sin ciencia no hay futuro

Víctimas de esterilizaciones forzadas piden que se denuncie penalmente a los responsables

Publicado: 2012-12-07

Integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (AMAEFC) solicitaron hoy al Ministerio Público celeridad en la investigación para dar paso a la acusación penal respectiva, ahora que el caso ha sido reabierto por la existencia de nuevas pruebas que ameritan ser evaluadas.

Convocadas por la parlamentaria andina Hilaria Supa, las afectadas Carmen Mayhua, Irene Chalco, Estela Laime y Sabina Huillca dieron testimonio de lo ocurrido hace quince años cuando personal de salud de la provincia de Anta, Cusco, les práctico una procedimiento de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) sin su consentimiento.

“Gracias al reinicio de la investigación esperamos esta vez que la Fiscalía Supraprovincial de Lima haga la denuncia del caso, porque cuenta con suficiente evidencia para ello”, dijo la vicepresidenta de la organización, Carmen Mayhua, quien rechazó las versiones según las cuales, habrían recibido dinero para denunciar.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, informó que los ex ministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, involucrados en el proceso, presentaron quejas ante la fiscalía para evitar la reapertura de los casos.

“Durante seis años se investigó este caso. El Ministerio Público está en condiciones de emitir una denuncia penal porque lo que existe es más que suficiente. Está determinado el crimen, las víctimas y los responsables”, remarcó Rivera.

Mientras tanto la Parlamentaria Andina, Hilaria Supa, quien convocó a la conferencia de prensa, recordó que en mayo último las mujeres de AMAEFC entregaron a la fiscal Edith Chamorro, más de 50 nuevas evidencias que contribuyen a la investigación del caso.

Cabe recordar que los casos de esterilización forzada son 2,086, cuyos expedientes de investigación suman 16 tomos.

En el 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano repare a la familia de Mamérita Mestanza, quien falleció producto de una mala práctica de AQV, y reabra los casos para formular acusación penal, lo que no se ha realizado hasta la fecha.


Escrito por

Ginno P. Melgar

Esperando un mundo regido por la igualdad con base en las diferencias. @ginnoceronte


Publicado en

Redacción mulera

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