La Corte Suprema de Justicia del Perú reconoció que se cometieron violaciones a los derechos humanos en el rescate de los rehenes de la embajada de Japón, de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El documento atribuye a Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio el presunto asesinato extrajudicial de Eduardo Cruz Sánchez, miembro del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Sin embargo, comandos Chavín de Huántar niegan los hechos y mencionan que solamente obedecieron ordenes.

Aquí te presentamos la investigación realizada por Ángel Páez y María Elena Hidalgo publicada en el diario La República:

La Corte Suprema de Justicia del Perú admitió que se cometieron violaciones a los derechos humanos durante el rescate de los rehenes al imputar estos delitos a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Roberto Huamán y Jesús Zamudio, de acuerdo con el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó al Estado peruano, documento al que La República tuvo acceso.

La CIDH señala en el Reporte 66/11 dirigido al Estado peruano que los delitos que la Corte Suprema atribuyó a Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio –a quienes atribuye el presunto asesinato extrajudicial del “tupacamarista” Eduardo Cruz Sánchez–, “podrían constituir violaciones de derechos humanos, incluso de lesa humanidad”.

El 16 de agosto de 2002, la Corte Suprema resolvió abrir proceso contra Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio, y pasó al fuero castrense las acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales de terroristas atribuidas a miembros del Comando Chavín de Huántar.

Precisa la CIDH que Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio son “personas ajenas al operativo militar, pero, tal como quedó probado, (están) involucradas en la operación conjunta de rescate de los rehenes (...)”. Es decir, formaban parte de los hechos, no eran individuos al margen de los mismos. Estaban al mando de los ejecutores.

Obedecieron órdenes

“El operativo Chavín de Huántar tenía una cadena de mando en cuyo primer nivel se encontraba el propio presidente Fujimori, en segundo nivel Montesinos y el comandante general (Nicolás Hermoza) y en tercer lugar los mandos de la operación en el terreno, entre los que se encontraba Zamudio”, señala el informe.

Argumenta la CIDH que en el caso de Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio, la Corte Suprema les atribuyó violaciones de los derechos humanos, pero cuando a los comandos se les imputó las presuntas ejecuciones extrajudiciales de “tupacamaristas”, los consideró “delitos de función” y pasó el caso al fuero castrense, que archivó el caso definitivamente, el 23 de septiembre del 2004.

En consecuencia, explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “si el Estado (peruano) ha tenido conocimiento de alegadas ejecuciones extrajudiciales en el marco de una operación militar”, debió velar para que la investigación del caso lo hiciera el fuero común y no la justicia militar, por que ésta “nunca debe investigar violaciones de derechos humanos”.

De manera que el tribunal militar, al cerrar el caso, canceló la posibilidad de que se esclarecieran las imputaciones de asesinatos de terroristas rendidos o desarmados. Según la investigación de la CIDH,  existen indicios de que ocho terroristas fueron ajusticiados, entre ellos Eduardo Cruz Jiménez, Víctor Peceres Pedraza y Herma Meléndez Cueva (ver recuadro).

Nadie se rindió

Dos ex comandos que participaron en la liberación de los cautivos, el coronel EP (r) Hugo Robles del Castillo y el capitán EP (r) Juan Rodríguez Guerrero, dijeron a este diario que no era verdad que los integrantes del Comando Chavín de Huántar perpetraron ejecuciones extrajudiciales en la casa de Aoki.

“La gente cree  que uno está con la serenidad del caso para poder  explicar lo que ocurrió.  Estábamos con la adrenalina  y cuando  entramos la mente estaba puesta en rescatar con vida a los rehenes y para eso pusimos de por medio  nuestra vida.  Por favor, fue una operación militar y por doctrina el ataque es tres a uno y uno ataca según el enemigo  que tiene al frente”, dijo el coronel  Hugo Robles, quien también es abogado.

“Este tema  judicialmente ya está cerrado. En el 2002  hubo  una denuncia y nos procesaron con mandato de detención a 12  militares, entre ellos yo. En el 2004 la Corte Suprema dirimió para que el fuero militar  nos juzgara y fuimos absueltos. Solo quedaron Hermoza,  Montesinos, Huamán y Zamudio.  Esto judicialmente  ya culminó”, explicó.

El capitán Juan Guerrero, que ingresó en la residencia, también desestimó las versiones de ejecuciones extrajudiciales. “Fue una operación militar para enfrentar a terroristas. Fue un combate y no hubo rendidos,  Nos someteremos a todas las investigaciones”, concluyó.

“Estamos dispuestos a volverlo a hacer”

El tipo de ejecución que se practicó al terrorista Eduardo Cruz Sánchez no fue un tipo de acto criminal novedoso durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, recuerda la CIDH: “La forma de su muerte se enmarca dentro del contexto de una política gubernamental que favoreció la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales contra presuntos terroristas”, indica la CIDH.

El ex comando Juan Rodríguez Guerrero demandó que se recordara el espíritu de sacrificio de los combatientes que consiguieron liberar con vida a los rehenes. “Los hombres  que  ingresamos a la residencia estamos dispuestos a volver a hacerlo y si nos tenemos que ir  presos nos  vamos a ir presos. Lo haríamos por la patria. Puede que a usted le  suene masoquista, pero es un sentimiento, es el amor que se le tiene a la patria”, dijo.

Los defensores de los comandos sostienen que el único ejecutado fue el “tupacamarista” Eduardo Cruz Sánchez, “Tito”. Según la CIDH, no fue el único: “Con base en la prueba obrante, es razonable concluir que Víctor Peceros y Herma Meléndez fueron neutralizados por agentes militares, no obstante fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Claves

Otra versión. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ha dicho que no se abrirá proceso contra los comandos de Chavín de Huántar en el fuero civil y que continuará el juicio a Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio por una presunta ejecución extrajudicial

Indicaciones. Eguiguren explicó, además, que  el Estado peruano acata escrupulosamente todas las recomendaciones formuladas por la CIDH.

Días atrás LaMula entrevistó a David Hidalgo, periodista y autor del libro ‘Sombras de un rescate’ (2007) quien nos dio a conocer algunos detalles sobre cómo se desarrolló el rescate de los rehenes en la toma de la embajada de Japón.

-David Hidalgo: “Hubo ocultamiento de evidencias tras la operación Chavín de Huántar”