A fines de abril pasado, el Gobierno central decidió declarar en emergencia sanitaria a las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en la región Loreto. El motivo de esta medida es la afectación a los pueblos indígenas amazónicos y al medioambiente en la zona de los lotes 1AB y 8 como consecuencia de más de cuarenta años de actividades de hidrocarburos. Para informar sobre este tema, el Jefe del Gabinete, René Cornejo, fue invitado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. 

“Atenderemos la problemática de las cuencas y, a su vez, obtendremos una experiencia que se replicará en todo el territorio nacional, pues la voluntad política del actual Gobierno es ejecutar programas con una mirada a largo plazo”, dijo el presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión.

Cornejo fue invitado por este Grupo Parlamentario para informar sobre los avances en la implementación de la consulta previa en las poblaciones afectadas por la explotación de Pluspetrol en Loreto.

El pasado 27 de mayo, Cornejo y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, instalaron la Comisión de Desarrollo de las cuencas. Sobre ello, el Jefe del Gabinete sostuvo que esta Comisión articulará organismos estatales, empresas y representantes de las comunidades indígenas a fin de generar condiciones de desarrollo de forma permanente.

Cuando se hizo la declaratoria de emergencia en la zona, la ministra de Salud, Midori de Habich, puso énfasis en la necesidad de actuar rápidamente sobre la calidad del agua potable para el consumo humano. Al respecto, Cornejo señaló que se implementará la operatividad de plantas de tratamiento temporales de agua potable para que los pobladores de esas zonas puedan tener acceso a ese servicio.

Sobre la consulta previa a los pueblos indígenas, afirmó que “es un instrumento legal que hace efectivo el pleno derecho de las comunidades nativas”. “Estamos seguros que cerrará las brechas sociales y ambientales existentes en la actualidad”, agregó.

Por su parte, la congresista Verónika Mendoza intervino señalando que “sería prudente analizar el derecho de las comunidades indígenas, recogido en el Convenio 169 de la OIT, sobre su participación en los beneficios de las actividades extractivas y en los comité de supervisión”.

De igual manera, la congresista Marisol Pérez Tello resaltó que las poblaciones indígenas de las cuencas “han sufrido la indiferencia e inactividad constante de los poderes del Estado ante sus demandas”. “Sin embargo, hoy en día es preciso hacerle saber que no se oponen a la explotación de hidrocarburos, sólo piden respeto y atención a sus necesidades”, agregó.

Estas declaraciones del Jefe del Gabinete y las congresistas deben ser tomadas en cuenta como el reconocimiento de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de las demandas de los pueblos indígenas de las cuencas, las cuales deben ser atendidas en respeto a sus derechos colectivos y al medio ambiente. Anteriormente, el ministro Pulgar-Vidal ya dijo que "Pluspetrol ha tenido un mal comportamiento ambiental" en la zona.

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