Artículo escrito por Juan Luis Dammert B. para La Revista Agraria Nº 153

La palma aceitera es un cultivo que, en términos de hectáreas sembradas, es hoy en día marginal entre nosotros si se le compara tanto con otros países de la región —Colombia y Ecuador, por ejemplo— como con otros cultivos sembrados en la Amazonía peruana — por ejemplo, yuca, café y arroz—. En el Perú, a diferencia de sus vecinos amazónicos, no ha habido un desarrollo extenso de plantaciones agroindustriales de gran escala en bosques tropicales. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar, pues el número de grandes proyectos de palma aceitera se viene incrementando vertiginosamente en los últimos cinco años.

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) estima que en la actualidad existen 50 mil hectáreas de palma aceitera sembradas en la Amazonía. Pero en 2013, solo en Loreto, el Gobierno Regional ha reconocido que existen 106,212.6 hectáreas en trámite (sin los permisos necesarios para el inicio de operaciones) para la implementación de proyectos de palma aceitera (ver tabla 1). En el caso de Ucayali, por otra parte, hay identificados dos proyectos adicionales: «Siembra de 4,400 hectáreas de palma aceitera», de Plantaciones de Ucayali S.A.C., y «Siembra de 3,000 hectáreas de cultivo de palma aceitera», de Biodiésel Ucayali S.R.L. (aunque es muy probable que la lista sea mayor). Mientras que en Loreto los nuevos proyectos están en distintos grados de avance en cuanto a trámite, en Ucayali, sorprendentemente, ya se inició la tala de enormes extensiones de bosque en el sector de Zanja Seca, en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

En el caso de los proyectos Tierra Blanca, Santa Catalina, Santa Cecilia y Manití (Loreto), se trata de nuevas inversiones de la principal empresa peruana de palma aceitera: el Grupo Palmas, del Grupo Romero, y son parte de una estrategia de expansión. Para el resto de proyectos, no hay claridad respecto al origen de la inversión, ya que son empresas nuevas, especialmente constituidas para tramitar los predios, y debido a la similitud de sus nombres es posible que se trate de un mismo grupo económico. En el caso de Ucayali, los avances en los proyectos corresponderían a las inversiones de empresas de Malasia, que —según declaraciones del presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez— ya han invertido en cinco mil hectáreas de palma aceitera en la región y están evaluando hacer inversiones posteriores (Diario Gestión, 28 de mayo de 2013). Recordemos que Malasia es el segundo productor mundial de palma aceitera, tras Indonesia (entre los dos producen el 85% del aceite de palma en el mundo), y en el Perú no ha habido, en el pasado, plantaciones de palma significativas por parte de empresas del sudeste asiático.

¿Qué factores explican un interés tan grande para la instalación de cultivos de palma aceitera? Los precios globales del aceite crudo de palma están en aumento sostenido (1), especialmente en los últimos diez años, y el pronóstico es que la tendencia se mantenga. Esto se explica por la creciente demanda de aceite de palma para el mercado de alimentos y por la aparición del mercado de biodiésel. En este contexto, hay una presión, a nivel global, para aumentar las plantaciones, y recientemente se están encontrando límites en la disponibilidad de tierras en el sudeste asiático. El candidato ideal para los intereses económicos de esta expansión, por capacidades biofísicas, es la Amazonía (recordemos que la palma aceitera solo crece en zonas tropicales). Y en el caso de la Amazonía peruana, el crecimiento de la infraestructura de transporte, la abundancia de tierras públicas y el hecho de que el Perú es deficitario en aceites vegetales e importador de biodiésel, hacen que el país sea particularmente atractivo para un desarrollo de la palma a gran escala.

La palma aceitera pone en riesgo a los bosques

Ahora bien, más allá de los motores económicos, ¿el Perú está preparado para regular este proceso y evitar que se destruyan, indiscriminadamente, bosques amazónicos para la instalación de estos proyectos? El discurso oficial es que las plantaciones se realizarán en zonas deforestadas, lo cual, en la práctica, no ocurre así: las zonas deforestadas no cumplen, por lo general, con las condiciones de suelo y de clima, no siempre se encuentran juntas y, más aún, la mayoría tienen dueño. La tendencia es que estas plantaciones de palma se instalen en tierras públicas que casi siempre cuentan con cobertura boscosa.

Pero ¿cómo es posible —legalmente hablando— que se vendan bosques naturales para convertirlos en plantaciones agroindustriales? La única forma es acreditar, mediante un estudio, que la capacidad de uso mayor del suelo (2) concluye que las tierras son aptas para cultivos permanentes, cultivos en limpio o pastos; ello permite aplicar las normas sobre acceso a la tierra agrícola, ya que las normas forestales no permiten la venta de tierras de aptitud forestal, con o sin superficie boscosa. Existe un procedimiento, a través de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (D.Leg. 653), para la adjudicación a título oneroso de predios rústicos mediante compraventa entre una persona natural o jurídica y el Estado. Para los casos de zonas boscosas, la legislación forestal y ambiental impone una serie de requisitos para el cambio de uso de suelos: estudio de suelos que acredite que las tierras son de capacidad de uso mayor agrario y no forestal; obligación de conservar 30% de la zona boscosa del predio; estudio de impacto ambiental; solicitud de cambio de uso de suelos aprobada; entre otros. En la mayoría de casos, los proyectos se tramitan en tierras que han sido categorizadas como forestales. Al no haber un mapa de clasificación de suelos detallado y vinculante, los proyectos requieren un estudio de suelos específico. Estos estudios, curiosamente, casi siempre suelen determinar que las tierras que se presumían forestales eran aptas para cultivos permanentes, cultivos en limpio o pastos.

Con el proceso de descentralización, los gobiernos regionales son responsables de la aprobación de los proyectos agroindustriales que impliquen cambio de uso de suelos y el Minagri opina sobre los estudios de suelos y aprueba los estudios de impacto ambiental (EIA). Sin embargo, el procedimiento y su secuencia no están del todo claros y el seguimiento del Minagri a los proyectos es escaso, mientras que hay gobiernos regionales (como el de Ucayali y Loreto) bastante interesados en promover este tipo de proyectos. Con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) se incluyen los requisitos de concordancia con la zonificación ecológica económica de nivel meso o superior y una opinión vinculante del Ministerio del Ambiente (Minam) para el cambio de uso de suelos; pero esta ley, aprobada en julio de 2011, aún no está reglamentada y, por lo tanto, no está vigente.

Así, ante un boom de proyectos de gran escala que podría triplicar la actual cantidad de hectáreas sembradas de palma aceitera en el corto plazo —reemplazando bosques naturales—, tenemos gobiernos regionales entusiasmados, un Minagri pasivo frente al tema (a pesar de ser el ente que está a cargo del patrimonio forestal) y un Minam que en la actualidad no forma parte del procedimiento. Presumiblemente, el tema será un escándalo cuando los proyectos estén aprobados y aparezcan las imágenes de miles de hectáreas arrasadas para la instalación de plantaciones agrícolas, como fue, hace algunos años, el caso de «Barranquita» en la frontera Loreto-San Martín. Esperemos que no sea demasiado tarde para que el Estado y la sociedad civil le presten a este tema la atención que se merece.

Notas

1 Mientras que en junio de 2003 el precio era de US$390 por tonelada métrica, en junio de 2013 fue de US$763. El precio alcanzó un pico de US$1,250 en febrero de 2011. Para mayor información, ver <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-oil&months=120>.

2 Esta hace referencia a la aptitud natural que presenta el suelo para actividades económicas. La gran mayoría de tierras en la Amazonía peruana son de capacidad de uso mayor forestal.