La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lamentó la muerte de dos personas durante un operativo policial de desalojo de mineros informales en el centro poblado de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad.

Mediante un comunicado público, pidió al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, tome las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los cuales rechazan el uso de armas letales para el control de disturbios y acciones de protesta social.

Lamentamos la muerte de los ciudadanos Oljer Fernández Pizán y Joel Rufino Mendoza García (19 años), como resultado de la intervención de las fuerzas policiales en el centro poblado de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad. Ya son 26 el número de muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el gobierno del actual Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

De acuerdo a la información que nos ha llegado de la zona, en la madrugada del día de hoy un contingente de 150 efectivos de la DINOES habría realizado un violento operativo para proteger los intereses del Consorcio Minero Horizonte, ocasionando la muerte de dos mineros informales. Asimismo, se nos informa que al menos cuatro civiles han resultado gravemente heridos como producto de la intervención policial.

Por otra parte, nos informan que la población se encuentra en estos momentos expresando su indignación ante lo sucedido por medio de acciones de protesta en la vía pública, por lo que tenemos que la Policía Nacional realice nuevas acciones de uso abusivo de la fuerza.

Ante esta grave situación, nos hemos dirigido al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, solicitando que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los cuales rechazan el uso de armas letales para el control de disturbios y acciones de protesta social. Del mismo modo, hemos solicitado que tome las disposiciones necesarias para garantizar que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos y los responsables.

Estos hechos se suman a la denuncia de tan sólo hace tres días, cuando un reportero de El Comercio documentó el accionar abusivo de efectivos de la DINOES ante personas desarmadas, en la misma provincia de Pataz. De igual forma, a inicios de semana, Rocío Silva Santisteban denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la privatización de la Policía Nacional del Perú, como resultado de convenios que permiten que la PNP, generalmente la DINOES, alquile su servicio a empresas privadas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Lima 15 marzo de 2013