La Estafa del Jockey

Eduardo Villarán señala, desde el palco del Hipódromo de Monterrico, las 12 hectáreas rematadas en el 2000. “Fue un negocio ruin”, dice.

Una fotografía de “Koko Mambo”, el caballo ganador del Derby Nacional 2009, domina la oficina de Eduardo Villarán Aizcorbe. “Corre 60 kilómetros por hora”, dice el propietario del ejemplar. Villarán (75) es ex presidente del Jockey Club del Perú y socio desde hace más de 40 años. “Ha dado una inmensa alegría a los criadores ahora que el club vive uno de sus peores etapas”.

Villarán, a quien sus amigos llaman ‘Conejo’ porque muestra los dientes cuando se ríe, se refiere a la cuestionada venta de uno de los predios comerciales más cotizados de Lima: las 12 hectáreas sobre las cuales se erige el Jockey Plaza Shopping Center.

En los últimos diez años, un grupo de socios se enfrascó en una guerra de comunicados públicos con Amerinvest, hoy Portalia, la compañía que obtuvo la buena pro. En diciembre del año pasado, el Jockey Club interpuso una demanda civil ante el Poder Judicial para anular la venta. En los próximos días, la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por María Palomino Thompson, decidirá si archiva o no uno de los mayores escándalos inmobiliarios que se hayan visto en el país.

“Hablamos de un robo a mano armada, de la estafa del siglo”, sostiene Villarán. La historia tiene como protagonistas al actual secretario del Partido Popular Cristiano, a un marino retirado y a una empresa de extraños vínculos con Vladimiro Montesinos.

LA ASAMBLEA

El JCP fue fundado en 1946. La polla le dio un ingreso considerable, lo que permitió a sus socios adquirir, en 1955, 110 hectáreas sobre las que se edificó el Hipódromo de Monterrico. Pero la proliferación de bingos y timba mermó los ingresos.

En 1995, Villarán fue elegido por tercera vez presidente del JCP y una de sus metas fue devolver el flujo de caja. La Virgen se le apareció ese mismo año. “Dos grupos chilenos nos buscaron. Querían la mejor zona del hipódromo para construir un gran centro comercial. Finalmente, en una asamblea, se decidió arrendarles un lote de 120,000 metros cuadrados. Allí se construyó el Jockey Plaza”, recuerda.

Los empresarios se comprometieron a cancelar una prima de US$ 20 millones y a pagar otros US$ 4 millones al año, indexados a la inflación norteamericana, hasta el 2034 en el que el centro comercial pasaría a manos del JCP. Para entonces, el Jockey Plaza Shopping Center valdría US$ 380 millones, según estimó Villarán.

Pero la ‘gallinita de los huevos de oro’ fue rematada en el 2000, un año después de que Villarán dejara la presidencia del JCP. ¿Qué había pasado?

El almirante AP (r) Francisco Vainstein sucedió a Villarán en el 1999. En su libro “Radiografía de una crisis”, Vainstein afirma que encontró un défict de US$ 25 millones, producto de presuntos malos manejos de la administración Villarán, en la que paradójicamente él mismo había formado parte como vicepresidente.

Las 12 hectaréas sobre las que se erige el centro comercial más grande del país fueron vendidas en US$ 40 millones, a razón de US$ 300 el metro cuadrado, cinco veces menos que su precio real, tasado en US$ 1,500. Se estima que el valor de esos terrenos, en el 2034, será de US$ 380 millones.

El 5 de enero del 2000, Vainstein convocó a una asamblea para plantear la venta de las 12 hectáreas. La asamblea (que se puede ver en YouTube) arrancó a las 2:30 p.m. con la presencia de 1,508 socios. El grueso se opuso a la venta. De pronto, el actual congresista Raúl Castro Stagnaro, socio del JCP, tomó la palabra y abogó por lo contrario. Dijo que “si no se aprobaba la venta al club lo remataban, lo liquidaban. Fue un gran speech. Muy florido, como es él”, recuerda Villarán.

Castro no dijo que era el apoderado legal de Amerinvest Holding INC, una off shore creada en Las Islas Vírgenes Británicas, en 1996. Tampoco que, un mes antes, había enviado una carta a Vainstein proponiendo, a nombre de Amerinvest, la compra del terreno.

Al final la venta fue aprobada por votación. Según el acta de la asamblea, 613 socios votaron por el SÍ y 538 por el NO. De ese número, 448 votos fueron ejercidos mediante cartas poder autorizadas presuntamente por cada socio. La mayoría ya se había retirado.

El 18 de abril del 2000, el JCP convocó a subasta pública. Se presentaron dos postores, Urbi Propiedades, que fue descalificada, y Amerinvest, representada por Castro Stagnaro.

Vainstein aceptó la oferta de Amerinvest por US$ 40 millones, cuando el precio base era de US$ 80 millones y pese a que la sucursal de la empresa no había sido debidamente constituida en el Perú. Esto se hizo recién en junio del 2000, en la notaría del ahora prófugo ex congresista Oscar Medelius.

En la escritura del contrato la cifra subió a US$ 60 millones, pero Amerinvest pidió al Jockey un “saneamiento de flujos adelantados” de US$ 16 millones, producto del alquiler anual del Jockey Plaza.

Amerinvest se sacó la polla. Pagó en realidad US$ 44 millones y, desde el 2000 a la fecha, recibió US$ 107 millones por el arrendamiento anual del centro comercial. En el 2034, el Jockey Plaza será suyo. “Nos burlaron”, resume Villarán, “porque la asamblea debió terminar a las 4 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana. Nos ganaron por agotamiento y por fraude”. Alude al testimonio notarial del socio Carlos Moyano, quien asegura haber falsificado 300 poderes utilizados para validar la venta, en una oficina contigua al JCP. Según su versión, brindada a los abogados del Jockey Club y al periodista Ricardo Uceda, de la revista Poder, la orden le fue impartida por Vainstein, a través de su tío Elías Moyano, gerente hípico en el periodo 1999-2003.

Un peritaje policial confirmó la masiva falsificación. Pero el almirante retirado dijo a CARETAS que “los poderes falsificados son un cuento chino. Carlos Moyano es un delincuente, ha estado en la cárcel”. Castro dijo a esta revista que “Moyano me pidió 3 millones de dólares en el 2006. Y los mismos termocéfalos del club son los que siguen jodiendo con la misma vaina”.

El ex presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y actual secretario general del PPC añadio que el dueño de Amerinvest es el chileno francés Patrice Servant. “Ya no soy abogado de la compañía, pero nos han hecho daño en estos 10 años. Incluso nos acusaron de ser testas de Montesinos”.

Castro se refiere a un misterioso vínculo entre Amerinvest y Perinvest, una compañía utilizada por Luis Duthurburu, ex testaferro de Montesinos. Según los abogados del JCP, Amerinvest movió dinero de la compra de las 12 hectáreas en una cuenta que el Perinvest tenía en el Pacific Industrial Bank. “Esto es un escándalo. Fue una negociación ruin”, lamenta Villarán. “Castro cobra el dinero del arrendamiento cada año y si no lo hace él lo hace su hija. Ahora tiene que devolver el dinero. Que me demande, pero no me callará”. La carrera aún no culmina.