Hace 20 años, un grupo de militares liderados por el general Jaime Salinas Sedó intentaron rescatar la democracia tras el autogolpe de Estado que dio el expresidente Alberto Fujimori. Como resultado, detuvieron a unos militares y hasta el momento, el Estado no cumple el pago de indemnización ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 13 de noviembre de 1992, los generales EP (r) Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Obando Salas, organizaron un intento de restitución del orden democrático, horas más tarde todos los militares fueron detenidos.

"Ninguno de nosotros cometió delito", indica Salinas Sedó a quien condenaron a 8 años de prisión efectiva. Además, pide un juicio para quienes lo secuestraron y torturaron.

Por otro lado, el gobierno indultó a 11 militares menos a Salinas el 26 de mayo de 1993. El general en cargo se sostuvo a la Ley de Amnistía, al igual que los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos.

Luego de que el gobierno de Fujimori terminara, el Ejército siguió tratando a los militares como soldados del enemigo y pese a sus méritos, ninguno ocupó la comandancia general tras reincoporarse en el 14 de mayo del 2001, a pesar de que la Ley 28472 ordenara que fueran ascendidos al grado inmediato superior y sólo dos fueron benediciados.

Hasta la fecha, el Tribunal Militar aún no ha anulado el cargo de delito de rebelión, tal como lo pidió la CIDH, así como los 4 mil dólares que les ofreció el Estado como indemnización en el 2008.