La Contraloría refiere que 10,000 funcionarios públicos están  involucrados en presuntos actos de corrupción durante el régimen aprista. Y esa es apenas una muestra, la cara visible que esconde algunos miles de casos más.

¿Significa que el Gobierno de Alan García fue uno de los más corruptos que registra la Historia? No, necesariamente, pues el problema no es de un gobierno u otro sino del carácter patrimonialista y clientelista del Estado peruano. El problema es que siempre se ha considerado la corrupción como un tema criminal y se ha pretendido cercarla como materias propias de dos o tres gobiernos. Así, habrá quienes asuman que la corrupción es un fenómeno del fujimorismo o del alanismo y no un fenómeno sustantivo del Estado republicano, aunque con matices virreinales.

La peor opción es reaccionar ante los casos registrados y creerse el cuento de que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción resolverá el asunto. El tema es la carrera pública o la precariedad de ésta frente a la irrupción de las nuevas administraciones. Cada gobierno maquina los mecanismos para introducir a sus allegados y militantes, tornando al Estado en una agencia de empleos. Es probable que muchos de los concursos públicos sean amañados y acomodados a los perfiles de los aspirantes recomendados. En teoría, hay una carrera pública, pero, a la vez, muchos orificios por donde se suelen colar quienes ven al Estado como un botín y la campaña política como una batalla para apropiarse de la Administración Pública.

Sostengo la necesidad de darle rigidez y permanencia a los cargos públicos y propongo la eliminación de los llamados "CAS" en favor de una estabilidad mayor a través del nombramiento de funcionarios, previas evaluaciones y controles. Esta estabilidad, desde luego, debe acompañarse de una vigilancia permanente y de la garantía de concursos públicos auténticos y monitoreados.

Quizás el problema derive de una mala elección de funcionarios y de un marco institucional demasiado flexible y altamente volátil en lo que a sus servidores se refiere.

Bien que el Contralor registre y ponga en vitrina el número de casos de corrupción entre el 2009 y el 2011, pero interesante sería cruzar esa información con la fecha de origen del cargo público recibido por cada uno de los implicados. Es probable que una alta proporción sean funcionarios que ingresaron, precisamente, bajo el amparo de la anterior Administración. No es más que una hipótesis que pretendo confirmar o desestimar por fin  ¿Será?

PS: Asumo que una porción importante es corrupción municipal. Sería interesante una clasificación desagregada para un análisis mayor.