Se escucha en el Perú el argumento que –dadas las dificultades políticas y jurídicas planteadas por los juicios de derechos humanos- sería conveniente impulsar una salida “sudafricana”, donde los perpetradores de graves crímenes recibieran amnistía a cambio de decir la verdad. Recientemente han especulado en esta dirección los periodistas Ricardo Uceda y Víctor Andrés Ponce.

He escuchado el mismo argumento en varios países de distintos sistemas políticos y legales. En Colombia se ha planteado Eduardo Pizarro a propósito de la desmovilización de los paramilitares de las AUC; en Timor Oriental lo propone José Ramos Horta, buscando evitar las complicaciones diplomáticas de juzgar a militares indonesios por los crímenes contra Timor en 1999; en Sudán, lo ha planteado Mahmood Mamdani, como alternativa a la acción de la Corte Penal Internacional por el caso Darfur.

¿En qué consiste el modelo sudafricano de justicia transicional? ¿Es en realidad una alternativa política y jurídica adecuada?

Conviene distinguir mitología y realidad.

El mito sudafricano es que –liderada por líderes magnánimos- la mayoría negra decidió perdonar a sus antiguos opresores, siempre y cuando los peores perpetradores confesaran abiertamente sus delitos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana, continúa esta leyenda, se convirtió, gracias al canje verdad por justicia, en un espacio de perdón directo entre víctimas negras y victimarios blancos. El énfasis dado por Monseñor Tutu al concepto de reconciliación en sus publicaciones y declaraciones, y la exposición mediática de algunos casos de reconciliación personal ha fortalecido el mito.

La realidad de la política transicional sudafricana, sin embargo, es muy distinta y difiere del mito en (1) su descripción del modelo legal, (2) su historia, y (3) sus resultados.

(1) En cuanto al modelo: la Ley de Unidad y Reconciliación Nacional, que estableció la CVR sudafricana no ofrece el beneficio de la amnistía por la mera enunciación de la versión del perpetrador. Las condiciones eran: entregar información completa y veraz; probar que la acción cometida perseguía un fin político; y demostrar que la acción había guardado proporcionalidad a tal fin. Además, el procedimiento de amnistía tenía lugar en audiencia pública con la posibilidad de que las víctimas y sus representantes interrogasen a los peticionarios. No bastaba por lo tanto con dar cualquier versión.

Al final, de 7,115 peticionarios, sólo se concedieron 1,167 amnistías(*). Quienes no las obtuvieron siguieron purgando pena por sus delitos o bien quedaron pasibles de ser enjuiciados. De modo, pues, que obtener una amnistía no era ni fácil ni frecuente. Convendría que quienes apoyan la receta sudafricana hicieran su tarea y se preguntasen si quienes resultasen elegibles para una amnistía (es decir, militares enjuiciados y subversivos presos) podrían cumplir con las condiciones señaladas antes.

(2) En cuanto a la historia de la CVR sudafricana, es sencillamente falso que la idea de verdad por justicia surgiera espontáneamente de los negociadores de la transición. De hecho, la opción favorecida por los negociadores era la de una amnistía mutua y plena y fue sólo la oposición de las bases del Congreso Nacional Africano, lo que determinó que se optara por un proceso individualizado. Más aún, fue el activismo de las organizaciones de víctimas lo que impuso que el proceso se diese en público, para que los familiares y sus representantes legales tuviesen voz en la evaluación de las peticiones de amnistía.

La consecuencia del mito de una amnistía mutua y generosa tiene una consecuencia muy cruel: es la de asumir que todos deben imitar la actitud de perdón de los líderes políticos y que quienes no lo hacen están, de alguna forma, faltando a un deber moral. Es decir, se le exige a las víctimas perdonar y se las culpabiliza si no lo hacen. Esto es, claramente, inmoral. Todos podemos imaginar o recordar hechos imperdonable: en general, enfrentamientos o decepciones típicas de nuestras pequeñas y sencillas vidas domésticas. Comparemos eso, que consideramos imperdonable, con el sufrimiento de quien ha visto asesinado a un padre o a un hijo, o quien ha sufrido de tortura o violación. ¿Con qué cara se le puede exigir a las víctimas reconciliarse con los perpetradores?

Me ha tocado enfrentar en varias ocasiones este totalitarismo de la caridad. Una de ellas, en el diseño de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Indonesia: se trataba de un mal calco de la CVR sudafricana, cuyo mandato condicionaba la entrega de reparaciones a las víctimas a la obtención de una amnistía para los perpetradores. Esa CVR nunca llegó a ver la luz porque los grupos de derechos humanos litigaron contra ella y la Corte Constitucional anuló la ley que le daba existencia.

(3) Por último, conviene revisar la experiencia sudafricana en cuanto a sus resultados. La promesa de la CVR (y la única motivación para que la amnistía resultase creíble) era que habría consecuencias para quien no postulase y dijese la verdad. Quien no recibiese una amnistía o quien no postulase, sería enjuiciado.

Esto nunca ocurrió. A pesar de que miles de postulantes no recibieron una amnistía, no hubo juicios. Como resultado, los perpetradores que no se acercaron a la CVR terminaron en mejor posición que los que se acercaron y vieron denegado su pedido: ambos siguieron disfrutando de impunidad, pero aquéllos sin ningún esfuerzo.

Más aún, increíblemente, para algunos jueces, la amnistía de los perpetradores implicaba no sólo la exención de la pena, sino la prohibición de mencionar en público los crímenes confesados. En estos momentos, se litiga en Sudáfrica el caso del terrorista Robert McBride, miembro del Congreso Nacional Africano, quien confesó haber puesto bombas en discotecas frecuentadas por blancos y recibió una amnistía. Mc Bride ha logrado en primera instancia ganar un juicio por difamación contra un periódico que le llamó “asesino” y se oponía a que alguien con sus antecedentes recibiese el puesto de director de policía de su ciudad.

La amnistía sudafricana es, por lo tanto, un mito. Desgraciadamente, es un mito seductor que ofrece a ciertos políticos y analistas una salida supuestamente fácil. En la misma Sudáfrica, sus resultados son inciertos e injustos y en el Perú (o cualquier lugar de América Latina) violaría principios elementales del derecho.

Ahora bien, ¿significa esto que toda aplicación de beneficios a perpetradores a cambio de información está siempre prohibido por el derecho, o es ineficaz? Mi respuesta es no. El modelo sudafricano de amnistía plena es, en mi opinión, erróneo; pero no todo beneficio es ilegal o ineficaz.

En la mayoría de sistemas penales del mundo se permite la aplicación de beneficios a cambio de la confesión sincera o la colaboración. En algunos sistemas incluso, como el americano, se permite la completa exención de la pena a ciertos perpetradores menores con el fin de afinar los casos contra los cabecillas de una organización criminal. En el Perú, este sistema existe, aunque requiere de una evaluación muy amplia para determinar si en realidad ofrece suficientes incentivos a los perpetradores y si contribuye a descongestionar el sistema penal.

Este tema, seguramente, requerirá de mayor reflexión en este blog. Pero, por lo pronto, valga este artículo para oponerse al tráfico irreflexivo del mito sudafricano.

(*) Priscilla Hayner. "Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions" Routledge, 2010. pp 27-32.

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