El debate por la compra de los activos de Repsol, cadena de grifos y envasadora de gas por Petro-Perú ha tomado un nuevo giro debido a que el gobierno emitió dos normas legales que apuntan a fortalecer la empresa estatal.

El gobierno aprobó la cesión del contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 64, mediante el Decreto Supremo 011-2013-EM.

Como se recuerda, Humberto Campodónico, entonces presidente del directorio de Petro-Perú, gestionó que el lote 64 pase a Petro-Perú tras el alejamiento de Talisman Perú y Hesse Perú.

Campodónico resaltó que la cesión del Lote 64 es un "hecho histórico", ya que representa la vuelta de Petroperú a la explotación del crudo tras 17 años. El especialista sostuvo que con esta medida, los ingresos económicos de Petro-Perú tendrá un gran flujo entre el costo de producción y venta.

Por otro lado, el ex presidente de Perupetro Aurelio Ochoa señaló que con la operación del Lote 64 Petroperú comienza a hilvanar la integración vertical, es decir, el desarrollo de actividades desde la exploración hasta la comercialización.

La otra norma que se aprobó es el Decreto Supremo 012-2013-EM que aprueba el Reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petro-Perú, . La norma ratifica que las sucursales que constituya Petroperú quedan fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Asimismo, cuando Petroperú suscriba contratos de asociación, consorcio, joint venture y otras modalidades, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Sociedades y por los usos y costumbres generalmente aceptados para estos tipos de participación e integración de negocios.

Por otro lado, el ex presidente de Petroperú Alejandro Narváez Liceras consideró positiva la promulgación del reglamento, y recordó que desde 2003 se insiste en que la sostenibilidad de la empresa estatal requiere un marco legal que permita su potenciación en el largo plazo.

Fuente: La República