Inoperancia estatal alarmante

Publicado: 2012-02-20

Voluntaristas anuncios de inversiones billonarias transmite el gobierno Humalista. Los sectores de las industrias extractivas, minería y petróleo; refinación de éste último; transporte de gas natural y hasta un línea de tren subterráneo está en la cartera del despliegue mediático de los inquilinos quinquenales de Palacio de Gobierno, con muchas aspiraciones de renovación de contrato por 5 años adicionales.

Los agudos críticos de ayer, son entusiastas corifeos de hoy. Lo sienten de los suyos, es decir al que pueden controlar, imponer agenda y celebrar que eche de su lado a sus levantiscos compañeros de ruta de ayer. A eso le llaman “se ha dado  cuenta de cuál es la realidad”, en lugar de denominarlo por su nombre, felonía. Por eso no hay análisis económico y de gestión a tanto anuncio inversor.

Más allá de las posibilidades de la caja fiscal, porque gran parte de los emprendimientos que se prometen son con recursos o endeudamiento público, que nadie ha explicado hasta hoy como se estructurarán, existe otro tema que muy poco se repara, salvo una referencia muy somera del Ministro Castilla, sobre la inejecución del presupuesto público y que se llama inoperancia estatal, salvo honrosas y escasísimas excepciones.

El reformismo que le cambió la cara  a la administración pública, hechura del primer gobierno de Alberto Fujimori y que funcionó como una maquinaria muy bien sincronizada, ha fenecido. Se acabó la generación de jóvenes tecnócratas que le daban dinamismo, muchos se marcharon por mejores salarios hacia el sector privado, quedando unos pocos, hoy envejecidos y de baja productividad, mientras que los nuevos ingresantes están más cerca del favor político que del conocimiento y experiencia.

Hay dos motivos por las que el aparato gubernamental tanto a nivel normativo como de gestión de las empresas, exhibe alto grado de ineficiencia: temor a ser denunciado por la Contraloría General de la República y desconocimiento de las prácticas empresariales globales.

La Contraloría se ha convertido en el gran organismo de terror de la burocracia. De una institución completamente laxa durante el fujimorismo, pasó a ser un aparato de denuncias al por mayor durante el gobierno de Alejandro Toledo, bajo la consigna “acabemos con la corrupción fujimontesinista” se arrasó con tirios y troyanos. Muchas veces se acusó con ignorancia supina, las primeras sentencias condenatorias recién las estamos viendo hoy, acaban de sentenciar con prisión efectiva a un gerente en ejercicio de mercado externo de Petroperú, en un acto arbitrario. Esa inercia de maquinaria de persecución se ha mantenido vigente en los últimos 11 años. Si no se cambia esta situación, lo cual no es fácil ni inmediato, el estado va inexorablemente hacia el inmovilismo.

De otro lado el mundo se ha ido sofisticando en el manejo de herramientas de cobertura de riesgo de precios de commodities, como los “hedges”; en nuevos vehículos de financiamiento como las sociedades de propósitos específicos. A lo que se suma los créditos sindicados, con la participación de Agencia de Crédito de Exportaciones y la mayor importancia que han tomado los bancos estructuradores de deudas. Todas estas cosas son de desconocimiento absoluto o conocimiento solo referencial del burócrata de hoy, porque como el estado ha sido reducido a su mínima expresión y solo se le ha dado capacidad de actuación en rol subisidiario, sus funcionarios nunca lo han practicado.

En un escenario como éste, los deseos de desarrollar proyectos con participación estatal, ya sea como promotor o socio, se estrellarán con unos mandos medios del aparato público que no decidirán, por temor o desconocimiento o ambos. Ese será el destino de ese gobierno, mucho ruido sin mayores logros.