Distintos poderes del Estado, diversas autoridades nacionales y los medios de comunicación vienen denunciando actos de corrupción y violencia en varios gobiernos descentralizados del país, contribuyendo a generar una imagen de desgobierno y arbitrariedad del conjunto de éstos, llegándose a sostener en más de un caso, que es indispensable desandar lo avanzado en materia de descentralización. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) que siempre ha condenado los actos delictivos, la violencia y la corrupción, exige que las autoridades competentes culminen con la mayor seriedad y rigor todas las investigaciones en el más corto plazo, identificando a los culpables y sancionándolos con todo el peso de la ley, diferenciando así, responsabilidades individuales del proceso de descentralización. 

Tras 12 años de iniciada la reforma, no desconocemos sus problemas y los límites de todos los niveles de gobierno, el mayor de los cuales es la continuidad de un Estado e instituciones públicas, diseñadas en un momento de escasez de recursos, que hoy no pueden responder a los desafíos del crecimiento, que son el desarrollo y la inclusión. 

La gestión descentralizada de los territorios, un imperativo de la gestión moderna para el desarrollo y la inclusión, sigue aún postergada, manteniéndose en muchos casos el centralismo histórico en nuestro país. 

Desconocer la corrupción que afecta todos los niveles de gobierno y las debilidades de los sistemas de control en cada uno de ellos, sería irresponsable. Nuestro Estado –nacional, regional y municipal– tiene que reformarse sin temor y sin esconder sus debilidades para lograr mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública, el manejo de los recursos y la provisión de servicios a los ciudadanos. 

Responsabilizar a los gobiernos regionales y municipales de los problemas que atraviesan al Estado del que formamos parte es una peligrosa estrategia de corto plazo que nos alejará más de las expectativas y demandas de nuestros pueblos, pero también de las condiciones que requerimos para mantener la velocidad de nuestro crecimiento y ampliar la inversión privada, requisitos ineludibles para el desarrollo sostenible y la inclusión social que todos anhelamos. Invitamos en consecuencia, a los distintos niveles de gobierno, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a los agentes económicos, a iniciar sin demora el importante trabajo pendiente para construir un mejor país, más descentralizado, desarrollado y más equilibrado. 

Los gobiernos regionales somos respetuosos de las leyes y respondemos con responsabilidad a los distintos órganos de control que pueden y deben llevar a cabo sistemáticamente esta labor. Apoyamos la investigación de todos los casos que sean necesarios, siempre que ésta se realice con la neutralidad y el profesionalismo que les corresponde a los órganos de control y de justicia del Perú.

Lima, 02 de junio de 2014