Puno: el Estado no funciona

Publicado: 2011-05-31

El conflicto en Puno continúa, a pesar del acuerdo que suspende temporalmente los petitorios mineros en cuatro provincias del sur de la región, así como del proyecto Minero Santa Ana. Que esto ocurra no es novedad, ya que esa ha sido la dinámica del conflicto durante el gobierno de García. Lo complejo es que estamos en vísperas de la segunda vuelta electoral y una latente amenaza de que no se realicen elecciones en Puno.

En este conflicto hay una demanda real de poblaciones preocupadas por el impacto de las actividades mineras, en una zona en la que no existe minería informal, como señalan alegremente ciertos analistas, sino que por el contrario, la población se dedica a actividades agropecuarias y, por tanto, la presencia de la actividad minera genera cambios –positivos y negativos- en las dinámicas sociales y económicas. Sin embargo esta preocupación no explica las razones por las que fueron atacados el local de Contraloría General de la República, SUNAT y las instalaciones de la Aduana.

Hay quienes aseveran que existe presencia de activistas senderistas, de los “ponchos rojos”, de los reservistas e incluso del nacionalismo. Por ejemplo, Jaime de Althaus considera que esta asonada es producto del empoderamiento de los radicales ante el triunfo de Ollanta Humala en la primera vuelta. Si fuera así Cusco y las 16 regiones en las que triunfó largamente Gana Perú estarían ardiendo en llamas y eso no está ocurriendo.

Las explicaciones hay que buscarlas en el mismo Puno. Una región en la que el contrabando es la principal actividad económica, y en donde conjuntamente con el narcotráfico y la minería ilegal se ha configurado un escenario complejo, con la política permeada por los intereses de poderes regionales poco conocidos. A ello se suma que los dos anteriores presidentes regionales, David Jiménez y Hernán Fuentes, hicieron del gobierno regional un foco de corrupción.

La elección de Mauricio Rodríguez parecía presentar a Puno una posibilidad de salir del círculo vicioso de la corrupción, la ineficiencia y el uso irresponsable del discurso étnico. Este último le permitió grandes titulares a Hernán Fuentes, distrayendo a los medios de comunicación nacional de los actos de corrupción cometidos durante su gestión, dejándole a su sucesor una pesada herencia de obras mal diseñadas, proyectos inviables, gastos excesivos y gran malestar en la población.

Sin embargo, Rodríguez ha tenido poco liderazgo en un contexto adverso, donde la mayoría del Consejo Regional es de oposición –cortesía de una reforma electoral poco pensada por el Congreso- y ha querido imponer una agenda que a lo único que ha llevado es a la agudización de la crisis. Es difícil prever cómo terminará esta lucha de poderes al interior del gobierno regional, pero podría sumir a Puno en otros cuatro años de desgobierno.

De otro lado, el gobierno nacional no solo no atiende los graves problemas de Puno ni contribuye a poner orden en la economía ilegal de la región, sino que ha optado por acelerar la promoción de diversos proyectos de inversión extractiva, sin brindar mayor información ni a la población ni a las autoridades.

A pesar de lo señalado, lo logrado el último sábado no es un mal acuerdo como han afirmado el congresista Yohnny Lescano y el dirigente Walter Aduviri, que insisten en posiciones maximalistas de cancelación de toda la minería en las provincias del sur de Puno. Dicha posición, en un momento de gran polarización a nivel nacional y en vísperas de una segunda vuelta, solo favorece a los “halcones” de los diferentes sectores, es decir, a quienes creen que la única manera de solucionar los conflictos es usando la violencia, y a los “señores del delito” que no solo quieren continuar con negocios ilegales como el contrabando, sino que no han dudado en promover el incendio y la destrucción de información clave para proteger a quienes, como el ex presidente Hernán Fuentes, han sido sus aliados políticos en estos últimos años en Puno.