Silva Santisteban anunció que DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) apelará la resolución del fiscal Marco Guzmán Baca, quien negó la existencia de pruebas suficientes para demostrar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de las mujeres esterilizadas durante los años noventa.  

"Es una decisión lamentable. La denuncia implica a más 2074 mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad. El fiscal ha desechado toda una serie de documentos que no ha considerado en su resolución al archivar el caso, el cual tiene 153 folios de legajo, y en la resolución fiscal no se han tenido en cuenta muchos de los casos ahí planteados. Por eso hemos presentado un recurso de queja para ser tramitado por el fiscal superior y que este ordene la apertura del caso", afirmó.

El fiscal únicamente consideró como crimen de lesa humanidad el caso de la señora Mamérita Mestanza, quien falleció días después de ser esterilizada a causa de una infección generalizada. "El fiscal lo único que ha hecho es acusar a los doctores que intervinieron a la señora Mamérita Mestanza de La Encañada, Cajamarca, y que le produjeron la muerte. ¿Saben por qué solamente acusan a estos doctores? Porque ese caso está en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (...) La Fiscalía no tiene que ser cobarde, hay mucha cobardía entre los fiscales, quienes deciden archivar y archivar, porque prefieren no tener un caso caliente entre manos", manifestó Silva Santisteban.

Por otro lado, señaló que hubo una clara discriminación al momento de elegir a las mujeres para el programa de esterilizaciones implementado por el gobierno de Alberto Fujimori: "Lo que ha quedado evidencia es que el tema de las esterilizaciones se daba con determinados grupos de mujeres, no con mujeres de Miraflores, de Lima, de Magdalena, sino mujeres de Huancabamba, de Anta, de la selva, con mujeres consideradas ciudadanas de segunda clase. Allí ha habido un hecho discriminatorio. A determinadas mujeres les haces una ligadura de trompas y a otras mujeres les recomiendas el uso de métodos anticonceptivos. Eso entra en el terreno de la discriminación directa".

Para la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, el caso se agrava si consideramos el entorno rural en el que vive la mayor parte de las víctimas: "Las mujeres urbanas podemos tener control de nuestra natalidad y tener uno o dos hijos, pero en el mundo andino dejar de tener hijos es una situación muy conflictiva para la familia, porque ésta no es una unidad de consumo, es una unidad de producción, y se requieren brazos para seguir produciendo".

Escucha la entrevista completa aquí: 

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