Sobre el empleo informal en el Perú y su repercusión en la vejez de sus integrantes.

Por Paulo Rosas Chávez y Esteban Monzón Marchand

Los días para Ofelia Sandoval Tejada han sido casi los mismos desde hace 25 años. Levantarse en su casa de Ancón, ir al mercado, comprar lo necesario para el día e ir a su casa a cocinarle a sus hijos, ambos jóvenes estudiantes. Para las cuatro de la tarde, Ofelia ya cocinó, ordenó y limpió la casa; la jornada es, hasta ese momento, similar a la de otros muchos hogares limeños. Pero, en ese momento, el día aún no ha empezado para Ofelia Sandoval Tejada.

Hace 25 años que, en el cruce de las avenidas Garzón y Canterac en Jesús María, Ofelia se dedica a vender panes con hamburguesa, pollo, chorizo y hot dog. Hace un cuarto de siglo que, por querer que sus hijos tengan una educación, Ofelia hace un viaje de casi dos horas desde Ancón, uno de los distritos que limita a Lima por el norte, hasta Jesús María, ubicada en pleno corazón de la capital.

Ofelia Sandoval Tejada tiene ahora 49 años y ha pasado más de la mitad de su vida vendiendo sánguches y le ha ido bien. Pero llegará un momento en que Ofelia no pueda trabajar porque su cuerpo no se lo permitirá. No más viajes de dos horas en microbús. No más “dame una hamburguesa con todo menos ají”. Sin embargo, ella no puede pensar mucho en ese momento ahora. Solo puede esperar que el Estado, en un acto de bondad inadvertido, atine a generar una política pública que le permita tener una pensión en el futuro.

En el Perú, aproximadamente 1 millón y medio de personas tiene o es mayor de 65 años, según cifras del 2007 del INEI. Y, acorde a las estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y de la Oficina de Normalización Provicional (ONP), solo un aproximado de 540 mil personas recibe en una pensión, ya sea de las Administradoras de Fondos de Pensiones del sector privado (AFP’s) o del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Así, casi un millón de adultos mayores se encuentran fuera de estos sistemas y de la posibilidad de recibir una cuota mensual de dinero, llámese elemento básico de supervivencia por estas épocas. Y el motivo de tal situación para estas personas es tan simple como devastador: no haber aportado durante los años de labor una cantidad de su sueldo. Aunque esto suene a castigo razonable para personas desafortunadamente despistadas, a veces, hay que tener en cuenta que estamos en el Perú.

Acorde a las cifras de ENAHO-INEI del año 2009, cerca del 75% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Perú se encuentra en el sector informal de la economía; una cifra que para Miguel Jaramillo, licenciado en economía y experto en economía laboral y seguridad social, “es alta en sí comparada con parámetros latinoamericanos”.

Sin embargo, para Bruce Barnaby, consultor e investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), es difícil establecer estadísticas precisas en lo que el sector informal refiere. Esto por la volatilidad de las personas al pasar de un sector a otro y a la existencia de subempleados, “que son aquellos que sí cuentan con un contrato laboral pero no necesariamente cuentan con todos los beneficios. Inclusive el Estado tiene contratos precarios de trabajo, como es el caso de los CAS (Contratos Administrativos de Servicios)”.

Las personas en el sector informal trabajan pero no cuentan con beneficios laborales básicos, como un seguro de salud, vacaciones remuneradas y, principalmente, la adscripción a un sistema de pensiones que les garantice un soporte económico cuando dejen de laborar. Y son precisamente estos parámetros los que definen al sector informal de la economía.

Esta es una realidad que, a partir de las cifras expuestas, es la generalizada para la población peruana y que, obviamente, tiene efectos claros en la idiosincrasia nacional. Para Jaramillo, “la informalidad es una cosa que tiñe toda la ciudad”. Desde el transporte público hasta el joven que se acerca a ofrecer golosinas. “Esa gente se ha generado su propio empleo, que es informal y sin protección social. Por lo tanto es un empleo de características precarias”, señaló Jaramillo, quien también es Investigador Principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).

Para Barnaby, esta situación se debe a la recesión que sufrió el país en los años 90. “La gente que tenía contratos de trabajo fue despedida porque todo cerró. Ellos tuvieron que salir a las calles a sobrevivir de alguna forma.  A partir de ahí se creó un fenómeno  informal que se fortaleció en ese periodo”, señaló el  también Comisionado del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Berta Huallaga Noriega tiene 67 años, vive en Pueblo Libre y es y será modista hasta que, como siempre repite, “Dios me dé vida y salud”. Hija mayor de una familia huachana, optó por la costura y confección porque le gustaban. En Lima, formó una familia que tuvo que mantener con su ahora ex esposo y, a lo largo de casi 50 años en el oficio de la costura, parece haber encontrado esa curiosa y atípica fórmula del trabajo que se disfruta.

Sin embargo, y como es de esperarse, hay una cosa que teme: el momento en que su cuerpo no le permita seguir cosiendo, remendando y diseñando prendas. Berta Huallaga Noriega no se afilió a ningún sistema de pensiones de joven y eso es algo de lo que se arrepiente. Afortunadamente, alquila algunas habitaciones en la casa donde vive y ese es un ingreso que, más allá de cuánto dinero pueda darle, es vital para los años que le avecinan.

La informalidad en el Perú es un atributo que, en cierta medida, escapa a las clases sociales. Y esto se da precisamente por las dificultades que implica ser formal en este país. Para Jaramillo, “las altas tasas de autoempleo en el Perú, más o menos el 40% de personas, tienen que ver con los altos costos de la relación salarial formal”. Con el régimen dual laboral, que define una normativa distinta para las empresas grandes y para las pequeñas, “hay incentivos claros para mantenerse pequeños, porque ahí los costos son menores. Incluso ahí la sospecha es que hay mucha informalidad”, apuntó el economista.

“En el Perú, primero se hizo el sistema y luego se puso encima a la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que hay en el país en general”, opinó Barnaby, quien también cree que es la falta histórica de empatía entre el Estado y la población la principal causa del alto grado de informalidad.

“El Estado, a lo largo de mucho tiempo, no se ha preocupado por aquellos grupos que significan más que un gasto para la caja pública”, comentó Barnaby, agregando que hoy en día, cuando ya no atravesamos por crisis económicas, es cuando el Estado puede y debe empezar a hablar de distribución. “Las políticas públicas son bastante nuevas y los reclamos también”, precisó. Cabe agregar que la tendencia de afiliación tanto a la SNP como a las AFP’s no ha dejado de aumentar desde el 2001, acorde con la estadística de la SBS.

En este marco, surge el programa “Pensión 65”, promesa electoral hecha realidad del Gobierno de Ollanta Humala que, más allá de la expectativa que generó durante los meses de la campaña, se ejecutará de manera gradual y, específicamente, en la población sumergida en la extrema pobreza. Actualmente, este programa se halla dentro del programa “Juntos” y este dentro del nuevo Ministerio de la Inclusión Social (Midis).

Sobre Pensión 65, coinciden tanto Jaramillo como Barnaby en que su principal propósito debe ser aliviar la pobreza mas no ser un mecanismo sistemático para proveer pensiones a todos los peruanos. Esta clase de programas asistencialistas son útiles en la medida que sirvan para encontrar y hallar soluciones a los problemas de fondo, comentaron.

El destino de las personas inmersas en la economía informal es incierto, para bien o para mal. Sin embargo, en el Perú, la estadística de personas indigentes es proporcionalmente inferior a la de Estados Unidos, según Jaramillo. “Aquí ves muy poca gente durmiendo en la calle. Acá existen redes de soporte familiar intergeneracional que permiten que la gente de edad tenga una vejez, mal que bien, aceptable”, afirmó el Investigador Principal de Grade.

Ofelia y Berta son dos caras de una realidad. La preocupación por el presente, que siempre está ahí, desvió su atención del futuro, que, con el pasar de los días, va reemplazando al ahora con la incómoda verdad. Sin embargo, si bien ambas no poseen una pensión ni están dentro de un sistema de pensiones ni, quizá, exista la posibilidad de recibir alguna ayuda del Estado; sí hicieron algo que valió la pena: invertir en sus hijos, que para ellas serán el mejor sistema de pensiones.

Entrevista a Carlos Zevallos, Supervisor de Plataforma de Servicio de Usuario del programa “Juntos”

En la norma publicada en “El Peruano”, se dice que la vigencia del porgrama será hasta el 31 de diciembre de 2011, ¿Cómo se debe entender eso?

Es un tema que lo tiene que ver la PCM, que supone que “Pensión 65” se va a convertir en Unidad Ejecutora. La Unidad Ejecutora a la fecha es “Juntos”. En buen cristiano, le estamos enseñando a la gente de “Pensión 65”.

Una vez que se cubra a la población en estado de pobreza extrema, ¿el programa seguirá con la población en estado de pobreza?

Llegar a la cobertura total va a ser difícil y hay que entender el procedimiento. Una vez que el hogar es calificado como en pobreza o pobreza extrema, los datos de los adultos mayores que residen en estos hogares son extraídos para el padrón general de “Pensión 65”. Ahí hay una lista de espera y permanentemente el Gobierno Central va ampliando la cobertura presupuestal. Ahora hay 25 902 personas, pero ya tenemos validadas 120 422, es decir, ya tenemos una brecha amplia. En este caso se está priorizando las regiones de Huánuco, Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Puno e Ica, que son las regiones de mayor pobreza.

¿Hay ya algunos plazos de duración en lo que respecta “Pensión 65”?

Eso no lo sabemos ahora. El programa “Juntos” es el que recién está elaborando su manual de operaciones, sus cuadro de personal, los instrumentos orgánicos del programa y su metodología. Lo que se está haciendo es adecuar a “Pensión 65 a los procedimientos de “Juntos”. El programa  “Gratitud” tenía niveles muy pobres de focalización. Lo que se ha hecho ahora es elevar la valla de focalización para que se pueda determinar las condiciones de pobreza en el hogar y el tema de supervivencia, por ser adultos mayores.