La protagónica participación de las mujeres en los asuntos de interés público en aras del bien común, no es un dato nuevo, como tampoco lo es la persecución implacable que han sufrido aquellas mujeres que en ese intento, se atrevieron a romper los cánones establecidos a lo largo de los siglos de patriarcado que registra la historia de la humanidad.

En la antigüedad clásica, el caso de Hipatia de Alejandría (Egipto, siglo IV a.e.c.) resulta emblemático: por el hecho de haber superado a los varones de su época en conocimientos científicos (matemáticas, astronomía, filosofía y otras ciencias), haberse atrevido a compartir libremente sus conocimientos con jóvenes dispuestos a aprender; además de investigar e inventar nada menos que el primer aparato para destilar el agua, entre otros valiosos aportes; terminó asesinada, siendo sus obras destruidas por quienes decían representar a dios y el orden. Ella además de sabia, era no creyente.

La imagen estereotipada que se tiene de la mujer, es una de las marcas casi indelebles de la mitología griega y de la tradición judeo-cristiana, de enorme influencia en la cultura occidental (presente también por cierto en otras culturas y religiones), que naturalizaron la idea de la inferioridad de la mujer, para reducir su campo de acción a la esfera privada, asignándole roles subalternos, estableciendo así su dependencia respecto del hombre, la economía y el estado.

Fueron los más grandes pensadores y filósofos entre ellos Platón y Aristóteles (no por grandes, menos misógenos) los que, en defensa del régimen patriarcal, consagraron la idea del sexo débil al referirse a la mujer, idea que sus seguidores modernos y contemporáneos expresaron de muy variadas formas, para seguir reproduciendo un sistema torpe, por ciclópeo: que ve y gobierna el mundo con un solo ojo, al prescindir del aporte de la mujer. Allí se anida la debilidad de las democracias antiguas y contemporáneas.

La violencia contra las mujeres ha sido históricamente el principal dispositivo del que se han valido, quienes desde oscuros poderes intentan conservar el “establishment” antropocéntrico por antonomasia. Y, aunque el movimiento internacional de mujeres ha logrado avances importantes en su lucha por iguales oportunidades respecto de los hombres, particularmente en el reciente siglo y, varias mujeres latinoamericanas han llegado a ocupar ya la presidencia de sus países, gracias al activo apoyo electoral de sus congéneres; en el Perú hay quienes pretenden no entender este proceso y se siguen ensañando contra las mujeres (autoridades y funcionarias entre ellas) que buscan – con todo derecho- hacerse de una carrera política, sin tener para ello que involucrarse con los poderes fácticos.

Un breve análisis crítico del discurso que se difunde a través de algunos medios de comunicación principalmente capitalinos, permite establecer que se dedica más espacio, tiempo y recursos, a contenidos sensacionalistas y especulativos contra determinadas autoridades, funcionarias y personalidades mujeres (generalmente progresistas) con el claro propósito de destruir su imagen, y por consiguiente sus carreras políticas, lo que contrasta notoriamente con el silencio o la escasa cobertura que los mismos medios dedican a los realmente graves problemas de corrupción que compromete principalmente a funcionarios varones, entre ellos ex presidentes de la República, congresistas, presidentes regionales y no pocos alcaldes en ejercicio; lo que resulta por lo demás muy sospechoso. Un reciente estudio a nivel nacional, realizado por conocidas instituciones no gubernamentales, revela que al menos dos de cada cinco mujeres peruanas que ejercen como autoridades, manifiestan haber sido víctimas de acoso político, con violencia psicológica, hostigamiento sexual, difamación y otras formas de maltrato emocional, moral y hasta físico. Es probable que la violencia de género contra la función pública femenina, sea aún mayor, ya que al no contar con las garantías pertinentes, no son pocas las mujeres que se abstienen de denunciar estos graves hechos.

Esta violencia ejercida sistemáticamente contra una persona solo por el hecho de ser mujer, con el agravante de que las víctimas son nuestras propias autoridades, configura una forma de feminicidio político, que busca eliminar a determinadas mujeres del escenario público, debe estar tipificada como lo que realmente es: un acto criminal que debería ser investigado y castigado con efectividad. En tal sentido, el feminicidio no sólo es la muerte física de la mujer, por su condición de género; también lo es el asesinato de su imagen a través de otras armas no menos letales, que atentan contra su integridad moral, sus derechos y libertades fundamentales.

El tema no es de menor importancia. La histórica ausencia de la mujer (que representa la mitad de la humanidad) en el manejo de los asuntos de interés público ha sido el principal caldo de cultivo del autoritarismo, la violencia y la corrupción. Por el contrario, la historia reciente está demostrando que cuando una sociedad logra mayores niveles de igualdad entre hombres y mujeres, hay más desarrollo humano, más desarrollo cultural, la gente se siente más realizada y feliz debido a que hay menos pobreza, menos violencia, mejor convivencia social y, definitivamente muchos menos corrupción. Así mismo las mujeres que logran ocupar cargos de dirección gubernamental, muestran por lo general, mayor productividad, transparencia y compromiso con cambios reales que en el caso peruano se requiere en educación, salud, trabajo, vivienda, medio ambiente, justicia, etc.

La democracia necesita de las mujeres y el Perú merece contar con ellas en el ejercicio político en sus distintos niveles. Perseguirlas o pretender castigarlas por ejercer este derecho, es una práctica medieval que debe ser desterrada.

La autora de este artículo es Trabajadora Social y Consultora en Políticas Públicas 

Lima, abril del 2014