Contraloría General de la República pretende despedir a más de 4,000 Auditores

Publicado: 2011-06-24

Por:  Graciela Olivetti Olascuaga

NOTA DE PRENSA

La Contraloría General de la República pretende despedir a más de 4,000 auditores de las entidades públicas con una ley anticonstitucional. El propósito a todas luces sería evitar que se investigue al gobierno saliente y colocar a nuevo personal a su antojo.

El Sr. Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la República, pretende despedir a un aproximado de 432 Jefes de Auditoria y 3,591 Auditores,  integrantes de los Organos de Control Institucional (OCI), es decir,  4,023 trabajadores los cuales poseen legalmente  "derechos adquiridos" y estabilidad laboral. Actualmente ya se vienen cursando Cartas de Despido.

En muchos casos, dichos trabajadores auditores cuentan con un capital de experiencia profesional entre 8, 10 ,15 y 20 años de servicio, los mismos que irán a parar a la calle con la aplicación del Artículo 7° de la LEY Nº 29555, Ley que Implementa la Incorporación Progresiva de las Plazas y Presupuestos de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.

El Artículo en mención, es a todas luces ANTICONSTITUCIONAL, al considerar como único requisito el denominado Ingreso por Concurso Público, lo cual sólo es un pretexto que usa la CGR para desconocer los derechos adquiridos y la estabilidad laboral de más de 4,000 trabajadores con amplia experiencia en el Sistema Nacional de  Control.

La Contraloría General de la República de este modo pretende ser juez y parte para determinar o decidir qué casos deberían o no investigarse, y con seguridad dejará de lado, cuando lo desee,  las investigaciones que los Organos de Control Institucional de las Entidades Públicas propongan en base a su experiencia y especialidad, las que siempre han estado desarrolladas en defensa de los intereses del Estado.

Adicionalmente a estas medidas ilegales,  hay que recordar que el actual Contralor  propuesto por el gobierno aprista, tiene además un conjunto de cuestionamientos y actos ilegales que desmerecen su autoridad, como el haberse subido el sueldo él mismo a la suma de S/. 33,100.00 Nuevos Soles, transgrediendo todas las normas establecidas para tal efecto, no obstante que en el concurso para la elección del nuevo Contralor, se puso como requisito que el sueldo máximo que debería percibir era de S/. 15,600.00 Nuevos Soles. Esto ha sido observado incluso por el SERVIR (Máximo Ente Rector del Sistema Administrativo de Gestión de RR.HH. de la Administración Pública) en dos informes emitidos, como consecuencia de este acto ilegal.

Actualmente, son miles los auditores públicos que se vienen agrupando y que están interponiéndo  Acciones de Amparo, con lo cual la carga judicial que se viene contra el Estado  es realmente voluminosa, problema que desde luego heredará el nuevo gobierno entrante por la aplicación de una ley claramente  anticonstitucional, tal cual lo han expresado varios estudios de abogados especializados en temas laborales, quienes la han calificado sencillamente como una "Ley Guillotina".

La forma de evitar esta avalancha de juicios, interposición de Acciones de Amparo y Medidas Cautelares contra el Estado Peruano y evitar sobretodo que se vulneren los Derechos Laborales Adquiridos y dignidad de estos profesionales, es sin duda, dejar sin efecto la aplicación de esta ley anticonstitucional.

Fuente: Prensa Profesional.