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Defendiendo la vida… pero en serio

Publicado: 2014-07-10

Previsible –pero de todas maneras chocante– la beligerancia de algunos miembros de la jerarquía católica contra el protocolo de aborto terapéutico. Esta obligación del Estado estaba pendiente desde hace 90 años, por lo que es importante que se haya dado finalmente este paso. A estas alturas, y habiendo pasado tanto tiempo, esto tiene básicamente valor simbólico, pues como lo ha indicado la ministra de Salud, Midori de Habich, no pasarían de 20 o 30 casos al año en el país.

Pero lo que indica la adopción del tan diferido protocolo, más allá de la posible estadística, es una recta concepción de que los asuntos que conciernen a las políticas públicas son resueltos por la autoridad nacional y no por las instituciones religiosas, las que tienen su propio, específico y respetable campo de acción. Lamentable, muy lamentable, otra vez, la actitud intolerante y autoritaria del cardenal, quien llega incluso a anunciar las brasas infernales para la ministra de Salud y otros funcionarios del Estado. Sobran comentarios sobre esa actitud, tan reiterada, de confrontación y amedrentamiento tan poco cristiana.

No sólo el sentido común sino, en particular, el derecho nacional e internacional le dan un sólido sustento a este paso que, en este aspecto, saca al Perú de las cavernas. El Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de las personas y, en lo que atañe a este asunto, de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal.

No sirve ni servirá de excusa el “veto” que pudo haber impuesto una autoridad eclesial para excusar o atenuar esa responsabilidad. De manera que, si por el temor reverencial ante una autoridad religiosa un Estado se abstiene de dar los pasos necesarios para garantizar los derechos, ese Estado y sus autoridades responderán constitucional e internacionalmente por su omisión.

En este asunto de la vida y la procreación las posiciones que suelen tomar ciertos sectores de la iglesia Católica destacan por su inconsistencia. Así, en nombre del “derecho a la vida”, se considera que no debería permitirse la interrupción del embarazo, aunque estuviera en peligro la vida de la madre. Difícil sostener tamaña contradicción, máxime que, por lo general, la madre cuya vida se postula sacrificar suele ser madre a la vez de otros niños y niñas que requieren de su cuidado y atención.

La misma contradicción es la que se observa con la oposición eclesial a métodos de reproducción asistida como la Fertilización in Vitro, gracias a la cual hoy viven en el mundo más de 5 millones de personas que no podrían estar respirando, caminando, amando y reproduciéndose, si sus padres no hubieran podido hacer uso de este método científico irracionalmente vetado. En nombre de la vida, pues, esos 5 millones de personas no tendrían que vivir.

El Perú se ha visto ya sentado en el banquillo en varias ocasiones por afectar el derecho a la vida de madres en situaciones de grave peligro y amenaza. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, por ejemplo, que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. En el caso K.L. vs el Perú, del 2003, el Comité resolvió que al haberle negado el aborto terapéutico a una mujer, pese a que la continuación del embarazo ponía en grave peligro su vida y su salud mental, se estaba produciendo un trato cruel, inhumano y degradante.

En otro caso, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hace tres años en el caso L.C. vs Perú encontró culpable al Estado de violar los derechos de una niña a quien se le negó una intervención quirúrgica trascendental. Fue sólo después de que tuvo un aborto espontáneo que los médicos estuvieron dispuestos a realizarle la cirugía siendo operada casi tres meses y medio después de que se decidiera la necesidad de la intervención. La niña quedó gravemente incapacitada después que se le negó el aborto terapéutico. Algo así no podrá repetirse.


Escrito por

Diego García Sayán

Abogado. Ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia.


Publicado en

Pisando fuerte

Miradas globales enfocadas sobre derechos, sociedad y medio ambiente.