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Procuraduría invoca a jueces y fiscales a actuar con diligencia y cumplir con los plazos

Publicado: 2012-01-31

Ideeleradio.- La demora de los operadores de justicia es inaceptable, afirmó el procurador anticorrupción Julio Arbizu, tras exhortar al Poder Judicial y al Ministerio Público a actuar con diligencia y cumplir con los plazos que establece la ley.

Fue al referirse a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) por la que se concede a la Corte Suprema un plazo perentorio de 120 días para tomar una decisión final sobre la situación jurídica del ex ministro de Economía Jorge Camet Dickmann.

“Ya lo hemos afirmado en anteriores oportunidades, hay una moratoria que es inaceptable de parte del Poder Judicial, de parte de los operadores de justicia, que tiene que ver ciertamente con la carga excesiva con la que cuenta el Poder Judicial y los operadores de justicia, pero también, en muchos casos con maniobras dilatorias de los abogados de la defensa y, seguramente, también en algunos casos con un actuar incorrecto o un actuar irresponsable de la defensa del Estado en algunos casos”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nosotros llegamos hace poco menos de cuatro meses y teníamos encima el problema del exceso de carcelería del señor Rómulo León que tuvimos que afrontar en las primeras semanas nuestra gestión y, ciertamente, habían ocurrido 36 meses sin que se pudiera siquiera iniciar el juicio oral. Hay que insistir en esto, hay que hacer una invocación a los operadores de justicia para que actúen diligentemente y se cumplan los plazos, sino van a seguir ocurriendo estas cosas”, acotó.

Comentó, además, que en los casos vinculados al régimen anterior, tales como el de los Petroaudios y Business Track (BTR), se actuó con poca diligencia. Remarcó que hoy en día tienen “controlados algunos procesos que estaban por salirse de control”.

“Pasó en esos casos y pasó en todos, era más evidente en que estos casos en los que había cierto riesgo, como el caso de los petroaudios, en el caso BTR, se había actuado con muy poca diligencia, los abogados a cargo de la defensa o habían actuado irresponsablemente o eran encorsetados por el mismo procurador o por el mismo devenir de las investigaciones de la procuraduría. Y eso nos preocupó muchísimo, hemos tomado medidas y podemos decir que tenemos controlados los procesos y apuntamos a eso”, manifestó.

 

 

 

Buscan declarar insolventes a los que deben reparación | Inicio

Arbizu Gonzales planteó, en otro momento, que las personas sentenciadas por delitos de corrupción sean declaradas insolventes, para obligarlas a pagar la reparación civil. Reveló que su despacho ya inició conversaciones con representantes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que estas personas cumplan con ese pago.

“Ya conversamos de manera informal con el Indecopi para ver si declaramos insolventes a esas personas, y así no puedan acceder a ningún tipo de crédito y obligarlas a revertir esa situación de deuda con el Estado”, subrayó.

El abogado del Estado propuso, además, que las personas sentenciadas por delitos de corrupción tengan que pagar la reparación civil, antes de poder acceder a un beneficio de reducción de penas.

“Se han hecho ya unas decisiones importantes, interesantes, por ejemplo, la promulgación del Decreto Supremo 003- 2012 –Jus que sujeta la posibilidad de la solicitud del beneficio de la redención al pago del íntegro de la reparación civil, es decir, aquel que trabajo para poder finalmente redimir su pena por libertad o estudio para conseguir el mismo objetivo, tendrás antes de beneficiarse con el beneficio de la redención que pagar la reparación civil”, enfatizó.

Añadió que solo los procesados por corrupción que fueron denunciados por la primera Procuraduría Anticorrupción para los casos Fujimori-Montesinos –dirigida por José Ugaz en el 2001– deben cerca de 1,000 millones de nuevos soles por concepto de reparación civil.

 

 

 

Son menos de 2 mil los expedientes | Inicio

Puntualizó que a la fecha, la Procuraduría Anticorrupción realiza un seguimiento de dos mil expedientes, tras recordar que cuando asumió el cargo no se contaba con información certera del número oficial de casos.

“Al llegar por ejemplo, no teníamos certeza de cuántos procesos teníamos, ni cuántos procesados eran, ni cuántos procesados estaban con orden de detención, o cuántos con medida de comparecencia, no había ninguna base de datos certera. Es más, en su momento al pedido de información, se decía que la Procuraduría tenía por competencia casi 2 mil 500 casos solamente en Lima, delitos contra la administración pública […] y haciendo un trabajo [se determinó] que no son más de 2 mil entre expedientes en giro y expedientes en ejecución”, informó.

Apuntó que la Procuraduría Anticorrupción está en reestructuración y que, por ello, se prescindió de los servicios de algunos abogados que no contaban con el perfil de un abogado del Estado, para permitir el ingreso de profesionales de alto nivel que ayuden a agilizar estos casos ante el sistema de justicia.


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Instituto de Defensa Legal

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