguridad. Los atacantes se identificaron como partidarios del gobierno.

“Los ataques contra la libertad de expresión son, desde hace mucho, un motivo de honda preocupación en Venezuela”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “El presidente Chávez debe garantizar que se respeta el derecho de los medios de comunicación a ejercer su actividad legítima, incluso cuando esa actividad incluya críticas al gobierno.”

Por otra parte, la Fiscalía General de Venezuela ha presentado un proyecto de ley que convertirá en delito penal la divulgación de “noticias falsas” que provoquen un “perjuicio a los intereses del Estado”, “manipule[n] o tergiverse[n] la noticia” y “atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público [...] [o] la salud mental o moral pública”. Toda persona declarada culpable en virtud de esta ley puede ser condenada a hasta dos años de prisión.

Amnistía Internacional siente honda preocupación porque la ley, si entra en vigor, impondrá restricciones inaceptables a la libertad de expresión en Venezuela.