Atentado contra la vida. Cientos de pacientes con VIH de Lima y el Callao, realizaron, hoy un plantón para exigir al Ministerio de Salud (MINSA) que de inmediato disponga del abastecimiento en todos los centros de salud de los antirretrovirales Abacavir y Tenofovir, utilizados en el tratamiento que otorga el Estado de manera gratuita.  

La falta de estos antirretrovirales ha ocasionado que los pacientes hayan tenido que dejar de tomar sus tratamientos o, en algunos casos, se han visto obligados a cambiar su medicación, lo que perjudica gravemente su salud. Por este motivo, miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil, que velan por la salud de los pacientes, así como asociaciones de pacientes con VIH acudieron, hasta la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud- del MINSA, para exigir el cumplimiento de la Ley 28243, que establece la gratuidad del medicamento y su entrega oportuna, para mejorar la salud de los pacientes.

De acuerdo con el sistema de vigilancia que realiza el colectivo GIVAR, se han reportado más de 9 denuncias en las últimas semanas de usuarios de los Hospitales Nacionales Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, Cayetano Heredia, San José y Daniel A. Carrión, estos dos últimos ubicados en el Callao.

Marlon Castillo, coordinador de GIVAR, indicó que además de los hospitales, algunas ONGs, que brindan el servicio de TARGA – Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad- que provee el MINSA, tampoco tienen estos antirretrovirales. “Información recibida del número de usuarios que siguen terapia con Abacavir y Tenofovir, podemos calcular hay más de 1, 500 personas afectadas por el desabastecimiento sólo en dos hospitales del país”, denunció.

Castillo, advirtió que lo más preocupante de esta situación, es que han empezado a cambiar las terapias de los usuarios, sin evaluación médica previa, lo que contraviene con las recomendaciones del comité de expertos en VIH del MINSA, que dice que esta situación no está permitida.

“Al parecer, el problema radica en la falta de una política de contingencia, frente a los procesos de compras que sufren retrasos por impugnaciones y trabas administrativas, que terminan poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas con VIH, que de por sí son vulnerables” dijo Castillo.

Caso Atazanavir

Por su parte, Javier Llamoza, miembro de AIS-RedGE, exigió a las autoridades del sector a que utilicen todos los mecanismos legítimos disponibles que asegures el uso eficiente de los recursos públicos y el abastecimiento oportuno, pues existen antirretrovirales en monopolio y son adquiridos a precios exorbitantes.  

Precisó que en el caso del medicamento Atazanavir 300 mg, el Estado paga por tableta veinte veces más que la versión genérica, originando un sobregasto de 26 millones de soles por año y, hasta que venza la patente, se pagará más de 130 millones de soles, recurso que bien podría servir para adquirir medicamentos, insumos o estrategias que amplíen la cobertura para las personas con VIH.

“Las organizaciones de la Sociedad Civil hemos solicitado desde diciembre del 2013 una licencia obligatoria para Atazanavir, que permita el ingreso de medicamentos genéricos de calidad, disminuya el precio y haga eficiente el uso de los recursos, pero hasta el momento estamos esperando una respuesta oportuna de parte del Gobierno”, expresó Llamoza.