Delegados de organizaciones sociales de las provincias de Celendín, San Ignacio (Cajamarca), Condorcanqui, Bagua (Amazonas), y Alto Amazonas (Loreto) presentaron alternativas de solución a la problemática generada por el impacto de actividades extractivas y proyectos hidroenergéticos en la cuenca del Río Marañón. 

Las alternativas las dieron a conocer en una conferencia de prensa realizada el viernes 11 del presente mes en la ciudad de Jaén, región Cajamarca.

La misma fue organizada por el Grupo “Construyendo Propuestas”, en el que participan organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la vigilancia de los megaproyectos en la zona norte y nororiental del Perú.

“Con Chadín II comienza la muerte del Río Marañón”

Con estas palabras se refirió Elio Díaz, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, al proyecto Chadín II, a cargo de la empresa AC Energía de la multinacional brasileña Odebrecht.

El proyecto tiene previsto ejecutarse en algunos distritos de las provincias de Luya y Chachapoyas, en la región Amazonas, y en otros tantos de la provincia de Celendín, en la región Cajamarca.

Según explicó Díaz, este proyecto representa la primera de 22 represas que se construirán en el Río Marañón. La obra originará un embalse que provocará el desplazamiento de 21 comunidades, con más de mil 200 afectados.

Asimismo, denunció que actualmente la empresa viene ofreciendo regalos a las comunidades de la parte alta del Marañón a fin de ganarse su aprobación. Advirtió también que “ninguna de las comunidades asentadas en la zona de influencia directa del proyecto ha sido consultada a pesar de existir la Ley de Consulta Previa”.

Destacó, además, que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado en febrero de este año, no contempla compensaciones para los desplazados sino una suerte de “negociación individual”. Y por si fuera poco, el proceso de titulación ha sido encargado a la propia AC Energía.

Supayacu sufre la amenaza de la empresa Águila Dorada

Un caso también materia de denuncia, fue el de la comunidad indígena de Supayacu, ubicado en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca.

Jeremías Unkuch, representante de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), denunció que el proyecto minero Yagku Etnsa, a cargo de la compañía Águila Dorada, pone en peligro la existencia de mil 500 personas de 16 comunidades awajún ubicadas en ambas márgenes del Río Chirinos.

“Se ponen en peligro los recursos hídricos en la cabecera de cuenca del Chirinos; y con ello, la diversidad ecológica –en particular, la pesca- y con ello la subsistencia las únicas comunidades nativas en Cajamarca”, remarcó.

El titular de la ORFAC denunció que en el transporte del personal de la minera han tomado parte unidades de las Fuerzas Armadas. Señaló así que esto viene ocurriendo desde el mes de setiembre del año pasado. Cabe destacar que la empresa tiene previsto realizar alrededor de 20 perforaciones en la zona.

Unkuch denunció, además, que la empresa ha fraguado listas de asistencia a talleres informativos donde figuran autoridades locales; las mismas que luego han desmentido su participación en dichos espacios.

Ejecutivo niega consulta sobre Parque Nacional Ichigkat Muja

Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), denunció a su turno que el Estado ha vulnerado –una vez más– el acuerdo alcanzado mediante consulta previa en el caso del recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor.

Recordó que el Ejecutivo entregó 18 petitorios mineros en la cuenca de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina y Morona; lo que en la práctica implica recortar el espacio de la referida zona de 152 mil a 88 mil hectáreas.

Dicha situación, explicó, afecta el bosque húmedo de montaña, en el cual se desarrollan más de cien tipos de plantas, entre ellas, 40 especies de orquídeas.

Kayap indicó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia de Amazonas les dio la razón a las comunidades. De igual modo, sostuvo que el hasta hace algún tiempo Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) reconoció en 2007 que cualquier actividad alteraría los recursos hídricos, y por ende, la vida de las comunidades awajún de la parte baja de la cordillera.

“Somos personas que queremos vivir en paz de acuerdo a nuestro concepto de Buen Vivir (…), algo tenemos que dejar a nuestras generaciones”, sentenció.

“No queremos un segundo Baguazo”

En tanto, Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), criticó la negativa del Estado de reconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos awajún y wampis bajo el argumento que la norma no es retroactiva para la explotación del Lote 116.

Cabe destacar que ley de consulta previa se promulgó en setiembre del 2011 y que en diciembre del 2006 Perupetro suscribió un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en el citado bloque.

Montenegro explicó sobre los trabajos en el mismo que se comprometen 659 mil hectáreas de las provincias de Condorcanqui, Bagua (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto), donde residen un total de 73 comunidades tituladas (propietarias).

Señaló que las comunidades, que demandan la aplicación del derecho a la consulta previa, han recibido como respuesta la negativa del Ministerio de Energía y Minas (MEM); y del Viceministerio de Interculturalidad, en marzo del 2014.

Por ello, ORPIAN evalúa continuar con las acciones necesarias en la vía judicial; incluso una acción de inconstitucionalidad. “No queremos un segundo Baguazo”, enfatizó.

Construyendo alternativas

A su turno Luz Guillén, coordinadora de la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Loreto, señaló que los casos antes mencionados tienen como rasgo común que se han dado dentro de territorios donde los bosques son vitales para la población.

En ese sentido, sostuvo, resulta indispensable que el Estado promueva instrumentos que impulsen la preservación de dichos espacios sin colisionar con el desarrollo, como la Evaluación Estratégica Ambiental (EEA), el Ordenamiento Territorial y la Gestión de Cuencas.

“Hoy se pretende matar el bosque, cuando éstos son la forma más eficaz de combatir el cambio climático”, enfatizó.

Finalmente, Wilmer Fernández, director de Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), advirtió que la consulta previa constituye un derecho fundamental de los pueblos indígenas y respaldó a Guillén en su pedido por instrumentos de gestión de territorios, con una perspectiva ambiental, participativa e intercultural.

“Ningún nivel del Estado debe plantear proyectos sin el conocimiento técnico del territorio. Es imperativo ejecutar procesos de zonificación económica, ecológica y estratégica; y particularmente, vinculantes para los sectores”, puntualizó.

Cabe destacar que al margen de los instrumentos citados, cada uno de los representantes se refirió a actividades económicas alternativas a la minería, hidrocarburos o hidroenergéticas.

Para el caso de la zona donde se piensa llevar a cabo Chadín II se expuso la propuesta de construcción de minicentrales hidroeléctricas que no tendrían el impacto de un proyecto como el de Odebrecht. Para el caso de Supayacu se destacó el potencial que tendría el trabajar en recursos provenientes de la pesca.

Jeremías Unkuch, de la ORFAC, destacó en otro momento que la comunidad viene trabajando su plan de vida, uno que les permita vivir de forma organizada y sin depredar los bosques.

Cada representante recalcó que en próximas fechas en sus respectivas localidades se desarrollarán encuentros masivos para seguir tratando medidas y mecanismos a fin de persistir en su lucha.