En los distritos consolidados de nuestra capital, la ciudad de los créditos MiVivienda crece hacia arriba, imparable: una imagen de modernidad y altura ha reemplazado en unos pocos años nuestras referencias visuales y nuestros espacios de convivencia, generando por cierto, nuevas tensiones vecinales y ciudadanas. Tras la intensa neblina limeña, hacia el este, otra ciudad crece, también hacia arriba, también imparable.

El área sur este de Lima es uno de los territorios más dinámicos y problemáticos de la ciudad. Allí se dan el encuentro la expansión este de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo-VMT, en Lima Sur y las jóvenes urbanizaciones de los distritos de La Molina, Cieneguilla y, desde Pachacamac, la mega barriada de Lima, Manchay. No es este únicamente un punto de encuentro físico, sino por sobre todo un llamado de atención sobre nuestra voluntad de convivencia ciudadana. El reiterado anuncio del Sr. Zurek, alcalde de La Molina, sobre su intención de levantar un cerco en su límite con Villa María del Triunfo, y la anuencia de la Sra. Barrera, alcaldesa de esa comuna, nos permite echar una mirada acerca de cuáles son hoy los términos en que los limeños estamos enfrentando este llamado de atención.

Lo que ocurre desde unos años en las proximidades de la línea de cumbres que el Sr. Zurek planea cercar, no es, por lejos, una situación exclusiva entre La Molina y Villa María del Triunfo, ni entre La Molina y sus vecinos pobres. Desde mediados de la década del noventa, todo el crecimiento de VMT gana los cerros del este y ha urbanizado suelo ocupando, y en los últimos años, rebasando cada una de las quebradas que en esa zona conforman el sistema de lomas costeras de Lima. Quebrada Santa María -arriba del cementerio de Nueva Esperanza- , San Gabriel Alto y la Quebrada Paraíso son parte de la mancha urbana que trepa por encima de los 300 m.s.n.m. y alcanza con facilidad, en sus barrios más nuevos, los 560 m.s.n.m. A nadie se le mueve una ceja. No hay grandes discusiones públicas acerca de “las invasiones”. ¿Nos preocupan las invasiones, o nos preocupan las invasiones en zonas donde la diferencia social es notoria, contundente? Mejor: ¿nos preocupan las ocupaciones irregulares sólo cuando se producen al lado de ocupaciones formales? ¿Nos preocupa la ciudad o nos preocupa la propiedad privada?

Hacia mediados de la década pasada, ya era posible llegar a Manchay –cambiando de mototaxi- desde Santa Maria, bajando a la Quebrada El Retamal, hoy ya ocupada. Libre tránsito entre dos distritos. Como ir de Magdalena a San Isidro, o de ahí a Lince, sólo que en un paisaje urbano y social distinto. Y con sus lotes repartidos entre VMT y San Juan de Miraflores, para los barrios de La Nueva Rinconada no se planteó la construcción de un muro que distinguiera dónde acaba uno u otro distrito. La alcaldesa de VMT ha dicho que La Molina está en su “legítimo derecho” de cercar su propiedad, pues el terreno se debe reservar para un Parque Ecológico. Es una manera muy cortés de dejar de lado que el cerco supone, no sólo la protección de un predio –destinado a un espacio público-  sino la securitización de una frontera predial y simbólica. Una mala vecindad.

Es cierto que no existe propiamente continuidad urbana entre VMT y La Molina, pero el desarrollo del Parque Ecológico supone un problema de gestión común, más aún cuando la Municipalidad Metropolitana prevé para toda el área un programa de recuperación de lomas. Si hay una preocupación por la protección de las laderas, ésta no es exclusiva de la Municipalidad de La Molina, que desde 2001 gestiona que estos espacios se consagren a una reserva paisajística, intención consagrada en una ordenanza de mayo de 2012. VMT cuenta con una norma similar para sus cumbres y laderas desde 1997, destinada a proteger el sistema de lomas costeras y a prevenir la expansión urbana sobre los cerros que lo conforman. Ninguna de las dos normas garantiza que estas tierras no sean ocupadas y mientras estos municipios no trabajen juntos en la gestión de los cerros en los que colindan, éstos serán pasto para la actuación de traficantes. ¿Es esta expansión urbana adecuada para la ciudad y los ciudadanos? No. Pero parece que sólo preocupa públicamente cuando supone un acercamiento social entre pobres y no tan pobres.

En los portales de los diarios locales, o en la radio, los comentarios de lectores y escuchas de La Molina y de otros barrios con terrenos asediados por ocupaciones informales –La Molina enfrentó una decena de intentos sólo el año pasado- insistían en que estas suponen un problema de seguridad. Me llamó la atención que en ningún caso se haya hecho mención, como fuente de inseguridad, a una batalla a pedradas entre pandillas –una de las amenazas reales que sufren los vecinos de las partes altas de VMT-. Se trataba más bien de merodeadores, de “desconocidos”. Queda claro que el problema de seguridad pública que pueda producirse en estas zonas no es compartido con VMT: el problema de seguridad es VMT.

El caso, que no es nuevo -La Molina ha levantado cercos en distintos puntos de colindancia con otros distritos, en cumbres o no-, permite aún plantear una pregunta crucial para el gobierno de las áreas donde la ciudad ha crecido vía formación de barrios precarios: ¿Cómo hacer inversión pública para atender las necesidades básicas de las y los ciudadanos de esos barrios, sin alentar la ocupación irregular de tierra urbana sub-estándar? Las Quebradas de VMT, en la última década, han sido un privilegiado foco de atención de programas de inversión en muros de contención y expansión vial, así como de nuevos esquemas de agua y alcantarillado. En lo que respecta a este tipo de expansión urbana, quizá en lugar de pedir que intervenga el Ministerio del Interior, es hora de preguntarse qué está haciendo el Ministro de Vivienda.