siempre cambia su estado

Camino incaico en Cajamarca (Peru) - © S.Jallade

Otra ruta para el Qhapaq Ñan

A pocas horas de declarar el sistema vial incaico como patrimonio mundial, se comparte un punto de vista crítico sobre diez años de políticas públicas acerca de este símbolo territorial

Sébastien Jallade

Publicado: 2014-06-20

La UNESCO reconocerá en las próximas horas distintos tramos del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino ubicado en seis países latinoamericanos, como patrimonio mundial de la humanidad. No dudamos que este acontecimiento será la oportunidad para una celebración unánime y consensual en distintas partes del mundo, pues difundirá una imagen de unidad y de confraternidad alrededor de un emblema convertido, en pocos años, en un símbolo global colmado de buenas intenciones. Queremos expresar aquí algo de escepticismo.

Primero, un recordatorio: entre un vestigio olvidado de camino incaico en Catamarca, en Argentina, y un camino utilizado por las poblaciones rurales en la región Ancash, en Perú, hay una abismal diferencia. Los retos políticos, institucionales y culturales no son los mismos. El consenso expresado en la inscripción de esos caminos en la Lista del Patrimonio Mundial oculta realidades sociales radicalmente distintas. Lejos de simbolizar la unidad de los países latinoamericanos, el “Gran Camino Inca”, por lo menos en los Andes peruanos, nos evoca todo lo contrario. Es un reflejo de las líneas de fractura que atraviesan el país: las desigualdades entre la costa Pacífica y los Andes, el déficit de infraestructuras, la marginalidad de las poblaciones rurales o la pobreza.

Convendría urgentemente poner fin a la confusión, cuidadosamente alimentada, entre los objetivos científicos que constituyen el fascinante estudio de los caminos incaicos y la puesta en escena del pasado, que revelan sobre todo lógicas políticas en el presente. Hay que afirmar con fuerza que el Qhapaq Ñan se convirtió en Perú en un lugar de memoria, en el sentido dado por el historiador Pierre Nora. Por este motivo, las políticas públicas de memoria empeñadas en nombre de los caminos incaicos, como el "proyecto Qhapaq Ñan", revelan ante todo relaciones de fuerzas entre actores de todo tipo: organismos internacionales, Estados, científicos, instituciones privadas, ONGs, poblaciones urbanizadas, poblaciones vecinas del camino, etc. Los lugares de memoria siempre evidencian lógicas de poder.

En Perú, por desgracia, el "proyecto Qhapaq Ñan" revela prácticas que evolucionan lentamente. El discurso “patrimonial – estatal” no ha sido capaz de asumir los verdaderos retos, ya que evocar los caminos incas, en este país, es también preguntarse por las vías de comunicación que son en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que estos caminos, en las zonas rurales andinas, son utilizados a diario, dando forma a paisajes e insertándose en dinámicas sociales y culturales. Sobre todo, siguen articulando, muy a menudo y de manera informal, parcelas y propiedades.

Detrás de la cuestión de vestigios incaicos aparecen preguntas mucho más importantes: la propiedad de la tierra, organización del territorio, catastro rural, entrega de títulos de propiedad, acceso a las infraestructuras. En el momento que el "proyecto Qhapaq Ñan" peruano, obsesionado por el dogma de la intangibilidad del patrimonio, implementa estrategias de zonificación de los caminos incaicos, es sorprendente que no intente buscar respuestas a esas preguntas. No se podrá proteger los caminos incaicos, a largo plazo, sin reforzar al mismo tiempo los derechos de las poblaciones que los recorren todos los días. Este debate se puede plantear a través de una pregunta simple y voluntariamente provocativa: ¿cómo pedir a un campesino conservar un camino incaico cuando el mismo Estado no le asegura formalmente derechos inalienables sobre la parcela en la cual vive desde muchas generaciones atrás?

Recordemos que 13 a 16 % de las comunidades campesinas y nativas en Perú no cuentan con títulos de propiedad. Y entre las tituladas, la inmensa mayoría no tienen linderos delimitados, favoreciendo conflictos al nivel local así como una vulnerabilidad territorial permanente[1]. También recordemos las nuevas amenazas que afectan el derecho de propiedad: la concentración de las tierras, la liberalización, la actividad minera. Un hecho entre otros: el 21.02% del territorio peruano se encontraba bajo concesiones mineras en el 2013[2]. Las regiones más pobres del Perú, en los Andes rurales, son también las más amenazadas: 52,33 % del territorio de Huancavelica, 57,79 % de Ancash, o 63,92% de La Libertad . Según el observatorio de conflictos mineros en el Perú, en 2013, 48,6% del territorio de las comunidades campesinas se superponía con la minería. Esas cifras son extravagantes.

Los derechos de propiedad de la población rural andina no son los únicos afectados: cuando observamos en un mapa la ubicación de concesiones mineras y la del Qhapaq Ñan, nos damos cuenta que tramos enteros del “camino principal andino” atraviesan territorios amenazados, incluyendo segmentos que van a ser nombrados como Patrimonio Mundial por la UNESCO o también tramos del famoso Inka Naani, en Ancash: es el caso de casi 100% del segmento de camino incaico entre Castillo y Ayash (Huachis, Ancash) o de casi 100% del camino en el sector de Las Escalerillas (La Libertad). Pero también la mayor parte de la ruta inca en la Pampa de Junín (meseta de Bombón).

Como lo acaba de subrayar el Banco Mundial[3], por falta de una real voluntad política, el Estado Peruano carece de “una base catastral homogénea”. El Perú tiene un retraso importante en la digitalización de sus datos, particularmente en el campo cartográfico. La ausencia de coordinación entre las diversas entidades del Estado crea una lógica de “superposición de derechos”. En numerosos casos se han asignado derechos sobre tierras que pertenecían a las comunidades. Títulos de propiedad, concesiones mineras, concesiones forestales, patrimonio arqueológico, todo se amontona, creando un embrollo contradictorio y explosivo. De ello resulta una práctica antidemocrática que favorece los conflictos, es decir, “la ley del más fuerte” en la cual las poblaciones locales terminan siendo las más afectadas.

A las amenazas sobre el derecho de propiedad de las poblaciones rurales, se agrega otro factor negativo para el futuro de los caminos incaicos en el Perú: la desconexión cada vez más pronunciada entre los caminos rurales y las dinámicas territoriales de las regiones a las que atraviesa. Si analizamos los pocos datos actualizados de predios rurales ubicados alrededor del Qhapaq Ñan, por ejemplo en La Libertad, nos damos cuenta que la mayor parte de las parcelas tituladas últimamente se articulan en relación a las carreteras modernas, generalmente construidas hace pocos años. Los nuevos títulos de propiedad ignoran por lo general las antiguas vías de comunicación que, en muchos casos, son utilizadas a diario por los campesinos. Valdría la pena analizar la relación de esos datos de manera más profunda. No obstante, parece vital, en cualquier política de conservación relacionada con el Qhapaq Ñan, no aislar estos caminos de las dinámicas territoriales locales. ¿Cuáles son las respuestas posibles?

Tomemos el caso del delicado tema de la tenencia de la tierra: ¿por qué no usar el Qhapaq Ñan para fortalecer el derecho de propiedad? ¿Por qué no utilizar los caminos incaicos como eje integrador de la formalización de la propiedad comunal donde sí es factible? Al asociar la preservación del Qhapaq Ñan a la delimitación de parcelas, al saneamiento de los límites comunales o a la protección de la propiedad (entrega de títulos de propiedad, cartografía de predios rurales, etc.), podríamos volver a dar, si no es un uso, por lo menos una función social simbólica a estas vías de comunicación. La amplitud de la extensión de miles de kilómetros de caminos a proteger va en ese sentido, en dar y recibir en un intercambio mutuo mediante el cual todos resultaríamos ganando: la intangibilidad del patrimonio versus la inalienabilidad de la tierra.

Nada asegura, por otro lado, que aquellas propuestas sean realizables. Sin embargo, debemos asumir el reto de reconciliar el Qhapaq Ñan con el presente. Nos enfrentamos a un conflicto de representación y de uso: al deseo patrimonial de poblaciones mayormente urbanizadas que proponen un uso lúdico, estético y turístico del territorio, cuando en realidad es momento de tomar en cuenta los intereses de las poblaciones rurales, para quienes el camino tiene, antes que nada, una función social. Si fingimos ignorar esta realidad, las políticas de conservación de la herencia incaica de los caminos están condenadas al fracaso. Recordemos que cada año, tramos enteros de caminos son destruidos (en el 2013, 6 kilómetros fueron dañados en Junín, como también distintos segmentos del Qhapaq Ñan en La Libertad y en la región Lima, muchas veces a causa de los propios habitantes). Por ahora solo podemos medir la brecha existente entre el esfuerzo político, mediático, financiero, técnico y humano invertido en el "proyecto Qhapaq Ñan" y el déficit de reconocimiento social y jurídico de las comunidades nativas y campesinas que viven al lado de este nuevo símbolo patrimonial. Esta diferencia nos compromete a todos: ciudadanos, funcionarios, científicos, académicos, caminantes apasionados. No nos equivoquemos de ruta: el valor de los caminos reside sobre todo en quienes los recorren diariamente.

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Fuentes:

[1] 68% de las comunidades no tienen un título de propiedad georeferenciado. En: “Tierras y Derechos” (CEPES, International Land Coalition, OXFAM): http://www.observatoriotierras.info/monitoreo/14447. Vease también: Retablo n°52, Asociación SER, Lima, julio-Agosto 2013.

[2] Cuarto informe cartográfico sobre concesiones mineras en el Perú, junio 2013, CooperAcción.

[3] Marco de Evaluación de la gobernanza de la tierra en el Perú, LGAF 2013, Vol. 1, Banco Mundial, 2013. Documento de trabajo.


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Los caminos de la memoria

Pasado, presente, cultura, derechos humanos, identidades en conflicto: exploramos los procesos de construcción de la memoria en Perú.