La polémica surgida alrededor de la ley promulgada en Uruguay que regula la producción y el comercio de la marihuana ha generado una serie de interrogantes, muchas de ellas vinculadas a cuánto se vera afectada la nación oriental por su implementación, tanto en cuestiones comerciales como de seguridad.  

Respecto a este tema, el diario español El País entrevistó a Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas, quien se ha encargado de reunir y analizar las políticas públicas sobre materia de drogas existentes en el mundo para trasladar informes al presidente Mujica y a representantes del poder legislativo.

Uruguay es el primer país del mundo que aprueba una ley de esta naturaleza. Permite la producción, distribución y venta del cannabis, tanto a nivel individual (el autocultivo está limitado a 6 plantas por hogar) como colectivo (los clubes de consumidores tendrán un máximo de 45 miembros y de 99 plantas). La compra, posible solo tras un registro previo obligatorio, será de hasta 40 gramos mensuales, en farmacias autorizadas, para mayores de 18 años y residentes en Uruguay.

Extranjeros, turistas y reventa de la marihuana 'legal'

La ley, cuyo reglamento debe estar listo antes del 20 de abril, es clara: quien quiera registrarse deberá tener la residencia. "Es necesario tener la cédula de identidad uruguaya", apunta Calzada.

Las penas de tráfico y venta ilícita no se han suprimido. "Esto no es una liberalización del mercado, es una regulación", asegura Calzada. 

La ley condena de 2 a 5 años de prisión la venta de los 40 gramos mensuales. Para Calzada no se trata de una hipótesis razonable considerando el dinero que se obtendría: "¿por cuánto dinero asumes ese riesgo? Para ganar 400 dólares, 600 dólares, porque si vendes los 400 gramos a 800 dólares ganarías 400 y te expones de 2 a 5 años de prisión, no parece una hipótesis razonable". Y luego concluye: "Las personas que se dedican al narco se exponen a ese riesgo por lo manos para conseguir eso mes a mes, no anual".

El proceso

Aún está pendiente la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el cual proporcionará las concesiones para el cultivo, así como el patrón de producción y la clase de semillas que se cultivarán.

Las licencias se proveerán a "profesionales que sepan, que den confianza al Gobierno de que va a ser una producción en las condiciones que vamos a plantear", indicó Calzada. 

Como los requisitos exigen que no tengan antecedentes delictivos señaló que se realizará un estudio de aquellas empresas que postulen: "para evitar que eventualmente organizaciones que están en el tráfico ilícito de cannabis se puedan constituir como empresas".

La producción 

Si bien reconoció que no existe una propuesta definitiva para la producción, el funcionario uruguayo espera que para mediados de febrero el tema ya esté cerrado. 

Entre las opciones pensadas están: cosechar permanentemente, con un sistema de invernaderos; establecer una cifra de 4 ó 5 cosechas al año; o una producción estacional, un cultivo que se inicia en noviembre y se recoge en abril.

Según los cálculos de la institución que dirige, son necesarias unas 20 hectáreas para satisfacer la demanda en el país.

El precio 

Se ha estimado en un dólar el gramo, pero no es algo concluyente. Para determinarlo se han basado "en información de la más diversa", desde la policía a centros de tratamiento.

Agregó que existe la disposición de hacer un seguimiento del mercado ilegal y reducir los precios con tal de "evitar la fuga del mercado legal al negro".

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